México.- El 8 de septiembre de 2018, Margarito Díaz González, defensor del medio ambiente de la comunidad wixárika, fue asesinado cuando una persona desconocida le disparó en el rostro mientras se encontraba en su casa en la comunidad serrana de Aguamilpa, municipio de El Nayar, Nayarit.

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Al investigar su asesinato, la Fiscalía General de Nayarit fue omisa y hubo irregularidades en el proceso por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 32/2019 dirigida al gobernador del estado, Antonio Echavarría García, y al Fiscal General de la entidad, Petronilo Díaz Ponce Medrano.

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Hallazgos de la CNDH 

Luego de una investigación, la Comisión encontró evidencias que acreditaron violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia, a la verdad y a recibir atención especializada de los 8 integrantes de la familia de Margarito, entre ellas, dos menores de 18 años. 

Además dijo que el Ministerio Público encargado no ha realizado las medidas “indispensables” para esclarecer el asesinado, así como localizar y detener a los responsables. 

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Entre otros señalamiento, refirió que no se toman en cuenta características del activista, no se utilizan protocolos especiales que lo tomen como persona indígena y defensora de derechos humanos, ni se investigó el contexto sociocultural pues pertenecía a un grupo en situación de vulnerabilidad.

¿Qué deben hacer el gobernador y el fiscal? 

El gobernador Antonio Echavarría debe reparar el daño a la familia de Margarito, incluir indemnización, atención psicológica y tanatológica, e anexarlas al Registro Estatal de Víctimas. 

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El gobierno deberá capacitar al personal en materia de protección a personas promotoras y defensoras indígenas de derechos humanos con visión diferencial y multicultural, entre otras recomendaciones. 

Al fiscal Petronilo Díaz se le recomendó agilizar la debida integración y perfeccionamiento de la carpeta de Investigación del homicidio líder Wirikuta, colaborar con la Comisión en la queja contra la autoridad responsable por las irregularidades y omisiones en la investigación.