México.- El viernes 17 de mayo de 2013, Enrique Guerrero Aviña fue detenido arbitrariamente, torturado por más de 30 horas, inculpado injustamente por secuestro y encarcelado en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Hoy, está libre para seguir con la defensa de los derechos humanos.

Con el lema “La libertad se hace presente”, el también maestro de ajedrez, ofreció una conferencia de prensa para exigir al gobierno reparación integral del daño a todos los presos políticos, y sobre todo, medidas reales de no repetición, “que nunca más existan presos políticos en el país”, sentenció.

“Queremos una transformación radical del Poder Judicial porque de lo contrario jamás habrá justicia y pueblo demanda justicia”. Entre las demandas del colectivo Liquidámbar, del cual Enrique forma parte, también se encuentran la creación comisión única que investigue los casos de presos políticos y la construcción de mecanismos legales para las recomendaciones que emitan organismos internacionales.

Al evento también asistió el representante en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidades (ONU-DH), Jan Jarab, quien aseguró que la libertad de Enrique “es un ejemplo para la sociedad mexicana de cómo la creación y fortalecimiento de redes de apoyo solidarias son fundamentales para procesos de exigencia de justicia”.

Por su parte, Carolina Jiménez Sandoval, directora adjunta de Investigación para Las Américas Amnistía Internacional, refirió que “la libertad de Enrique es motivo de celebración ya que pocas veces la libertad se hace presente”.

Además, enumeró las particulares del caso que se ven repetidas y que demuestran las deficiencias de la justicia mexicana. “El sistema de justicia en México no reacciona de manera eficiente; evidencia que la figura de la prisión preventiva oficiosa es nociva porque un día que una personas inocente pase en la cárcel es una mancha oscura en el Estado de Derecho de cualquier país”.

En tanto, Javier Sam, coordinador general del colectivo Contra la Tortura y la Impunidad recordó que este caso demuestra que los poderes de Estado “reprimen a líderes sociales mediante la tortura, técnica que sigue utilizándose con demasiada frecuencia en el país”. Y Eloy López Hernández, de la Sección 22 de la CNTE, señaló que “hoy ganamos, pudimos liberar a Enrique y a otros 11 compañeros, pero exigimos justicia y que los 5 mil 700 presos injustamente tengan el mismo derecho”.

Los hechos

Ese 17 de mayo, Enrique conducía por las inmediaciones del Estadio Azteca cuando sujetos armados vestidos de civil le dispararon con armas largas y lo subieron a una camioneta sin presentar alguna orden de aprehensión.

Tras su detención, fue llevado a un almacén donde lo torturaron por más de 30 horas para que incriminara a miembros de movimientos sociales de todo el país. Luego fue trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada (Seido), donde fue amenazado para que confesara haber estado implicado en el secuestro tres meses antes de dos sobrinos, del entonces presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez, en Oaxaca.

Enrique se mantuvo fuerte ante todas estas amenazas pero el 28 de mayo se le dictó auto de formal prisión por delito de delincuencia organizada y por secuestro, y lo encarcelaron en Puente Grande. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, el caso no tuvo avances y fue hasta el pasado 28 de diciembre de 2018, que fue liberado.