Miguel Ángel Flores Serna, secretario General de Gobierno de Nuevo León, condenó enérgicamente las irregularidades en torno al contrato por siete mil millones de pesos firmado en 2020 entre el municipio de Monterrey y la empresa Next Energy.
El funcionario calificó el acto como “cinismo en su máxima expresión” debido a los presuntos conflictos de interés y antecedentes de fraude. Asimismo, reprobó los intentos por desviar la responsabilidad hacia administraciones posteriores, asegurando que los responsables de la firma están plenamente identificados.
Mike Flores señala a Adrián de la Garza por firmar contrato fraudulento en 2020
Mike Flores señaló que la actual Contralora de Monterrey figura como socia de la empresa que celebró el contrato para un parque eólico que nunca registró avances.
Hay detectados dos socios en esta empresa que no ha construido nada; uno está en la cárcel y la segunda es la actual Contralora de Monterrey. El chiste se cuenta solo; me duele lo que vive Monterrey, es inaceptable.
Miguel Flores Serna, Secretario General de Gobierno de Nuevo León
El Secretario recordó que el acuerdo se pactó durante la gestión del entonces alcalde Adrián de la Garza. Detalló que, aunque Luis Donaldo Colosio intentó cancelar el contrato al asumir la alcaldía, el documento estaba blindado con “candados jurídicos” que impidieron su baja definitiva, logrando solo reducirlo de 30 a 10 años.
Nexos con fraudes y “candados” jurídicos: El caso Next Energy
El funcionario estatal señaló que el propietario de la empresa, Eugenio Javier Maiz Domene, se encuentra actualmente preso en Aguascalientes acusado de un fraude similar. Por ello, consideró inadmisible que se intente repartir culpas cuando existen antecedentes documentados.
En ese sentido, Mike Flores tachó de “ridículo” que no se señale directamente la responsabilidad del fraude por siete mil millones de pesos, resaltando que la propia Contralora de Monterrey es socia de la empresa y actúa como juez y parte.
Finalmente, Flores Serna reiteró que el Gobierno del Estado mantendrá la exigencia de transparencia total para que no se distorsionen los hechos ni se oculte a los verdaderos responsables de este desorden administrativo.