México.- Más de 150 organizaciones civiles presentaron una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) y en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tamaulipas para exigir la identificación de los restos y una investigación efectiva sobre la localización de 19 personas calcinadas en el municipio de Camargo, que serían migrantes de Guatemala.

A través de un pronunciamiento, las organizaciones, casas de migrantes y comités de familiares de migrantes desaparecidos de Centroamérica condenaron la masacre y pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador tomar las medidas necesarias para evitar la repetición de crímenes contra migrantes que pasan por México.

“Los hechos implican violaciones graves a derechos humanos, en principio por la falta de prevención al no sancionar las masacre de personas migrantes ocurridas previamente en la misma zona fronteriza [...] evidencia la falta de política de prevención de la violencia que garanticen el derecho a una migración segura”

Pronunciamiento

También solicitaron medidas cautelares para las familias de las víctimas por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda de México para que puedan acceder a las investigaciones y recibir la información sobre la identificación de restos, y garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación de daño.

Quinta masacre de migrantes en 10 años

De confirmarse que el total de las víctimas son migrantes de origen guatemalteco, las organizaciones aseguraron que se trataría de la quinta masacre ocurrida en territorio mexicano en los últimos 10 años; hasta ahora, se sabe que las personas serían de la comunidad indígena de Comitancillo, San Marcos, Guatemala.

“Estos hechos lastiman profundamente a la sociedad y contribuye al deterioro del tejido social de la región. La tolerancia de estos crímenes muestra la nula protección a la población migrante que se encuentra frente a la crisis de violencia con desaparición y ejecuciones en estados donde hay rutas de tráfico de personas”.

Pronunciamiento

  • Refirieron que la masacre ocurrida en Camargo, Tamaulipas es producto de la impunidad, indolencia y falta de respuesta de México en casos como el asesinato de 72 migrantes en 2010 en San Fernando, la masacre de Cadereyta en 2012 y en Güemez en 2014.

Pidieron al gobierno reconocer los riendo y los delitos que enfrentan los migrantes para que se adopten las medidas y prevenir estos ataques, así como cambiar el rumbo de la política migratoria actual que se basa en militarizar las fronteras.

¿Qué pasó en Camargo?

El pasado 23 de enero, elementos federales localizaron 19 cuerpos calcinados entre los límites de Nuevo León y Tamaulipas en tres camionetas en el ejido Santa Anita, del municipio de Camargo y que 13 fueron identificados como migrantes originarios de Guatemala por el diputado Mario Ernesto Gálvez Muñoz del distrito San Marcos.

A través de un comunicado, el Gobierno de Guatemala informó que da seguimiento al asesinato de los 13 migrantes mediante la Embajada de Guatemala en México; mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación tras conocer el hallazgo y luego de que las víctimas hubieras sido secuestradas de una presunta ‘casa de seguridad’.

Hasta el momento, las primeras indagatorias han establecido que la muerte de los 13 migrantes guatemaltecos habría ocurrido por armas de fuego a cuyos cadáveres se les prendió fuego, tras ser secuestrados de un inmueble por integrantes de un grupo del crimen organizado.

ONU compara lo ocurrido en Camargo con San Fernando

Sobre el tema, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) comparó el hallazgo de 19 cuerpos calcinados con la trágica masacre de San Fernando del 2010, en la que asesinaron a 72 migrantes.

Y condenaron la falta de alternativas para una migración segura, ordenada y regular que orilla a los migrantes a recurrir a traficantes de personas o a rutas peligrosas. Pidieron a las autoridades garantizar la plena identificación de los restos encontrados y llevar a cabo una restitución digna a sus familias.

Como respuesta, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que lo ocurrido “no es un San Fernando y no habrá impunidad” pues aseguró que el gabinete de seguridad sigue de cerca los avances que se tienen.