El reportero Alonso Urrutia, de La Jornada, publicó ayer lo siguiente: “En los próximos días, el Instituto Nacional Electoral (INE) formalizará la promoción de una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la determinación de la Cámara de Diputados de recortarle 4 mil 913 millones de pesos, recursos que estarían destinados a los eventuales ejercicios de revocación de mandato y consulta popular”.

Si el INE lleva a la SCJN tal controversia, el poder judicial estará ante una enorme oportunidad de cubrirse de gloria.

Una vez analizado el asunto, supongo que por el ministro presidente, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, este hombre deberá intentar convencer a sus colegas de resolver el problema con la siguiente lógica:

1.- En efecto, al INE no le alcanza con el dinero que tiene para realizar un ejercicio de revocación de mandato como lo exige la Constitución.

2.- No puede la SCJN exigir a la Cámara de Diputados que rehaga todo el presupuesto de egresos solo para que el INE, encabezado por Lorenzo Córdova, pueda organizar adecuadamente la consulta de revocación.

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3.- La SCJN sabe —todos lo sabemos— que el INE cuenta con otras partidas presupuestales que, tal como está establecida la ley en estos momentos, no pueden reorientarse para hacer posible la revocación.

4.- El INE tiene 6 mil millones de pesos que, dijo Lorenzo Córdova en reciente entrevista con Elisa Alanís, de Milenio, “no se pueden tocar, ya que es dinero destinado a los partidos políticos”.

5.- No deberá costar mucho trabajo a peritos contables contratados por la SCJN llegar a la conclusión de que, con la mitad de esos 6 mil millones de pesos,fácilmente puede el INE pagar el ejercicio de revocación.

6.- Como son 6 mil millones de pesos que, ahora mismo, “no se pueden tocar”, la SCJN deberá ordenar al congreso mexicano que cambie lo que tenga que cambiar, además a gran velocidad, para que el Instituto Nacional Electoral SÍ PUEDA TOCAR TALES RECURSOS para, de esa manera, contar con dinero suficiente para la consulta.

7.- Si no se juntaran las formas que se exigen para hacer posible la revocación, que la SCJN orden al congreso que ya no se usen, que se regresen a la tesorería del país.

8.- No incluirá jamás estas palabras el dictamen de la SCJN, pero debería incluirlas: “A la chingada con esos partidos antidemocráticos y caros”.

Integrada por ministros y ministras sin militancia partidista, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí puede exigir al poder legislativo que ya se haga realidad un enorme anhelo de la sociedad mexicana: reducir sustancialmente el monto de dinero público que reciben los partidos políticos, algo que jamás harán senadores y diputados porque casi todas estas personas viven —y hasta se enriquecen— del presupuesto de tales partidos.

¿Tiene facultades la SCJN para hacer algo así?

A los ministros y a las ministras les sobran facultades para esa hazaña y para otras mucho mayores, y por cierto, cuentan con algo todavía más importante: talento natural, preparación profesional y creatividad jurídica para ya, de una buena vez, llevar la austeridad republicana a los parasitarios partidos políticos nacionales.

Si el INE pone la pelota en la cancha del poder judicial, ojalá los ministros y las ministras tomen el balón, lo jueguen con sabiduría y le regalen a los mexicanos ya las mexicanas un sistema de partidos menos costoso.

Necesariamente tendrán la última palabra:

  • El ministro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
  • La ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
  • El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.
  • La ministra Yasmín Esquivel Mossa.
  • El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
  • La ministra Norma Lucía Piña Hernández.
  • El ministro Javier Laynez Potisek.
  • El ministro Luis María Aguilar Morales.
  • El ministro José Fernando Franco González Salas.
  • El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
  • El ministro Alberto Pérez Dayán.

Posdata

Enorme favor hará a México la SCJN si aprovecha la guerrita del INE contra AMLO por la revocación de mandato para, por elemental justicia social, quitar dinero a todos los partidos políticos cuyas dirigencias, normalmente, están integradas por gente que lucra con el dinero público.