El presidente Donald Trump ha sido enfático en su deseo de convertir a Groenlandia en territorio estadounidense. Como se recordará, esa isla gigantesca en el Atlántico Norte es una comunidad autónoma que forma parte del Estado de Dinamarca desde el siglo XVIII. A lo largo del tiempo, los sucesivos gobiernos en Copenhague han ampliado los estatutos de autonomía de la región. Se trata de un territorio, por razones obvias, escasamente poblado, con menos de 60 mil habitantes. Sin embargo, es un pedazo de tierra estratégico pues no únicamente posee cuantiosos recursos naturales, sino que sirve como punto de operaciones en el Ártico.
Trump no respeta el derecho internacional ni a los organismos internacionales. La intervención estadounidense en Venezuela, sumado al retiro de su país de decenas de instituciones, han dado muestras ostensibles de la forma de pensar y de conducirse del presidente estadounidense.
El mandatario ha repetido en reiteradas ocasiones que Groenlandia debe ser estadounidense. Si bien derivado de acuerdos pasados entre Washington y Copenhague se ha permitido la presencia de bases militares en el terreno, Trump luce decidido a desechar los acuerdos y ocupar por la fuerza, si resulta necesario, la tierra danesa.
Una hipotética intervención en Groenlandia presentaría diversas problemáticas. Sería una nueva contravención del articulo 2 de la Carta de Naciones Unidas, pues no contaría –como en el caso de Venezuela- con un mandato del Consejo de Seguridad ni representa una respuesta de legítima defensa.
La OTAN, la alianza que ha servido como bloque de disuasión frente a enemigos terceros, estaría obligada a la activación del artículo 5, mismo que establece la exigencia de defensa, por parte de sus Estados miembros, ante una agresión presentada contra uno de ellos. Sin embargo, derivado de la membresía de ambos Estados, tanto de Dinamarca como de Estados Unidos, la alianza atlántica atravesaría por un vacío legal, pues no se contempla, a la luz de sus tratados fundacionales, un ataque de un país miembro contra otro.
La primera ministra danesa Mette Frederiksen, en un acto de cordura y pragmatismo, ha asegurado que una intervención ilegal de Estados Unidos sobre Groenlandia conllevaría el fin de la OTAN. Es decir, ante el evento, y derivado del hecho, los estados miembros permanecerían inmóviles; en primer lugar por la ausencia de disposiciones que les obliguen a reaccionar, y en segundo, por la inconveniencia de responder militarmente contra el aliado estadounidense.
Este suceso no haría más que beneficiar a Vladimir Putin y sus deseos expansionistas. Como se sabe, el líder ruso sueña con la reedificación del imperio soviético, lo que incluye las repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania. A pesar de estar en la mira rusa, estos Estados han gozado de la protección de la OTAN, lo que les ha librado de la agresión rusa.
En suma, una invasión de Groenlandia representaría un casus belli con Dinamarca. Para evitarlo, Trump deberá negociar con Copenhague la ampliación de la presencia militar estadounidense en la isla y desechar, en aras del orden internacional y de la paz, cualquier idea de intervención contra ese país aliado.