Bruselas, 27 feb (EFE).- El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, descartó hoy la posibilidad de expulsar del euro al país que incumpla durante tres años los límites de deuda y déficit fijados por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC).

"Eso no va a ocurrir", señaló tajante Barroso en la Comisión Interparlamentaria del Parlamento Europeo que celebró hoy un debate sobre el Semestre Europeo y la salida de la crisis de la deuda soberana.

El líder del Ejecutivo comunitario se pronunció en estos términos en respuesta a una idea evocada por el presidente de la comisión económica del congreso de Finlandia, quien alertó de las consecuencias que tiene no cumplir el PEC, que establece un límite del 60 % del PIB para la deuda y del 3 % del PIB para el déficit.

"No está en el orden del día", reiteró Barroso y recordó que el pacto para reforzar la disciplina fiscal de la UE incluye normas claras para los 17 miembros de la eurozona y también para los demás socios europeos, a excepción de Reino Unido y República Checa, que decidieron sumarse a la iniciativa

"En los tratados actuales ya se deja claro que no es posible", insistió Barroso, y recalcó que "en la práctica eso no va a ocurrir" porque existe un tratado que fue imposible modificar -por eso la naturaleza del pacto fiscal es el de un tratado intergubernamental-.

La única opción que Barroso consideró que podría permitir algo así es que los Estados miembros decidan "crear un nuevo tratado y no revisar los actuales".

"Trabajemos con la legislación actual, saquémosle el mejor provecho y apliquémosla bien", animó Barroso.

Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE dieron luz verde al pacto fiscal el pasado 30 de enero con el respaldo político de 25 de los 27 países comunitarios, ya que el Reino Unido rechazó formar parte del mismo en la cumbre de diciembre y República Checa se quedó en el último momento también fuera del mismo alegando "razones parlamentarias".

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El acuerdo para reforzar la disciplina fiscal, que aún tiene que ser ratificado en los parlamentos nacionales antes de poder entrar en vigor, tiene como principal objetivo obligar a los países a incluir de manera vinculante y permanente en sus legislaciones o constituciones la llamada "regla de oro", destinada a limitar el déficit estructural anual al 0,5 % del PIB.

También permite solicitar sanciones financieras de hasta el 0,1 % del PIB directamente al Tribunal de Justicia de la UE para países que no trasladen este techo de gasto correctamente a su normativa.

El pacto vincula además a partir del 1 de marzo de 2013 la concesión de rescates a países a la ratificación del pacto fiscal.