Imagine la siguiente escena. Un grupo de científicos entra a Palacio Nacional y le dice a la presidenta de México: Dentro de seis meses aumentará la inflación. La producción agrícola disminuirá en varias regiones del país. Habrá mayor presión sobre el sistema eléctrico. Algunas ciudades enfrentarán problemas de abastecimiento de agua. Los incendios forestales aumentarán. El dengue se expandirá hacia nuevas zonas. El gobierno tendrá que gastar miles de millones de pesos adicionales para atender emergencias y reconstruir infraestructura.
¿Qué haría cualquier gobierno responsable? Esperaría seis meses para actuar. O comenzaría a prepararse ese mismo día. La respuesta parece obvia. Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre cada vez que aparece un episodio importante del fenómeno de El Niño.
Hoy la ciencia permite anticipar la evolución probable de este fenómeno climático. Los modelos desarrollados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y decenas de centros científicos alrededor del mundo son cada vez más precisos. No predicen el futuro con absoluta certeza, pero sí ofrecen información suficiente para que los gobiernos comiencen a prepararse antes de que aparezcan los primeros daños.
Y, sin embargo, la mayoría sigue actuando como si la información llegara demasiado tarde. Ésa es la verdadera paradoja. Durante décadas pensamos que el principal problema era la falta de conocimiento científico. Hoy descubrimos que el verdadero problema es la incapacidad institucional para convertir ese conocimiento en decisiones oportunas. En otras palabras, el cuello de botella ya no está en la ciencia. Está en el gobierno.
No existen desastres naturales
Una de las ideas más provocadoras que deja la literatura reciente sobre resiliencia es que los llamados “desastres naturales” rara vez son completamente naturales. Los terremotos existen. Los huracanes existen. Las sequías existen. El Niño existe. Lo que determina si esos fenómenos se convierten en tragedias nacionales depende, en buena medida, de la calidad de las instituciones.
La naturaleza impone condiciones. Las instituciones determinan las consecuencias. Ésta debería ser una de las primeras reflexiones para México. Cada temporada de lluvias nos sorprenden inundaciones en las mismas ciudades. Cada temporada seca vuelven los incendios forestales. Cada año reaparecen las discusiones sobre la escasez de agua. Cada fenómeno extremo parece convertirse en una sorpresa nacional. Pero las sorpresas dejan de ser sorpresas cuando ocurren una y otra vez. Lo que existe no es falta de información. Es falta de anticipación.
El verdadero hallazgo de la ciencia
Hace apenas unos años todavía era posible pensar que El Niño representaba simplemente una anomalía climática pasajera. Las investigaciones más recientes cambiaron radicalmente esa percepción. Uno de los estudios más importantes publicados por la revista Science demuestra que los efectos económicos de los grandes episodios de El Niño no desaparecen cuando termina el fenómeno climático. Sus impactos pueden reducir el crecimiento económico durante varios años.
Ésta es una conclusión extraordinariamente importante. El costo principal no es únicamente una cosecha perdida. Ni una presa vacía. Ni un incendio forestal. El verdadero costo aparece después. Menor crecimiento. Mayor inflación. Menor inversión. Mayor presión sobre las finanzas públicas. Mayor vulnerabilidad social.
La naturaleza produce el primer impacto. Las instituciones determinan cuánto tiempo permanece. Y aquí aparece una pregunta mucho más seria. Si hoy podemos anticipar razonablemente estos fenómenos, ¿por qué seguimos organizando al Estado mexicano como si todo comenzara el día en que ocurre la emergencia? Porque, en realidad, nuestro aparato gubernamental fue diseñado para administrar el pasado. No el futuro.
Existe una idea profundamente arraigada en la administración pública mexicana: la función del gobierno consiste en resolver problemas. Durante buena parte del siglo XX esa idea fue suficiente. Los grandes desafíos aparecían de manera relativamente aislada. Una crisis financiera exigía una respuesta económica. Un huracán movilizaba a Protección Civil. Una epidemia correspondía al sector salud. Cada dependencia actuaba dentro de su propio ámbito de responsabilidad.
Ese modelo dejó de corresponder al mundo en que vivimos. Los riesgos del siglo XXI ya no llegan solos. Llegan en cascada. Se alimentan mutuamente. Una sequía deja de ser un problema agrícola para convertirse en un problema de inflación. La inflación modifica la política monetaria. Las tasas de interés afectan la inversión. La menor inversión limita el crecimiento económico. El crecimiento más lento reduce la recaudación. Las finanzas públicas se deterioran precisamente cuando el Estado necesita invertir más en infraestructura y apoyo social.
Lo que antes eran problemas separados hoy forman parte de un mismo sistema. Sin embargo, seguimos gobernando como si cada dependencia pudiera resolver únicamente su pequeña parte del problema. Ésa es, probablemente, la mayor debilidad institucional del Estado mexicano.
Gobernamos con instituciones del siglo XX
No existe nada particularmente malo en nuestras instituciones. Al contrario. México cuenta con un Servicio Meteorológico Nacional competente. Conagua dispone de información hidrológica valiosa. El Sistema Nacional de Protección Civil es reconocido internacionalmente desde su transformación después del terremoto de 1985. Las universidades mexicanas producen investigación científica de alta calidad. La Secretaría de Salud ha desarrollado importantes capacidades epidemiológicas. El Banco de México y la Secretaría de Hacienda cuentan con equipos técnicos de primer nivel.
El problema no reside en cada institución por separado. El problema aparece entre ellas. Cada una observa una parte distinta del mismo fenómeno. Cada una produce información valiosa. Pero nadie integra todas las piezas para responder una pregunta sencilla: ¿Qué significa todo esto para el país dentro de seis meses? Ésa es la diferencia entre administrar sectores y gobernar sistemas.
Las empresas más exitosas del mundo ya comprendieron este cambio. Utilizan inteligencia artificial para integrar información sobre consumidores, logística, inventarios, mercados financieros, cadenas de suministro y comportamiento de proveedores. No esperan a que aparezca un problema para reaccionar; construyen escenarios, simulan alternativas y ajustan decisiones continuamente.
Paradójicamente, muchos gobiernos siguen operando con una lógica administrativa diseñada hace medio siglo. No es un problema exclusivo de México. Pero México tiene una oportunidad excepcional para corregirlo.
La siguiente ventaja competitiva de las naciones
Durante décadas repetimos que la competitividad dependía de la estabilidad macroeconómica, la infraestructura, la educación o la apertura comercial. Todo eso sigue siendo cierto. Pero ya no es suficiente.
Los inversionistas también comienzan a preguntarse otra cosa. ¿Puede este país administrar una sequía sin paralizar su producción industrial? ¿Tiene suficiente agua para sostener nuevas inversiones? ¿Su sistema eléctrico resistirá olas de calor cada vez más intensas? ¿Puede proteger cadenas logísticas durante fenómenos extremos? ¿Sus instituciones reaccionan con rapidez?
En otras palabras, la resiliencia institucional comienza a convertirse en un activo económico. La estabilidad del siglo XXI dependerá menos de evitar riesgos —algo imposible— y más de administrarlos mejor que los demás. Los países que aprendan primero esa lección atraerán más inversión, protegerán mejor a sus ciudadanos y crecerán con mayor estabilidad. Ésa es la verdadera competencia del futuro.
Del Estado reactivo al Estado anticipatorio
Por eso creo que el debate nacional debería cambiar. La discusión no consiste únicamente en cómo responder al próximo episodio de El Niño. La discusión consiste en qué tipo de Estado necesita México durante las próximas décadas.
Propongo pensar en una idea distinta. Un Estado anticipatorio. No un gobierno que pretenda adivinar el futuro. Eso sería imposible. Tampoco un gobierno que intente controlar todos los riesgos. Eso sería igualmente ilusorio. Un Estado anticipatorio hace algo mucho más práctico. Integra información. Construye escenarios. Identifica señales tempranas. Coordina instituciones. Toma decisiones antes de que el costo de actuar sea mucho mayor.
La diferencia parece pequeña. En realidad, cambia completamente la lógica del gobierno. Un Estado reactivo administra crisis. Un Estado anticipatorio administra probabilidades. Un Estado reactivo espera evidencia completa. Un Estado anticipatorio actúa cuando la evidencia es suficiente. Un Estado reactivo reconstruye. Un Estado anticipatorio reduce la necesidad de reconstruir.
Ésa es la gran transformación institucional que México necesita. Y El Niño representa una oportunidad extraordinaria para iniciarla. Porque, por primera vez, enfrentamos un fenómeno cuyos efectos podemos prever razonablemente antes de que ocurran. La pregunta ya no es si sabemos lo suficiente. La pregunta es si somos capaces de gobernar con esa información.
Si aceptamos que el verdadero problema ya no es la falta de información sino la falta de anticipación, entonces la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué debería hacer México? Mi respuesta es sencilla. No necesitamos crear otra secretaría. No necesitamos una nueva burocracia. Necesitamos una nueva capacidad del Estado. La llamaría México Anticipa 2030.
No sería un programa sexenal. Sería una nueva filosofía de gobierno. Su propósito consistiría en algo aparentemente simple, pero profundamente transformador: convertir la anticipación en una función permanente del Estado mexicano. Significaría que cada decisión estratégica del gobierno comenzaría con preguntas distintas. No solamente: “¿Qué ocurrió?” Sino también: “¿Qué podría ocurrir?” “¿Qué señales tempranas estamos observando?” “¿Qué decisiones debemos tomar hoy para evitar problemas dentro de seis meses?”
Puede parecer un cambio semántico. En realidad, es un cambio cultural. Durante décadas medimos la eficacia de los gobiernos por su capacidad para responder a las crisis. Durante las próximas décadas comenzaremos a medirlos por su capacidad para evitar que esas crisis ocurran o, cuando sean inevitables, por su capacidad para reducir significativamente sus consecuencias.
Ésa será la nueva definición de un buen gobierno.
La inteligencia artificial cambiará también al Estado
La inteligencia artificial permitirá construir escenarios dinámicos que ningún grupo de funcionarios podría elaborar manualmente. Pero conviene hacer una precisión importante. La inteligencia artificial no sustituirá el juicio político. No decidirá prioridades nacionales. No resolverá conflictos de intereses. No determinará cuánto invertir en infraestructura o qué regiones deben recibir primero apoyo gubernamental.
Ésas seguirán siendo decisiones profundamente humanas. La tecnología podrá decirnos qué es probable. El gobierno seguirá siendo responsable de decidir qué hacer. Y precisamente por eso la calidad del liderazgo será todavía más importante.
La diferencia entre los gobiernos exitosos y los demás ya no dependerá únicamente de quién tenga más información. Todos tendrán acceso a enormes cantidades de datos. La diferencia dependerá de quién haga mejores preguntas y tome mejores decisiones.