México.- Luego de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) asegurara que no existe denuncia por una supuesta agresión sexual a una alumna de Prepa 3, especialistas condenaron y señalaron las declaraciones, asegurando que se busca criminalizar a la estudiante menor de edad en aras de proteger su imagen institucional.
A través de un comunicado, la UNAM dijo que en ninguno de los testimonio de trabajadores, alumnos y académicos recabados - supuestos testigos de la presentación de la alumna a servicios médicos de la escuela-, “se desprende información por la que se pueda presumir algún tipo de ataque físico”.
Sin embargo, defensores de derechos humanos y activistas refirieron que la postura de la universidad va en contra de la menor de edad, pues se vulneran cuatro de sus derechos:
- Interés superior de la niñez
- Una vida libre de violencia
- No ser discriminada por su edad
- Ser libre de estar en contacto con drogas o sustancias ilícitas.
La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la CDMX informó que el pasado 8 de agosto, la menor de edad ingirió una bebida “que parecía jugo” ofrecida por un hombre en los jardines del plantel, y a los 10 minutos se “sintió mareada, vio nublado y perdió el conocimiento”.
La adolescente de 15 años de edad dijo recordar solamente haber despertado en su casa, por lo que presentó una denuncia y se inició una carpeta de investigación por los delitos de corrupción de menores y discriminación; ésta última porque cuando fueron atendidas por el secretario de Apoyo a la Comunidad, “las trató de forma prepotente e irónica”.
UNAM no protege a la estudiante
De acuerdo con Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), la actuación de la UNAM es preocupante porque no está ponderando el interés superior de la niñez, y tampoco está protegiendo a la estudiante en cuanto al proceso de denuncia penal.
“Es preocupante que la universidad establezca como prioridad su interés institucional sobre el interés superior de la niñez. También es preocupante que se le reste valor a la voz de una víctima y que no haya garantías de respaldo institucional, sobre todo cuando se trata de este tipo de violencia como los delitos sexuales”.
Juan Martín Pérez García
Por su parte Víctor Caballero, integrante del Colectivo Aequus. Promoción y Defensa de Derechos Humanos, refirió que los comunicados recientes de la UNAM buscan desviar la atención respecto a las denuncias de corrupción y discriminación que interpuso la víctima.
“Se evidencia una complicidad entre el Estado y la escuela para desviar el caso a lo que pudiera ser menos grave mediáticamente”.
Víctor Caballero
Juan Martín Pérez y Víctor Caballero coincidieron en la falta de perspectiva de género y edad toda vez que existen protocolos tanto en la PGJ como en la UNAM que establecen protocolos de actuación cuando se trata de delitos cometidos en agravio de mujeres menores de 18 años.
“Lo que les sucede a los adolescentes es responsabilidad de la institución, la escuela no puede hacerse a un lado porque ocurrió en sus instalaciones, la víctima es menor de edad, hay un adulto y funcionarios vinculados, por lo que está obligada a cumplir con la ley”.
Juan Martín Pérez García
UNAM repite técnica de criminalizar a la estudiante
El activista Caballero aseguró que desde la familia se acercó a la escuela a denunciar la agresión, la adolescente “fue criminalizada” pues el funcionario de la UNAM dijo expresiones violenta que cuestionaron la denuncia.
“Replica lo que ha hecho en otro casos, responsabiliza a la víctima de la agresión para deslindar su responsabilidad y no dañar la imagen que tiene. Además dice que atiende la problemática y no es cierto ay no lo hace. Creo que la expresión ‘a ver dile a tu mama lo que andabas haciendo’, refleja la actitud de las autoridades universitarias para con sus estudiantes”.
Víctor Caballero
Tanto Pérez García como Caballero explicaron que el posicionamiento de la institución educativa genera que la sociedad “justifique la agresión” y negar su obligación de atender, proteger y respaldar a la joven estudiante.
“Hay un manejo político del tema lamentable y que repite el esquema de criminalizar a la víctima. Las declaraciones responsabilizan a la joven por su conducta y es la misma se utilizó en el caso de Lesvy, donde su conducta fue argumento para justificar el feminicidio. La forma de responder a este caso (Prepa 3) es muy mal mensaje de la universidad”.
Juan Martín Pérez García
¿Cómo se debe proceder?
Según la REDIM, uno de los puntos más importantes es que la víctima tenga acompañamiento de organizaciones expertas pues hay asimetría en caso ya que “estamos hablando de una mamá con su hija frente al poder institucional que se niega a reconocer los hechos”.
Entre otras cosas, la Red y el Colectivo Aequus hicieron un llamado a que se realicen las investigaciones con prioridad y de manera eficaz, y con protección de los derechos de la víctima de 14 años.
“La UNAM debe dar un paso atrás, reconsiderar su posición y colocar como prioridad el interés superior de la niñez con enfoque de género, así como facilitar las investigaciones. Este es un caso paradigmático que muestra la desconfianza de las víctimas instituciones, no solo por lo tardío de la Procuraduría, sino también por la actitud de la escuela”.
Juan Martín Pérez García
Finalmente, el abogado Caballero insistió en que se deben aplicar los protocolos correspondientes para garantizar los derechos primordiales a la víctima; también necesita atención médica y psicológica; así como reparación del daño.