El Gobierno de Estados Unidos sancionó al activista Jesús Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos en Nuevo Laredo, tras acusarlo de colaborar con el Cártel del Noreste, aunque no presentó pruebas públicas.
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ordenó congelar sus bienes y prohibió transacciones financieras.
Organizaciones cuestionaron la falta de transparencia en las imputaciones, mientras el caso revive tensiones entre seguridad nacional y defensa de derechos humanos.
Ramos también fue víctima de espionaje con Pegasus, situación confirmada por filtraciones y aún sin responsables sancionados.
Ordenan congelar bienes de Jesús Raymundo Ramos
El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, ordenó congelar bienes y prohibió transacciones con Jesús Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos.
Jesús Raymundo Ramos fue señalado de liderar campañas de desinformación contra autoridades mexicanas, aunque no existen acusaciones formales ante tribunales ni documentos oficiales que respalden las imputaciones difundidas recientemente.
La medida incluyó el bloqueo de activos en Estados Unidos y restricciones financieras, mientras organizaciones cuestionaron la falta de transparencia en las acusaciones contra Jesús Raymundo Ramos.
El Tesoro afirmó que Ramos actuaba en beneficio del Cártel del Noreste, grupo considerado organización terrorista, aunque no detalló evidencias específicas que sustenten dicha relación.
En Nuevo Laredo, donde opera el CDN, se registran entre 2 mil 300 y 2 mil 700 desapariciones acumuladas desde 2010, según cifras oficiales.
Diversos analistas advierten que el caso refleja tensiones entre seguridad nacional y defensa de derechos humanos en una región marcada por violencia y presencia del crimen organizado.
Caso Pegasus: espionaje militar contra Jesús Raymundo Ramos sigue sin resolverse
Entre 2020 y 2021, el teléfono de Jesús Raymundo Ramos fue intervenido con Pegasus mientras investigaba abusos militares, situación confirmada posteriormente por organizaciones especializadas en ciberseguridad y derechos digitales.
Filtraciones conocidas como “Guacamaya” revelaron que era objetivo de interés para el Ejército, reforzando denuncias de vigilancia directa durante investigaciones sensibles relacionadas con fuerzas armadas.
Hasta 2026, el caso permanece abierto sin responsables sancionados, consolidándose como un referente sobre espionaje a activistas en México y la falta de resoluciones judiciales claras.