Durante la Conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, presentó la actualización de la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.
El funcionario subrayó que este tema es una prioridad absoluta para la administración actual, involucrando una coordinación estrecha entre fiscalías, gobernadores y los poderes de la Unión.
Medina calificó la desaparición de personas como una herida que requiere atención inmediata, destacando que el Estado mexicano hoy utiliza metodologías científicas y análisis de datos para garantizar el acceso a la verdad y el apoyo directo a las familias.
Los dos momentos históricos de la desaparición en México: Arturo Medina
El informe identifica dos etapas críticas en la historia del país. La primera se ubica entre las décadas de los 50 y los 90, periodo de la Guerra Sucia, donde el Estado ejerció la desaparición forzada como herramienta de represión política contra disidentes y movimientos sociales. Para atender este legado de impunidad, se mantienen activos los trabajos de la Comisión de la Verdad y fiscalías especializadas.
La segunda etapa comenzó en diciembre de 2006, vinculada a la estrategia de seguridad contra el crimen organizado. En este contexto, el subsecretario hizo mención especial al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, asegurando que se dedicarán espacios específicos para informar sobre los avances en su búsqueda e investigación.
La actual administración ha reafirmado su compromiso de no utilizar jamás la fuerza pública para reprimir al pueblo. En materia de desaparecidos, el enfoque actual busca subsanar las deficiencias del pasado, especialmente las del registro creado tras la ley de 2017, el cual carecía de metodologías claras y rigor en la calidad de la información.
Compromiso de Claudia Sheinbaum con la justicia y la verdad
Bajo la gestión de la presidenta Sheinbaum, se ha iniciado una fase de revisión integral que prioriza la cercanía con los colectivos de búsqueda. Esta nueva etapa garantiza que la investigación no se detenga hasta localizar a las personas y asegurar que los responsables enfrenten la justicia, fortaleciendo la coordinación con la Fiscalía General de la República.
A raíz de los hallazgos en el Rancho Izaguirre en 2025, el Gobierno de México impulsó reformas estructurales a las leyes de desaparecidos y de población. Estos cambios, publicados en julio de ese mismo año, establecen la Alerta Nacional de Búsqueda y la obligación de las fiscalías de iniciar carpetas de investigación de manera inmediata ante cualquier reporte de ausencia.
La estrategia contempla además la creación de la Plataforma Única de Identidad y la Base Nacional de Carpetas de Investigación. Con la contratación de especialistas y la adquisición de equipo forense de alta tecnología, la Comisión Nacional de Búsqueda busca consolidar registros oficiales con datos mínimos de identificación, garantizando que el sistema nacional de búsqueda opere con eficiencia y transparencia.