Mariana Rodríguez y Samuel García podrían ser investigados por el delito de trata de personas con fines de explotación comercial, luego de que “adoptaron” a un menor de edad por un fin de semana en Nuevo León.

De acuerdo con Juan Martín Pérez García, coordinador de la Iniciativa Tejiendo Redes Infancia, Mariana Rodríguez y Samuel García podrían ser investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de trata, que se persigue de oficio.

En entrevista con SDPnoticias, Pérez García explicó que exhibir al bebé de 5 meses en redes sociales para monetizar ese contenido podría configurarse en este delito del fuero federal.

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“Tomar fotografías y generar dinero con esto, la trata también es con fines de explotación comercial. Entonces este niño, puede que desde hace tiempo o podría convertirse, si no se detiene esto, en una víctima de trata con fines de explotación comercial bajo el amparo de instituciones públicas”.

Juan Martín Pérez García, coordinador de la Iniciativa Tejiendo Redes Infancia

Mariana Rodríguez y Samuel García: “un patrón de conducta política redituable”

El coordinador de la Iniciativa Tejiendo Redes Infancia resaltó que la acción de exhibir en redes sociales a menores de edad es “un patrón de conducta política redituable” realizado por Mariana Rodríguez y Samuel García.

Al destacar que esto no sólo es responsabilidad de la titular de la oficina Amar, sino también del gobernador de Nuevo León, Juan Martín Pérez García dijo que el principal objetivo es la monetización.

“No sólo Mariana, también el gobernador de Nuevo León representan un patrón de conducta política redituable que se traduce en la monetización de redes sociales con interacciones positivas y negativas para generar dinero”.

Juan Martín Pérez García, coordinador de la Iniciativa Tejiendo Redes Infancia

Lo anterior, más la fragilidad del Sistema DIF, fueron las bases para que ambos funcionarios públicos hicieran “una cosa ilegal en todos los sentidos” y por lo que se les pueden procesar responsabilidades administrativas y penales.

Según el experto, el bebé de 5 meses es víctima, como todos los menores de DIF Capullos, por lo que su identidad no puede ser exhibida de acuerdo con la Ley General de de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Y en consecuencia, lo que han hecho Mariana Rodríguez y Samuel García los últimos meses es ilegal, “una estrategia de posicionamiento público y monetización”.

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¿Qué derechos vulneraron Mariana Rodríguez y Samuel García?

Juan Martín Pérez García explicó que Mariana Rodríguez y Samuel García, como funcionarios públicos, vulneraron los derechos del niño que “adoptaron” por un fin de semana, entre ellos:

  • El derecho a su integridad
  • El derecho a su privacidad
  • El derecho a su identidad
  • El derecho a vivir en familia

“Lo que hicieron es violencia emocional, es un niño que tiene emociones y que por dos días, para divertimento personal y generación de dinero, lo vistieron y durmieron con él para que regresara al albergue, la vivencia emocional que pasó es brutal”.

Juan Martín Pérez García, coordinador de la Iniciativa Tejiendo Redes Infancia

Además de que se les puede investigar por el delitos de trata con fines de explotación comercial, la titular de Amar y el gobernador de Nuevo León pueden enfrentar procesos por:

  • Haber sustraído al niño de una instalación pública sin tener las facultades para ello
  • La exhibición mediática
  • Por discriminación al exhibir la posible discapacidad del niño
  • Y por generar incertidumbre jurídica del menor

Además, la Comisión Estatal de Derechos Humanos debe iniciar una investigación de oficio para emitir las recomendaciones necesarias y el DIF Nacional revisar los procedimientos para que los lugares como el DIF Capullos, no sean utilizados para otros fines.

Mariana Rodríguez y Samuel García deben respetar la ley

Desde la sociedad civil, lo primero que Mariana Rodríguez y Samuel García deben hacer es respetar la ley porque el desconocimiento “no los exime de cometer delitos”.

Para Juan Martín Pérez García, los funcionarios también deben formarse en enfoque de derechos de infancia.

Y si el objetivo es avanzar en el tema, convocar al Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) de Nuevo León para implementar una estrategia integral para toda esta población de la entidad.

“Lo que sucedió es responsabilidad legal de los dos funcionarios públicos que usan a las instituciones públicas y a niños víctimas para sus intereses personales y comerciales”, concluyó el coordinador.