Según organizaciones de derechos humanos, Venezuela ha excarcelado a un nuevo grupo de presos políticos. Ocurrió días después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se reuniera con Donald Trump en Nueva York. ¿Un gesto hacia Washington? Es posible. Pero sería prematuro presentar como un acuerdo lo que, por ahora, es una coincidencia de hechos.
Rodríguez también prometió ante la Asamblea General de la ONU, el 23 de septiembre, que Venezuela celebrará elecciones en condiciones de igualdad para todos. No dijo cuándo.
Hay una ironía en la situación actual del país. Maduro se ha ido, pero el Estado que lo sostuvo permanece. Las instituciones, los organismos de seguridad, el poder judicial, el sistema electoral y las redes políticas que sustentaron al chavismo durante años no desaparecieron cuando Estados Unidos capturó al presidente. Conservan, además, su capacidad de represión.
La misión internacional independiente de investigación de la ONU describió los cambios recientes como parciales y reversibles. Reconoció las excarcelaciones y una mayor posibilidad de organización para algunos sectores opositores, pero advirtió que el aparato represivo sigue en gran medida intacto.
Eso significa que el futuro de Venezuela no depende simplemente de sustituir a un presidente por otra. Depende de si el país puede transformar lo suficiente esa estructura de poder como para que unas elecciones signifiquen algo.
Los últimos acontecimientos indican una apertura política. Todavía no demuestran una transición democrática. La liberación de presos y la renovada exigencia opositora de elecciones son señales importantes; la prueba decisiva será si el gobierno de Rodríguez está dispuesto a arriesgarse a perder el poder en una competencia genuina.
Para empezar, quedan presos políticos por liberar. Foro Penal había contabilizado 344 a mediados de septiembre y verificó 24 nuevas excarcelaciones entre el 25 y el 27 de ese mes. Esas personas recuperaron la posibilidad de salir de prisión; cientos más seguían esperando.
También está María Corina Machado.
Su equipo informó de varios intentos fallidos de regresar a Venezuela. Sin embargo, no se ha establecido públicamente quién impidió cada intento. Incluso hay reportes de que funcionarios estadounidenses le pidieron que aplazara su regreso. Atribuir toda la responsabilidad al gobierno de Rodríguez sería afirmar más de lo que sabemos.
La incertidumbre, por sí sola, plantea una prueba de legitimidad. ¿Podrá regresar Machado con garantías de seguridad? ¿Podrán organizarse abiertamente los partidos de oposición? ¿Podrán ella u otro candidato opositor competir sin que el gobierno decida de antemano quién está autorizado a disputarle el poder?
Si la respuesta es sí y se libera a quienes permanecen encarcelados por razones políticas, la transición empezará a parecer creíble.
Si los dirigentes opositores siguen fuera del país o excluidos de la contienda, y el gobierno conserva el control de las reglas y de los árbitros, una elección podría convertirse en poco más que una puesta en escena.
Rodríguez dijo ante la ONU que habrá elecciones. La pregunta crucial es otra:
¿Qué clase de elecciones celebrará Venezuela?
Aquí el asunto adquiere una dimensión geopolítica. Estados Unidos demostró en enero hasta dónde está dispuesto a llegar para ejercer su poder sobre Venezuela. Tras la captura de Maduro, Washington comenzó a trabajar con el gobierno de Rodríguez y, al mismo tiempo, afirmó que el proceso debía culminar en elecciones libres y justas.
La administración de Trump enfrenta, por tanto, su propia prueba: ¿qué hará si la legitimidad democrática y sus intereses económicos dejan de avanzar en la misma dirección?
La pregunta importa porque la apertura económica ya está en marcha. El gobierno venezolano reformó las reglas del sector petrolero para atraer inversión privada y extranjera. Washington, por su parte, ha ampliado las autorizaciones para ciertas operaciones e inversiones relacionadas con Venezuela. El interés estadounidense en su petróleo es manifiesto.
Hay, entonces, una tensión posible entre la democratización y la geopolítica de los negocios. No demuestra que Trump vaya a sacrificar las elecciones por el crudo. Sí obliga a preguntar qué prioridad tendrá cada objetivo cuando llegue el momento de elegir.
Durante los próximos meses habrá que observar tres hechos concretos:
¿Serán liberados todos los presos políticos y cesarán las detenciones por motivos políticos?
¿Podrán Machado y los demás dirigentes excluidos regresar, organizarse y competir libremente?
¿Contará Venezuela con autoridades electorales y tribunales capaces de actuar con independencia del gobierno?
Si las respuestas llegan a ser afirmativas, el país podría avanzar hacia una transición política real. Hoy no hay motivos suficientes para dar ese resultado por hecho.
Si continúan las excarcelaciones, pero las reglas electorales permanecen bajo control del gobierno, estaremos ante una normalización administrada desde el poder, no ante una democratización.
Esa es la disputa que se desarrolla ahora en Venezuela. La cuestión ya no es solamente quién reemplazó a Maduro, sino quién definirá las condiciones de lo que viene después.
¿Rodríguez? ¿Trump? ¿Machado? ¿O podrán decidirlo finalmente los venezolanos?
La respuesta dependerá en parte de lo que Washington quiera realmente: una transición democrática, o un gobierno estable que coopere con Estados Unidos y le ofrezca acceso económico. Ambas cosas podrían coincidir. Pero, si una elección libre pusiera en riesgo la relación petrolera que hoy se está construyendo, ¿seguiría siendo la democracia la primera prioridad?
¿El petróleo por encima de la democracia?
Esa podría ser la verdadera prueba de la nueva relación entre Venezuela y Estados Unidos.