El gobierno de Hidalgo fijó su postura respecto a las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2024, al precisar que los señalamientos corresponden exclusivamente a observaciones administrativas y soluciones de aclaración, sin que exista daño patrimonial determinado ni procesos judiciales en curso.
La administración estatal subrayó que, como parte del procedimiento ordinario de fiscalización, la ASF concede un plazo de 90 días para que las entidades aclaren observaciones mediante información adicional y documentación técnica.
Gobierno de Hidalgo descarta daño patrimonial
Sobre la contratación de obra pública relacionada con una empresa cuyos socios tendrían parentesco con un legislador, el Ejecutivo estatal explicó que la observación se limita a ampliar información sobre el proceso de adjudicación. La posible relación familiar no constituye un conflicto de interés en términos legales. No obstante, la Contraloría estatal revisará y documentará el procedimiento para garantizar transparencia.
Por otra parte, en el caso de los seguros catastróficos para el campo y el ganado, el gobierno aseguró contar con la documentación que respalda la contratación y los mecanismos de cobertura para productores afectados, misma que será presentada ante la autoridad fiscalizadora.
Respecto al esquema de nómina observado, se explicó que se trata de un mecanismo de estímulo fiscal en materia de ISR aplicable al sector público, instrumentado conforme a la normatividad vigente.
Mientras que en cuanto a los pagos por alrededor de tres millones de pesos en el ámbito universitario, corresponden a indemnizaciones y prestaciones derivadas de procesos de jubilación y terminación laboral.
Finalmente, sobre el municipio de Lolotla, la observación deriva de la revisión de recursos del FAISMUN, por lo que se dará seguimiento conforme a las atribuciones legales.
El Gobierno de Hidalgo reiteró su compromiso con la transparencia, rendición de cuentas y colaboración institucional, al enfatizar que no hay daño patrimonial determinado, si no que son aclaraciones administrativas y que la fiscalización funciona cuando se revisa y se aclara.