Donald Trump no necesita anunciar la muerte del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá para poner en riesgo buena parte de sus beneficios. Le basta con mantenerlo formalmente vigente mientras amenaza con aranceles, exige concesiones, introduce incertidumbre y obliga a sus socios a negociar una y otra vez aquello que suponían protegido por un acuerdo internacional. Ése es el verdadero peligro que enfrenta México: no necesariamente la desaparición del T-MEC, sino su debilitamiento progresivo hasta convertirlo en un instrumento sujeto a las decisiones políticas de Washington. Porque un tratado que existe en el papel, pero cuya aplicación depende de la voluntad cambiante del presidente estadounidense, puede terminar ofreciendo mucha menos certidumbre de la que promete.
Trump ha vuelto a declarar que está cerca de alcanzar un buen acuerdo con México. La afirmación merece atención, pero también cautela. El mandatario estadounidense acostumbra presentar las negociaciones como triunfos antes de que se conozcan sus términos, y no siempre lo que considera favorable para Estados Unidos representa un beneficio equivalente para sus interlocutores. Por ahora, lo indispensable es conocer qué se está negociando, cuáles serían las concesiones recíprocas y si los eventuales entendimientos realmente fortalecen la posición mexicana o simplemente reducen algunas de las presiones que Washington ha impuesto previamente.
La diferencia es fundamental. No es lo mismo obtener una ventaja comercial nueva que conseguir el retiro de una amenaza que nunca debió existir. Tampoco equivale a una victoria recuperar parcialmente condiciones que ya estaban reconocidas en un tratado vigente. Si primero se amenaza con imponer costos extraordinarios y después se ofrece eliminarlos a cambio de determinadas concesiones, el resultado puede presentarse como un acuerdo satisfactorio cuando en realidad sólo representa una modificación del punto de partida.
Ése ha sido uno de los rasgos más característicos de la estrategia negociadora de Trump. La amenaza funciona como instrumento de presión, la incertidumbre como mecanismo para acelerar decisiones y el anuncio público como una forma de atribuirse anticipadamente el triunfo. El problema para México no consiste únicamente en enfrentar a un interlocutor difícil, sino en preservar reglas estables frente a una administración que utiliza con frecuencia las relaciones comerciales como parte de su estrategia política.
El T-MEC fue concebido para establecer condiciones de intercambio, inversión y producción dentro de América del Norte. Su importancia no reside solamente en las disposiciones jurídicas que contiene, sino en la confianza que genera entre empresas, trabajadores, inversionistas y gobiernos. Las cadenas productivas de la región requieren decisiones de largo plazo. Una planta automotriz, una instalación electrónica, un complejo industrial o una red logística no se construyen para operar durante unas cuantas semanas. Son inversiones que necesitan horizontes de varios años, reglas conocidas y mecanismos confiables para resolver controversias.
Cuando esas condiciones se vuelven inciertas, el daño puede comenzar mucho antes de que se aplique una nueva tarifa. Las empresas aplazan inversiones, revisan proyectos, modifican sus previsiones y trasladan costos a proveedores y consumidores. Los trabajadores enfrentan dudas sobre la estabilidad de sus empleos y los gobiernos pierden capacidad para planear políticas industriales. La incertidumbre también tiene un precio, aunque no siempre aparezca de inmediato en las estadísticas comerciales.
México se encuentra particularmente expuesto porque su economía mantiene una integración extraordinariamente profunda con la estadounidense. Una parte considerable de nuestra producción industrial depende de mercados, insumos, inversiones y procesos compartidos con empresas establecidas al norte de la frontera. Esa integración ha generado oportunidades importantes, pero también vulnerabilidades que no pueden ignorarse.
Sería equivocado, sin embargo, presentar esta relación como una dependencia exclusivamente mexicana. Estados Unidos también obtiene beneficios de las cadenas productivas regionales. Numerosas industrias estadounidenses utilizan componentes fabricados en México, dependen de proveedores mexicanos y encuentran ventajas competitivas en una producción organizada a escala norteamericana. Interrumpir o encarecer esas operaciones también puede perjudicar a empresas y consumidores estadounidenses.
Precisamente por eso resulta contradictorio utilizar aranceles indiscriminados contra actividades productivas que forman parte de un mismo sistema económico. Una pieza puede cruzar varias veces la frontera antes de incorporarse a un producto terminado. Imponer costos adicionales en diferentes etapas no necesariamente fortalece a la industria estadounidense; en determinados casos puede encarecerla y reducir su competitividad frente a productores de otras regiones del mundo.
La revisión del T-MEC representa una oportunidad para actualizar compromisos y atender problemas reales. Ningún tratado comercial debe considerarse intocable. Las economías cambian, aparecen nuevas tecnologías, se transforman las cadenas de suministro y surgen necesidades regulatorias que pueden justificar ajustes. Pero revisar un acuerdo no significa aceptar que una de las partes pueda imponer unilateralmente condiciones ajenas a sus mecanismos institucionales.
Tampoco debe olvidarse que el tratado involucra a tres países. Canadá no es un invitado secundario ni una presencia decorativa. Forma parte del acuerdo, tiene intereses económicos propios y participa en una integración regional que no puede comprenderse exclusivamente mediante las relaciones bilaterales de Washington con México. Los entendimientos particulares pueden ser útiles para resolver determinadas controversias, pero no deberían utilizarse para vaciar de contenido el marco trilateral.
La estrategia estadounidense plantea además un problema de soberanía económica. México tiene derecho a definir sus prioridades industriales, energéticas, comerciales y de desarrollo dentro de los compromisos internacionales que ha asumido. La cooperación con Estados Unidos es indispensable, pero no significa que todas las decisiones nacionales deban ajustarse automáticamente a las preferencias de Washington.
Defender la soberanía tampoco consiste en pronunciar discursos grandilocuentes mientras la economía continúa dependiendo de decisiones externas. La verdadera capacidad de negociación requiere fortalecer la producción nacional, desarrollar proveedores, mejorar infraestructura, garantizar energía suficiente, elevar la preparación de los trabajadores y ampliar las oportunidades de inversión. Un país que necesita importar demasiados insumos estratégicos o que carece de condiciones adecuadas para desarrollar su industria dispone de menos instrumentos para defender sus intereses.
En ese terreno México tiene tareas pendientes que no pueden atribuirse únicamente a Trump. Las deficiencias en infraestructura, la insuficiencia de determinadas capacidades energéticas, los problemas de seguridad, la incertidumbre regulatoria y las dificultades para incorporar a más empresas mexicanas a las cadenas de alto valor agregado son asuntos que requieren respuestas internas. Ninguna negociación comercial, por exitosa que resulte, sustituye la obligación de resolverlos.
La revisión del tratado debería servir también para discutir qué tipo de integración económica necesita México durante las próximas décadas. No basta con exportar más si una parte insuficiente del valor agregado permanece en el país. Tampoco es suficiente atraer plantas industriales si no se desarrollan capacidades tecnológicas, proveedores nacionales, investigación, innovación y mejores oportunidades laborales.
El objetivo debe ser que México participe en América del Norte como una economía con mayor capacidad productiva propia, no solamente como un territorio conveniente para determinadas etapas de manufactura. Eso exige políticas de largo plazo que trasciendan los anuncios presidenciales, las coyunturas electorales y las disputas partidistas.
El gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta, por tanto, una responsabilidad de enorme importancia. Debe negociar con firmeza y prudencia, mantener canales de comunicación con Washington, escuchar a los sectores productivos y procurar que cualquier acuerdo ofrezca beneficios verificables para México. La tarea corresponde a la conducción presidencial y a los equipos institucionales de las dependencias involucradas, particularmente Economía y Relaciones Exteriores.
Marcelo Ebrard aporta experiencia política, administrativa y diplomática a las negociaciones comerciales. Roberto Velasco participa desde la Cancillería con conocimiento de los asuntos norteamericanos. Ambos tienen responsabilidades diferentes que deben coordinarse dentro de una estrategia nacional. La eficacia de esa coordinación deberá juzgarse por sus resultados, no por la cantidad de declaraciones, reuniones o fotografías difundidas.
Tampoco sería correcto repartir anticipadamente reconocimientos o responsabilidades individuales. Un acuerdo conveniente debe examinarse por su contenido. Si contiene avances importantes, habrá razones para reconocer el trabajo institucional. Si implica concesiones excesivas, corresponderá explicar sus costos. Y si los anuncios de Trump terminan sin traducirse en compromisos concretos, no habrá motivos para presentar como victoria lo que todavía no existe.
La política comercial mexicana tampoco debería quedar subordinada a los calendarios electorales estadounidenses. Las decisiones que afectan inversiones y empleos en nuestro país no pueden depender permanentemente de las necesidades discursivas de una campaña o de los conflictos internos de Washington. México necesita interlocución con la administración estadounidense, pero también relaciones institucionales con legisladores, gobiernos estatales, empresas, sindicatos y otros actores que participan en la economía norteamericana.
Existen intereses estadounidenses que favorecen la estabilidad del comercio regional. Conviene identificarlos, fortalecer los canales de comunicación y explicar con precisión los beneficios compartidos. Una relación económica tan profunda no puede quedar reducida a las declaraciones de un solo mandatario, por poderoso que sea.
Al mismo tiempo, México debe evitar la tentación de responder a cada amenaza mediante una confrontación verbal que termine complicando las negociaciones. La firmeza no necesita estridencia. Defender los intereses nacionales exige preparación técnica, conocimiento jurídico, capacidad diplomática y claridad sobre aquello que puede negociarse y lo que debe preservarse.
La opinión pública también tiene derecho a conocer los alcances generales de los acuerdos que comprometan el futuro económico del país. Es comprensible que determinadas negociaciones requieran discreción mientras se desarrollan, pero esa necesidad no justifica convertir sus resultados en asuntos inaccesibles al escrutinio ciudadano. Las empresas, los trabajadores y los consumidores deben poder identificar las consecuencias de las decisiones adoptadas.
La experiencia demuestra que los tratados comerciales no eliminan las diferencias entre países. Establecen procedimientos para administrarlas. Su utilidad consiste precisamente en evitar que cada controversia se convierta en una confrontación política sin reglas. Si esos procedimientos se debilitan y todo termina dependiendo de negociaciones extraordinarias, la integración regional pierde una de sus principales ventajas.
Por eso sería un error celebrar únicamente que el T-MEC permanezca vigente. La pregunta decisiva es bajo qué condiciones seguirá funcionando. Un tratado puede conservar su nombre, sus capítulos y sus ceremonias oficiales mientras pierde eficacia en la práctica. También puede fortalecerse mediante ajustes razonables, mecanismos de solución de controversias confiables y compromisos que permitan a los tres países desarrollar una economía regional más competitiva.
México debe aspirar a lo segundo, sin resignarse a lo primero.
Trump puede anunciar mañana un acuerdo extraordinario. Puede presentarlo como una victoria personal y afirmar que ha conseguido condiciones que ningún otro presidente estadounidense había obtenido. Su discurso forma parte de su manera de ejercer el poder. Pero México no está obligado a adoptar esa interpretación ni a celebrar resultados antes de conocerlos.
Lo que importa es si disminuyen las amenazas arancelarias, si se preservan los derechos establecidos en el tratado, si las empresas recuperan certidumbre, si se protegen las cadenas productivas y si los trabajadores mexicanos encuentran mejores oportunidades. Ésa es la medida de un acuerdo favorable, no el entusiasmo de quienes lo anuncian.
El verdadero riesgo no es solamente que Trump decida romper el T-MEC. Es que consiga mantenerlo formalmente vigente mientras reduce su capacidad para proteger a México frente a decisiones unilaterales. Y la verdadera victoria mexicana no consistiría en obtener una concesión ocasional del presidente estadounidense, sino en preservar reglas que ningún presidente pueda modificar a su antojo.
Porque un tratado que existe únicamente mientras Washington decide respetarlo deja de ser una garantía y comienza a parecerse demasiado a un permiso revocable. México no necesita permiso para defender sus intereses: necesita acuerdos que se cumplan.
opinionsalcosga23@gmail.com
@salvadorcosio1