El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que si se elimina la prisión preventiva oficiosa, se pone en riesgo a las víctimas y se fomenta la impunidad.

Así lo dijo respecto al abordaje que tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la permanencia de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

Michoacán se opone tajantemente a la desaparición de la prisión preventiva oficiosa

Alfredo Ramírez Bedolla insistió que la postura del estado es que se oponen de manera tajante a la desaparición de la prisión preventiva oficiosa

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“Quiero establecer que, para el Gobierno de Michoacán, en el contexto actual del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, nos oponemos a la desaparición tajante de la prisión preventiva oficiosa, sin que se establezcan medidas suficientes para prevenir que su declaratoria de inconstitucionalidad afecte la seguridad pública y la impartición efectiva de la justicia”

Alfredo Ramírez Bedolla. Gobernador Michoacán

Cabe recordar que el próximo 5 de septiembre el pleno de la SCJN va a resolver un juicio de amparo en revisión y dos acciones inconstitucionalidad en contra de esa figura.

En Michoacán hasta junio de 2022 habían tres mil 872 personas en prisión preventiva oficiosa, por lo que a decir de Alfredo Ramírez Bedolla, los criterios de la SCJN considerarían que esas personas deberían estar en libertad.

Alfredo Ramírez Bedolla insistió que ello representaría declarar inconstitucional a la propia Constitución Mexicana.

En lo que corresponde a su trabajo, dijo que en su administración se realizan grandes esfuerzos para combatir la delincuencia.

Resaltó que hay un 12 por ciento de carpetas de investigación judicializadas, 65 por ciento de cumplimiento en mandatos judiciales y casi un 27 por ciento en el numero de sentencias condenatorias.

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Alfredo Ramírez Bedolla recordó que los delitos que estipula el Artículo 19 de la Constitución que amerita presión preventiva oficiosa son:

  • Violencia sexual contra menores
  • Feminicidio
  • Violación
  • Secuestro
  • Trata de personas
  • Homicidio doloso
  • Delincuencia organizada
  • Corrupción
  • Entre otros

“Quienes incurren en esos actos delictivos representan una amenaza para la paz social y el bienestar individual de las y los ciudadanos. Permitir que sigan en libertad su proceso dejaría a las víctimas, a los testigos, a los denunciantes, y a los propios jueces en una situación de riesgo que vulneraría también el Sistema de Justicia”, remató.