Este 31 de agosto de 2026, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que establece nuevas reglas para el uso del acero nacional en obras públicas.
Por primera vez en la historia de México, los materiales de acero orientados a la construcción serán contabilizados para cumplir con los porcentajes de integración local en los proyectos de infraestructura gubernamental.
Hasta ahora, la determinación del contenido nacional en obras públicas consideraba materiales distintos a los utilizados directamente en la construcción.
Esta medida representa un paso estratégico en la consolidación del Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana, firmado el pasado 29 de abril por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Mismo que tiene como prioridad:
- Impulsar la industrialización
- Sustituir importaciones clave y
- Promover la generación de empleo formal en el sector metalúrgico.

Claves del Acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana:
- Inclusión histórica del acero nacional: El cálculo de contenido nacional solo contemplaba maquinaria, equipos de instalación permanente y materiales indirectos.
- Flexibilidad y viabilidad: El porcentaje requerido de acero nacional se fijará de manera individual para cada proyecto técnico. La asignación tomará en cuenta la disponibilidad real de producción en México, los estándares de calidad exigidos, los tiempos de entrega y el tipo de obra.
- Mecanismo de acreditación y verificación: Dependencias y entidades federativas contarán con criterios estandarizados para certificar de forma transparente la integración de acero producido en el país en proyectos de infraestructura. De esta forma se asegura el cumplimiento de los porcentajes requeridos en las licitaciones públicas.
- Fomento a la producción e industria local: Se busca incentivar a las empresas constructoras y contratistas a priorizar el suministro de insumos producidos por la industria siderúrgica establecida en México.

A través de esta normativa, el gobierno busca que grandes inversiones en infraestructura social y de transporte generen un impacto directo y positivo en el empleo y el crecimiento de la industria siderúrgica mexicana.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reitera su compromiso de “continuar impulsando compras públicas que generen mayor valor para el país, bajo reglas claras, verificables y orientadas a obtener las mejores condiciones para el Estado”.
