Brenda Quevedo dio a conocer que, tras casi dos décadas de incertidumbre jurídica, buscará cerrar de manera definitiva el caso Wallace.
En conferencia de prensa, Brenda Quevedo informó que pedirá formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) desistirse de la acción penal para poner fin a un proceso que ha marcado su vida desde el año 2006.
Brenda Quevedo solicitará a la FGR desistirse de la acción penal por el caso Wallace
Durante una comparecencia ante medios de comunicación, Brenda Quevedo instó directamente a la titular de la FGR, Ernestina Godoy, a evaluar su situación jurídica bajo una estricta mirada de derechos humanos y perspectiva de género.
Esta solicitud tiene lugar después de que un juez federal determinara el fin de su arresto domiciliario por el caso Wallace, permitiéndole dejar el uso del brazalete electrónico que portaba tras cumplir previamente 15 años en prisión preventiva.
La defensa de Brenda Quevedo logró este avance tras presentar más de 40 datos de prueba, resaltando su comportamiento respetuoso ante las medidas cautelares y su estado de salud actual.
Quevedo indicó que esperar una sentencia definitiva ya no es un camino viable, pues el proceso judicial podría extenderse por otros 10 años debido a los múltiples recursos legales interpuestos por la parte acusadora.
Manifestó que su prolongada reclusión sin condena resultó en una experiencia traumática similar a una “cacería de brujas”, donde el sistema judicial mexicano evidenció fallas profundas.
Brenda Quevedo señala que acusaciones en su contra por el caso Wallace son insostenibles
Bajo este panorama, su equipo legal apuesta por el sobreseimiento del caso Wallace, fundamentando que la acusación es jurídicamente insostenible.
Según indicó la defensa de Quevedo, dicha postura ha sido respaldada por criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Uno de los puntos más críticos expuestos por Brenda fue la doble estigmatización y la hipersexualización que enfrentó por ser mujer durante los casi 20 años del proceso judicial.
A pesar de haber recuperado la libertad, aún debe cumplir con obligaciones procesales, como firmar cada cuatro meses y solicitar autorización para salir del país.