El Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí (IFSE) denunció que la Universidad Autónoma del estado se ha negado sistemáticamente a transparentar su presupuesto.

Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del IFSE, señaló que la UASLP es actualmente la única entidad pública de educación superior de todo el país que no permite a las autoridades una auditoría a nivel local.

La universidad entrega información a la Auditoría Superior de la Federación, explicó Lecourtois López, pero desde 2023 no colabora con el organismo que encabeza, en una actitud totalmente anómala y que debe llegar a su fin.

Es tanta la renuencia de la UASLP a transparentar su presupuesto que en este tiempo ha promovido diversos recursos legales que llegan hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Para  evitar las auditorías, los funcionarios universitarios presentaron alrededor de tres amparos, dos juicios de nulidad y una controversia constitucional; recursos jurídicos desechados todos por la autoridad competente, al considerarlos improcedentes por equivocaciones y deficiencias insalvables”

Rodrigo Joaquín Lecourtois López, titular del IFSE

UASLP debe regresar a la normalidad institucional y abrirse a auditorías: IFSE

Rodrigo Joaquín Lecourtois agregó que la situación en la UASLP podría deberse a que su equipo jurídico interpreta de manera errónea las leyes argumentando que una auditoría contraviene el principio de autonomía.

Sin embargo, indicó que ninguna entidad pública puede auto revisarse y con ello dar por concluida su obligación con la transparencia, y advirtió que el departamento jurídico de la UASLP puede poner en aprietos a los directivos de la institución con sus malos consejos.

También señaló que la actitud de la Universidad es hasta cierto punto incomprensible porque las auditorías previas al rompimiento institucional habían arrojado algunas observaciones, pero “nunca realmente cuantiosas y sí solventables”.

Finalmente, puntualizó que el IFSE esperará las últimas resoluciones judiciales hacia la Universidad y por tanto su apertura a las auditorías no ejecutadas, por lo que cumplirá la parte de trabajo que le corresponde en cuanto a las demandas de transparencia y rendición de cuentas propias de la ciudadanía.