La Cuarta Transformación, Morena y el propio Andrés Manuel López Obrador atraviesan una profunda crisis. Cada día ven la luz nuevas acusaciones, investigaciones y señalamientos sobre presuntos actos delictivos, corrupción y vínculos con grupos criminales que involucran a integrantes del movimiento político gobernante.
La narrativa de unidad, disciplina y superioridad moral se desmorona, mientras diversos grupos compiten por el control del poder, los beneficios y —sobre todo— la impunidad.
La idea impulsada por voceros oficiales de que cada señalamiento contra Morena proviene de la ultraderecha y de fuerzas externas empeñadas en dañar la soberanía nacional, pierde credibilidad. Gran parte de los casos que hoy sacuden al partido fueron revelados por integrantes del propio gobierno, por autoridades judiciales nacionales y extranjeras, y por miembros del crimen organizado que colaboran como testigos protegidos.
La fractura
Un punto de inflexión ocurrió el 1 de diciembre, cuando Joaquín Guzmán López —hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán— se declaró culpable ante una corte federal en Illinois.
Guzmán López, quien se entregó a las autoridades estadounidenses en julio de 2024, aceptó cargos de narcotráfico y crimen organizado, y afirmó haber entregado a Ismael “El Mayo” Zambada. Convirtiéndose así en el segundo hijo de “El Chapo” en lograr un acuerdo con la justicia estadounidense, antes lo hizo su hermano Ovidio y ahora ambos son testigos protegidos.
Las declaraciones de criminales de alto nivel en cortes estadounidenses han revelado elementos que causan inquietud en México. En el juicio que se sigue en su contra, Jesús “El Rey” Zambada aseguró haber apoyado la campaña presidencial de López Obrador en 2006. Otros testimonios, como el de Celso Ortega —presunto líder del grupo criminal Los Ardillos— apuntan que recursos provenientes de Los Zetas habrían sido canalizados hacia la misma campaña.
El caso de Sergio Carmona, “el rey del huachicol”, marcó otro punto crítico. Carmona fue asesinado en Nuevo León cuando se especulaba que negociaba convertirse en testigo protegido en Estados Unidos. Tras su muerte, autoridades recuperaron su teléfono y encontraron información que vinculaba a Mario Delgado, exdirigente de Morena, con presunto financiamiento ilícito de campañas. Su hermano sí se entregó a la justicia estadounidense y actualmente colabora como testigo.
En Sinaloa, grabaciones difundidas por una fundadora de Morena mostraron supuestos sobornos al gobernador Rubén Rocha. Durante su campaña, el propio Rocha declaró que en Sinaloa “había que negociar con los narcos para poder gobernar”, palabras que hoy se interpretan bajo una nueva luz.
Otros escándalos involucran a figuras relevantes del partido. La gobernadora Marina del Pilar, de Baja California, vio cancelada su visa estadounidense por presuntos vínculos con el crimen organizado. En Tabasco, el caso de Hernán Bermúdez Requena —exsecretario de Seguridad y señalado como operador del Cártel Jalisco Nueva Generación— detonó una tormenta política. Bermúdez fue nombrado por Adán Augusto López y, según investigaciones, estaba implicado en huachicol, extorsiones y otros delitos. Su caso creció cuando se mencionó que las indagatorias podrían alcanzar a Andrés López Beltrán.
Lo más significativo es que Bermúdez fue denunciado no por opositores, sino por el propio gobernador morenista Javier May. Además, el jefe de la Zona Militar de Tabasco reveló que existía una orden de aprehensión desde febrero que la FGR había ignorado. Bermúdez terminó detenido por la Interpol en Paraguay.
Presiones y conflictos
Esta acumulación de casos ha endurecido la postura de Washington hacia México. Funcionarios estadounidenses de alto rango —incluyendo a la fiscal general Pam Bondi, el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio— han expresado dudas sobre la disposición del gobierno mexicano para enfrentar al narcotráfico. Otros funcionarios, como Tom Homan y Terry Cole, han sido aún más directos al señalar que la línea entre autoridades y cárteles “se ha vuelto difícil de distinguir”.
Pero no solo los testigos protegidos o gobiernos extranjeros han señalado anomalías dentro del oficialismo. También lo han hecho exfuncionarios del propio gabinete. Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda, renunció acusando a Alfonso Romo de decisiones sin sustento y conflictos de interés dentro del gobierno. Jaime Cárdenas, quien dirigió el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, renunció tras denunciar irregularidades y presiones. Alejandro Esquer, cercano colaborador de AMLO, ha sido señalado por presunto uso de empresas fantasma y por favorecer a familiares en cargos estratégicos en Pemex.
Los conflictos internos no son nuevos; el enfrentamiento entre Julio Scherer y el fiscal Alejandro Gertz Manero, las pugnas entre Santiago Nieto y el mismo Gertz, o las denuncias del exsecretario de Medio Ambiente Víctor Manuel Toledo sobre contradicciones internas de la 4T, revelan un gobierno plagado de rupturas.
Recientemente, el escándalo en torno a Raúl Rocha Cantú, dueño del certamen de Miss Universo develó su relación con Adán Augusto López, Andrés López Beltrán, el huachicol, casinos, restaurantes en Nueva York y más.
Todo esto acaba con la idea de que Morena, la 4T o AMLO son víctimas de conspiraciones externas. Por el contrario, los señalamientos surgen de adentro y de sus propias alianzas con personajes delictivos.
A medida que caen integrantes del partido y se conocen sus presuntos vínculos criminales, AMLO se queda cada vez más expuesto: un testigo no protegido dentro de la historia que él mismo ayudó a construir.
X: @diaz_manuel