Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, pidió a funcionarios públicos no promover la revocación de mandato próxima a celebrarse del 10 de abril.

Durante su participación en la firma del Acuerdo por la Integridad del Proceso Electoral 2021-2022, Lorenzo Córdova hizo un llamado a:

  • Actores políticos
  • Funcionarios públicos

A quien el consejero presidente del INE solicitó respetar las leyes y se abstengan de promover, en cualquier sentido la revocación de mandato.

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“Respeten las reglas del juego democrático”, enfatizó Lorenzo Córdova en el evento que busca promover la organización, integridad y desarrollo de la jornada electoral del próximo 5 de junio.

De igual forma, Lorenzo Córdova invitó a todos los presentes en la firma del Acuerdo por la Integridad del Proceso Electoral 2021-2022 a analizar la decisión que podrán tomar el próximo así como evaluar los pros y contras de la consulta.

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(Michael Balam / Michael Balam)

Revocación de mandato podría ser anulada por el TEPJF, por violaciones a la ley, advierte INE

El mensaje de Lorenzo Córdova se da luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que los funcionarios públicos no pueden intervenir ni promover la consulta para en la revocación de mandato.

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Así mismo la solicitud del consejero del presidente del INE se da tras la advertencia del órgano electoral en la que se manifiesta que la revocación de mandato podría ser anulada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Lo anterior, explicó Lorenzo Córdova porque durante el desarrollo de la consulta de revocación de mandato se presentaron 172 quejas, número que supera a las pasadas elecciones federales en 2021.

Cabe destacar que a lo largo de las elecciones federales en 2021 se presentaron en promedio 29 quejas mensuales a comparación de la revocación de mandato en la cual se reciben alrededor de 34 denuncias al mes.

Por ello, Lorenzo Córdova dijo que el INE tiene la obligación de informar al TEPJF el diagnóstico en torno a la consulta, siendo los magistrados quienes tendrán la última palabra en las medidas que decidan implementar.