La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó iniciar la discusión sobre el proyecto de sentencia de los desalojos en la Ciudad de México (CDMX) y las discrepancias de criterios.
Lo anterior debido a las protestas que colectivos realizaron a las afueras de la sede de la SCJN para acusar que el proyecto busca validar los “desalojos forzados” en la CDMX.
Protestan en SCJN por proyecto de sentencia de desalojos en la CDMX; resolución fue aplazada
Ante las manifestaciones que se llevaron a cabo el 19 de enero para reclamar posibles afectaciones al derecho a la vivienda en la CDMX, la SCJN aplazó su proyecto de sentencia relacionado con los desalojos.
En medio de las protestas durante las cuales cuales los inconformes bloquearon los accesos de la sede de la SCJN, el pleno retiró dos asuntos sobre el tema que había programado resolver:
- Acción de inconstitucionalidad 73/2019 sobre la validez de desalojos en la CDMX
- Contradicción de criterios 127/2025 sobre asegurar bienes sin una orden judicial
Fue el secretario general de acuerdos de la Corte, Daniel Álvarez Toledo, quien dio a conocer que los asuntos relacionados con el proyecto de sentencia de la ministra María Estela Ríos González, fueron retirados de la orden del día.
En torno a lo anterior, trascendió que se procedió al aplazamiento debido a que los asuntos vinculados con los desalojos en la CDMX serán revisados con mayor profundidad para su posterior resolución.
Acusan que proyecto de sentencia sobre desalojos en la CDMX vulnera el derecho a la vivienda
En la protesta que se prolongó por cerca de 2 horas, los colectivos Frente Anti-gentrificación CDMX y Congreso Popular denunciaron que el proyecto de sentencia que se discutiría en la SCJN vulneraría el derecho a la vivienda.
Sobre ello, los inconformes acusaron que en su propuesta de resolución, la ministra María Estela Ríos González planteó validar la eliminación del Artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías.
La acción, señalaron, daría carta abierta a las autoridades capitalinas para que ejecuten desalojos sin que se les obligue a reubicar a las personas desalojadas en un radio máximo de 15 km de su vivienda.
