El concepto soberanía, específicamente en su significación interna, produce una simbiosis compleja en la interpretación del discurso proveniente -sobre todo- de la suprema autoridad de nuestro país, pues se habilita primero, como escudo para combatir afanes intervencionistas, pero, en un segundo plano, más extremo o radical, se convierte en el catálogo más socorrido para contravenir a la crítica.
Uno que podría ser un trabajo de tesis de posgrado, con atributos de frontera -que logre desafiar los paradigmas actualmente vigentes- sería aquel que arribase, mediante planteamientos descriptivos y prescriptivos, a comprobaciones científicas que puedan devolver el nivel profesional a la comunicación que proviene de los niveles más altos de la autoridad en nuestro país. Y que contribuyan, sobre todo, a erradicar esa nefasta práctica de la demagogia.
El trabajo aludido, habría de partir de una delimitación muy puntual y clara sobre novedosas acepciones que se han asignado al concepto soberanía: la soberanía interna y la soberanía externa.
Lo cual es absolutamente inexistente, falso; mal aplicado:
La soberanía es una categoría filosófica sustancial (de sustancia), según la categorización de diez diferentes formas de esta que hizo Aristóteles, que es consustancial al hombre, al ser humano, con respecto a las otras nueve categorías, consideradas accidentes o formalidades en que se puede presentar la sustancia (lo que existe por sí mismo), que son:
De relación; de lugar y de posición o situación; que ocupa el individuo, solo o asociado (como conglomerado) con respecto al poder.
Por lo que se deduce entonces que no hay más que un solo tipo de soberanía; el concepto es en un solo sentido: el que le es comúnmente asignado a la mal llamada soberanía interna, por lo que resulta ocioso leer o escuchar voces que, en un afán “crítico”, se desgarran las vestiduras invocando falsas violaciones a la soberanía alimentaria, cuando el gobierno propicia que se importe, por ejemplo, en mayores cantidades comparadas en el tiempo, de un producto como el maíz, de otras naciones productoras en el mundo, en lugar de consumir lo producido en el país por productores mexicanos.
O cuando supuestamente y también como ejemplo, se violenta la soberanía energética, porque los intereses nacionales en materia de producción de hidrocarburos, se ven subordinados a las reglas de los mercados globales o de los intereses trasnacionales y provocan, que -por citar solo una forma de violación “energética soberana”- se privilegien proyectos de inversión estatales solo en áreas energéticas renovables o limpias y no en las tradicionales con huella de carbono.
En este último caso hablamos de injerencias internacionales, pero no de algo alusivo a la soberanía.
No existe más soberanía, que la que se refiere a la soberanía (interna) visto como un concepto que resguarda la capacidad de los naturales de un país (en este caso de los mexicanos) por darse a ellos ordenamientos de carácter nacional, que estén vinculados directamente a sus intereses como moradores de un territorio expresa y legalmente definido.
Y es que el concepto por sí solo, es por demás eufónico. Ha sido el favorito de numerosos líderes de la historia occidental de los últimos seis siglos por lo menos. Especialmente por aquellos que han orientado sus hazañas a los fines de liberación de su pueblo.
Por eso la tentación de muchos políticos en la actualidad, como de muchos intelectuales y analistas, por seguir utilizándolo para darle una aparentemente mayor contundencia discursiva o literaria a sus mensajes dirigidos al público, han contribuido quizá en algo a esta especie de este extravío semántico colectivo, con respecto al concepto soberanía.
Soberanía es un concepto originalmente destinado (por su nivel categórico-filosófico, se insiste) a los fines legislativos: es decir, para la expedición y ordenamiento de la ley.
Ha tenido, por tanto, una notable evolución al paso del tiempo.
Al filósofo y humanista francés Jean Bodin, se le atribuye la paternidad del término o concepto.
Lo desarrolla en el siglo XVI, en medio de un mundo gobernado casi en su totalidad por regímenes monárquicos.
Y lo definió como un poder absoluto del gobernante, que no depende de ningún poder terrenal ni supraterrenal; ni de los nobles ni de la Iglesia; que no se podía dividir, ni compartir, ni extinguir. Como se observa, era un concepto básicamente orientado a definir el poder profano a partir de la República y solo como atributo de los gobernantes y sus gobiernos.
Después, Thomas Hobbes, un crítico de la corriente absolutista de Bodin, le da un matiz un tanto más democrático al concepto y establece que emana del pueblo y le es transferida al Estado mediante un intercambio de facultades y beneficios, es decir: a cambio de la protección a los ciudadanos, el Estado recibe del pueblo esa facultad para mandatar todo lo que es público. Es el llamado contrato social, que trató de armonizar la vida en sociedad, pues la teoría de Hobbes, el filósofo inglés del siglo XVII, se sustentaba en la definición amenazadora de sociedad, a la que se refería como una guerra de todos contra todos, que necesitaba leyes y orden para poder controlarla o armonizarla. Para eso requería los servicios de un Leviatán (monstruo bíblico con un poder descomunal) equivalente al Estado moderno.
Luego Jean -Jacques Rousseau, filósofo francés de la Revolución de su país en el siglo XVIII, quien ahondó más en el distanciamiento del significado de soberanía como un concepto nominativo del poder de los gobernantes y cada vez más alusivo al poder de los ciudadanos.
Rousseau, en su Teoría de la voluntad, introduce el atributo variante de la soberanía respecto de lo que dejó escrito Hobbes en su Contrato Social y dice que, el poder reside esencialmente en el pueblo en su conjunto y no en los monarcas ni autoridades; democracia representativa e incorporando al mundo el concepto de democracia directa (electiva por medio del sufragio).
Más tarde, ya en el siglo XIX, Alexis de Tocqueville, político e historiador francés, dio a la soberanía los atributos de ser una categoría equiparable a un “principio democrático”, propia del pueblo, estrictamente.
Y hasta trató de asignar una escala de valoración de cada parte que integra proporcional y fraccionadamente al poder de una nación o Estado, estableciendo que cada individuo (ciudadano) poseía una parte proporcional y equivalente de ese todo que significaba el poder de la autoridad legalmente constituida.
Y estudiando al fenómeno que ya era para el mundo el notorio avance democrático en los Estados Unidos (en su obra La democracia en América) estableció y comprobó con los medios de su tiempo, que la sociedad estadounidense vivió un fenómeno rico en soberanía en cada provincia o entidad federativa y que, incluso, corría el riesgo como sociedad, de arribar a una especie de “tiranía de las mayorías” o “despotismo democrático”, donde se debe fomentar y resguardar la opinión independiente y la libertad de asociación.
Y la evolución de la soberanía como categoría filosófica y como concepto sigue y se adecua o moderniza conforme pasa el tiempo, de tal forma que hoy no es sostenible, por ejemplo, una conceptualización de ese nomen que se aleje de la idea neurálgica que sostiene que, en las democracias modernas, la soberanía pertenece a los ciudadanos. El pueblo ejerce este poder a través del voto para elegir a sus representantes.
En términos de soberanía nacional (o externa), el término ha quedado -erráticamente asignado- a una categoría histórica y jurídica, abstracta, de la cual emanan los poderes públicos.
Siempre resultará políticamente correcto o rentable, reclamar políticamente la no intervención, el respeto como país, la igualdad de derechos en la interrelación con otras naciones y solución pacífica de las controversias, al momento de defender una causa nacional en el plano internacional.
Pues sí…
Este, el de la soberanía, es uno de los conceptos con más carga histórica en la edificación de la nación.
Implica por sí solo, un llamado a la adhesión y al consenso social, como bien lo refiere Samuel Palma César para esta misma casa editora, en reciente colaboración.
Pero lo honesto, lo correcto en todo gobernante, debiera ser el hecho de hablarle a la sociedad en términos de honestidad y sin demagogia.
Soberanía, etimológicamente viene de los morfemas super- omnia o super-anus, esto es, que define a lo que está “por encima de todo”.
De tal forma que un poder soberano es el que está “por encima de todo”… que no admite poder jerárquico superior, pues solo este se controla a sí mismo; que no depende de ninguna otra fuerza externa para pervivir.
Es indudable y hasta plausible, el gran esfuerzo que hace la titular del Ejecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer que arriba al máximo cargo de poder profano en México.
Se ve que incluso, rema contra corriente en el hecho de pretender derribar inercias y adversidades como la corrupción sistemática y la ineficiencia de muchos de los cuadros que, como en cada gobierno federal, abundan producto del influyentismo de nuestra subcultura política.
Es momento de hacer fuerte a la presidenta Sheinbaum. Acuerparnos como ciudadanos en torno a su esfuerzo.
Porque la verdad, es que su gobierno no es del todo soberano.
La estimación que el gobierno de Estados Unidos de América y seguramente, que ya tenían las instancias de seguridad civiles y militares, como de inteligencia nacionales, de que más de un tercio del territorio y la población de nuestro país no están controladas por el gobierno de la República y, por el contrario, son control y dominio pleno del crimen organizado, confirma plenamente la condición de ausencia de soberanía del gobierno en ese tercio (o quizá más de la dimensión de nuestro territorio nacional).
Así que, el gobierno federal para esos más de 40 millones de mexicanos no es soberano; lo es el crimen organizado.
¡Nombremos a las cosas por su nombre… y preocupémonos por lo que realmente importa!
¡Por favor!
@pequenialdo;
@CalderonHallal1