Baja California se ha colocado entre una de las entidades más avanzadas del país en materia de bienestar animal, luego de una serie de reformas legales, acciones institucionales y nuevos programas impulsados durante la administración de Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Con estas acciones, el Estado ha desarrollado una estrategia enfocada en combatir el maltrato animal, fortalecer la atención veterinaria y reconocer jurídicamente a los animales dentro de su marco normativo.
Baja California endurece sanciones por maltrato animal con nuevas leyes
Uno de los principales pasos fue la creación de la Dirección de Derecho y Bienestar Animal, área encargada de coordinar políticas públicas con municipios y atender casos prioritarios relacionados con denuncias o rescates.



Asimismo, se han reforzado las capacidades de la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Animales y el Medio Ambiente, con el objetivo de mejorar investigaciones y sanciones por crueldad animal.

Entre los cambios más relevantes destaca la modificación constitucional que reconoce a los animales como sujetos de especial protección jurídica, una medida que eleva su estatus dentro de la legislación estatal.
A esto se le suma la actualización del Código Penal local y de la Ley de Protección a los Animales Domésticos, con nuevas sanciones para castigar conductas como abandono, desnutrición y agresiones físicas. Las penas ahora contemplan:
- De 1 a 5 años de prisión en diversos casos de maltrato
- De 3 a 8 años en conductas graves
- Investigación de oficio sin necesidad de denuncia formal
- Creación de un padrón estatal de agresores de animales
Santuario Mily y reformas colocan a Baja California a la vanguardia
Otro proyecto destacado es el Santuario Mily, espacio especializado para resguardar animales víctimas de violencia. El sitio cuenta con personal veterinario, quirófano, rayos X, ultrasonido y laboratorio clínico.

También se concretó en Ensenada la sustitución de calandrias tiradas por caballos por unidades eléctricas, una medida enfocada en eliminar prácticas consideradas de explotación animal.
Con estas acciones, Baja California fortalece su marco legal y avanza hacia una política pública centrada en el respeto, la protección y el bienestar animal.
