La Fiscalía General de la República (FGR) investiga un presunto juicio laboral fraudulento iniciado en 2007 contra Grupo Herdez, en el que habrían sido utilizados documentos apócrifos para intentar acreditar una relación laboral inexistente y generar una afectación al patrimonio de la empresa.
De acuerdo con la investigación ministerial, el procedimiento habría sido planeado desde un despacho particular y contemplaba el uso de hechos inexistentes, así como la alteración de perfiles profesionales, con el propósito de elevar artificialmente las condiciones y montos del reclamo para presionar a la compañía a alcanzar un acuerdo económico.
FGR investiga presunto fraude laboral contra Grupo Herdez
La carpeta de investigación, iniciada originalmente por la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y posteriormente atraída por la FGR, documenta las actuaciones relacionadas con el litigio y los mecanismos de presión legal y mediática que presuntamente enfrentó Grupo Herdez.
En una entrevista ministerial, Irene León Escamilla habría señalado que el juicio fue diseñado deliberadamente como una acción contra el patrimonio de la empresa. Según su declaración, llegó a conocer que la persona señalada como trabajador, Alfredo Jorge Colín Huerta, no había laborado en ninguna de las empresas demandadas.
León Escamilla también habría manifestado ante la autoridad que continuó con las instrucciones recibidas por temor a perder su empleo, pese a que había advertido a su superior sobre el riesgo de que las irregularidades fueran descubiertas.
Investigación busca identificar a los responsables del juicio contra Herdez
Las constancias ministeriales señalan que, después de que no se cumplieran las exigencias planteadas, se habrían girado instrucciones para gestionar el embargo de cuentas de empresas pertenecientes al grupo.
La indagatoria de la FGR busca esclarecer cómo se diseñó y ejecutó la estrategia, determinar el alcance de las posibles afectaciones contra Grupo Herdez y establecer si existen más personas involucradas en el presunto esquema.
El caso permanece bajo investigación ministerial, por lo que corresponde a las autoridades determinar las responsabilidades que, en su caso, procedan.
