Hay problemas que se vuelven tan cotidianos que dejamos de verlos. Pasan frente a nosotros todos los días, en una mesa, en un mercado, en una tienda, en un restaurante, en una central de abasto, en una casa o en una bodega. Y, sin embargo, detrás de ellos hay una verdad incómoda: en México se tira comida mientras millones de personas siguen enfrentando carencias alimentarias.

Eso no puede parecernos normal.

El desperdicio de alimentos no es solo una mala costumbre. No es solamente una bolsa de pan que se quedó en el anaquel, una fruta que no se vendió por tener una mancha, una caja mal empacada o un plato que terminó en la basura. El desperdicio de alimentos es un problema social, económico, ambiental y moral. Es una cadena de decisiones, omisiones y falta de coordinación que termina convirtiendo alimentos todavía útiles en basura.

Por eso presenté una iniciativa para crear la Ley Nacional contra el Desperdicio de Alimentos, como legislación específica y complementaria en materia de alimentación adecuada y sostenible. No se trata de una ley más. Se trata de poner orden donde hoy hay esfuerzos dispersos; de construir reglas claras; de ayudar a que lo que todavía puede alimentar a una persona no termine enterrado en un relleno sanitario.

La cifra duele: en México se estima que cada año se desperdician alrededor de 20.4 millones de toneladas de alimentos, suficientes para alimentar a 25 millones de personas. Y lo más grave es que ese desperdicio no solo revela desigualdad; también significa agua desperdiciada, energía desperdiciada, trabajo desperdiciado, transporte desperdiciado y recursos públicos y privados que se pierden en el camino.

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Cuando uno piensa en esos números, entiende que este tema no puede tratarse como algo menor. No estamos hablando únicamente de comida. Estamos hablando del esfuerzo de productores, campesinos, transportistas, comerciantes, empresas, familias y consumidores. Estamos hablando de una cadena completa que empieza en la tierra y termina en la mesa. Y cuando esa cadena falla, pierde México.

También pierde la economía. Las pérdidas y mermas por desperdicio de alimentos representan más de 100 mil millones de pesos anuales. Al mismo tiempo, si se recuperaran alimentos que hoy se desperdician, podrían atenderse durante semanas las necesidades de millones de personas que viven en pobreza extrema y carencia alimentaria.

Ahí está el fondo de esta iniciativa: hacer que la comida llegue a donde tiene que llegar.

No podemos seguir permitiendo que alimentos aptos para el consumo humano sean desechados solo porque no cumplen con una apariencia comercial, porque están próximos a su fecha de consumo preferente o porque no existe un mecanismo eficiente para recuperarlos. Una fruta no deja de alimentar por no verse perfecta. Un producto no deja de servir porque su empaque tenga un defecto menor. Y una sociedad no puede llamarse justa si tira lo que todavía puede ayudar a alguien más.

Esta ley busca precisamente eso: prevenir, reducir y gestionar el desperdicio de alimentos en México, garantizando que los recursos alimentarios se aprovechen de manera eficiente y equitativa. Plantea redistribuir alimentos aptos hacia bancos de alimentos, organizaciones civiles y comunidades vulnerables; promover prácticas sostenibles; fomentar una cultura de consumo responsable; reducir pérdidas económicas; y cumplir con compromisos nacionales e internacionales de producción y consumo responsables.

Dicho de manera sencilla: que menos comida termine en la basura y más comida llegue a quienes la necesitan.

Pero para lograrlo no basta con buena voluntad. Hace falta coordinación. Hace falta que productores, distribuidores, transportistas, comercializadores, autoridades, bancos de alimentos, empresas y sociedad trabajen bajo una misma lógica. Porque el desperdicio no ocurre en un solo punto; ocurre en muchas etapas. A veces se pierde en la cosecha, a veces en el traslado, a veces en la venta, a veces en el almacenamiento, a veces en el consumo final.

Por eso esta iniciativa no busca señalar culpables, sino ordenar responsabilidades.

Los productores pueden implementar mejores prácticas para reducir pérdidas desde la cosecha, el almacenamiento y el transporte. También pueden establecer mecanismos para donar alimentos que ya no puedan comercializarse, pero que todavía sean seguros para el consumo humano, así como aprovechar aquellos que no sean aptos para las personas mediante alternativas como alimentación animal, compostaje o generación de biogás.

Los distribuidores y comercializadores también tienen un papel fundamental. Mejorar inventarios, clasificar alimentos, separar lo aprovechable, donar productos no comercializables y establecer redes con bancos de alimentos puede marcar una diferencia enorme. Muchas veces el alimento existe, la necesidad existe, pero falta el puente entre ambos. Esta ley busca construir ese puente.

Y el Estado también debe asumir su responsabilidad. No basta con pedirle a la sociedad que cambie sus hábitos si no existen políticas públicas, incentivos, supervisión, infraestructura y educación. La iniciativa plantea diseñar un programa nacional para prevenir y reducir el desperdicio, promover la donación mediante incentivos fiscales y facilidades logísticas, apoyar la economía circular y establecer normas claras para clasificar, donar y manejar alimentos con seguridad.

Este punto es muy importante: no se trata de regalar comida sin cuidado. Se trata de hacerlo bien. Con inocuidad, con trazabilidad, con responsabilidad y con orden. La donación de alimentos debe garantizar que lo que llegue a una familia sea seguro, digno y adecuado. Ayudar no puede significar improvisar. Ayudar bien también requiere reglas.

Además, esta iniciativa tiene un profundo sentido ambiental. Porque cuando la comida se desperdicia, no solo se pierde el alimento. Se desperdicia el agua con la que se produjo, la energía que se utilizó, el fertilizante aplicado, el trabajo de quienes la cultivaron, el combustible del transporte y el espacio en los rellenos sanitarios. Y cuando esos alimentos se descomponen, generan gases contaminantes que agravan el cambio climático.

Por eso hablar de desperdicio alimentario es hablar también de medio ambiente. Es hablar de economía circular. Es hablar de consumo responsable. Es hablar de sostenibilidad real, no de discursos bonitos. Porque cuidar el planeta no siempre empieza con grandes declaraciones; a veces empieza con algo tan básico como no tirar lo que todavía sirve.

México necesita una nueva cultura alrededor de los alimentos. Una cultura que valore lo que llega a la mesa. Que enseñe desde las escuelas que desperdiciar también tiene consecuencias. Que entienda la diferencia entre caducidad y consumo preferente. Que impulse a las empresas a donar, a innovar, a planear mejor y a reducir mermas. Que ayude a los hogares a comprar con más conciencia. Que convierta la solidaridad en sistema y no solo en acto aislado.

Esta iniciativa tiene una virtud muy clara: une causas que muchas veces se tratan por separado. Combate el hambre, cuida el medio ambiente, reduce pérdidas económicas, ayuda a productores y empresas, fortalece a bancos de alimentos, impulsa innovación y promueve una sociedad más responsable. Es una respuesta integral para un problema que durante años ha sido visto con demasiada indiferencia.

Porque en el fondo, esta ley habla de algo profundamente humano: que ningún alimento útil debería perderse mientras una familia lo necesita.

Ese debe ser el centro de la discusión. No una estadística fría. No un trámite legislativo. No una frase de coyuntura. El centro debe ser la persona que puede recibir alimento, la familia que puede tener una cena digna, el productor que puede aprovechar mejor su trabajo, la empresa que puede donar con certeza, la comunidad que puede organizarse y el país que puede aprender a consumir de manera más responsable.

La política sirve cuando toma problemas reales y les da salida. Cuando convierte la sensibilidad en ley. Cuando deja de administrar la costumbre y se atreve a cambiar lo que no está bien. Y tirar millones de toneladas de alimentos en un país donde todavía hay hambre no está bien. No puede estar bien.

Por eso esta iniciativa importa.

Importa porque pone sobre la mesa una pregunta sencilla, pero poderosa: ¿qué tipo de país queremos ser? Uno que se acostumbra a desperdiciar, o uno que aprende a aprovechar. Uno que permite que la comida se pierda en silencio, o uno que organiza sus instituciones para que llegue a quienes más la necesitan. Uno que ve basura donde todavía hay valor, o uno que entiende que en cada alimento rescatado también hay dignidad.

Yo creo en ese México más responsable. Creo en un país donde la solidaridad no dependa de la casualidad, sino de una política pública bien hecha. Creo en un Querétaro y en un México donde producir, distribuir, vender y consumir también signifique cuidar. Cuidar a las personas, cuidar los recursos y cuidar el futuro.

Porque el hambre no se combate solo con discursos. Se combate con decisiones. Con leyes. Con coordinación. Con voluntad. Con una nueva forma de entender el valor de los alimentos.

Y mientras haya comida que pueda alimentar a alguien, no deberíamos permitir que termine en la basura. Porque detrás de cada alimento recuperado puede haber una familia más tranquila, una comunidad más fuerte y un país un poco más justo.

Ese es el sentido de esta iniciativa: que México deje de desperdiciar lo que todavía puede convertirse en esperanza.

Agradezco a Federico Arreola por este espacio, porque hay temas que merecen hablarse con calma, pero también con mucha firmeza.