Bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o durante sus operativos han muerto 18 mexicanos que buscaban el sueño americano. Lorenzo Salgado Araujo fue el más reciente, murió tras ser tiroteado por un agente de ICE en Houston, y las escenas dantescas profundizan una crisis diplomática que se siente como la bota del más fuerte acomodándose en el cuello del más débil con intención de acercarse a la cabeza. Como si no hubiese espacio para la decencia y menos para el derecho, Estados Unidos acumula gestos de hostilidad, desprecio y letalidad hacia México. Hubo un intento formal de acciones defensivas; fue despreciado.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, Salgado Araujo, de 52 años de edad, embistió un vehículo oficial y un agente federal disparó en defensa propia. La narrativa no cuadra con la realidad. El migrante fallecido no tenía antecedentes penales, vivía en Estados Unidos desde hacía 35 años y fue baleado mientras llevaba a su cuadrilla de construcción a una obra en Houston. Es decir, los agentes antiinmigrantes parecen practicar el deporte de la cacería, pero con seres humanos reales, no como en un videojuego. El extremo de la deshumanización.

Frente a ello, el gobierno mexicano decidió transitar de la nota diplomática a la acción jurídica. La Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Fiscalía General de la República, presentó denuncias ante fiscalías estatales estadounidenses y anunció otra ante el Departamento de Justicia, para que las muertes se investiguen en el ámbito penal. Envió, además, escritos de cese y desistimiento a los centros de detención donde han fallecido connacionales, el primero al de Adelanto, California, operado por una empresa privada, donde murieron cuatro mexicanos, exigiendo que cesen las omisiones que derivaron en esas muertes: la negación de atención médica pronta y la aplicación de políticas incompatibles con los estándares médicos y penitenciarios. Y llevó el asunto al plano internacional, con una comunicación al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, para que se analice la compatibilidad de estos hechos con las obligaciones internacionales de Estados Unidos.

La respuesta de Washington fue ilustrativa sobre las intenciones de ignorar los reclamos pues Michael Kozak, alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, devolvió las cartas al embajador Roberto Lazzeri, acusando a México de pretender “dirigir las acciones” de personal estadounidense en territorio soberano, y recomendó usar los canales diplomáticos habituales. Es una respuesta hábil que contiene un argumento fácilmente utilizado por López Obrador en México hace años consistente en la soberanía y el respeto al gobierno ajeno pero en este caso, el gesto merece leerse con cuidado. Devolver una carta no refuta su contenido, pero sí lo esquiva en un gesto de hostilidad, implica la negación siquiera a sentarse a conversar sobre el tema. Y la recomendación de volver a la vía diplomática resulta, cuando menos, irónica pues fue precisamente el agotamiento de esa vía mediante 11 notas de protesta sin esclarecimiento alguno, lo que empujará a México hacia los tribunales. El embajador Lazzeri respondió con precisión jurídica en cuanto a que la carta de cese y desistimiento no instruía al gobierno estadounidense, sino que se dirigía al contratista privado que administra Adelanto, en ejercicio de la función de protección consular que reconoce la Convención de Viena. En teoría, es el mínimo que un Estado debe a sus nacionales.

Aquí está el fondo del asunto. La soberanía que Washington invoca para blindar a sus agentes es la misma categoría jurídica que ampara el derecho de México a proteger a los suyos. No puede valer para una cosa y no para la otra. Cuando un Estado responde a la muerte de 18 personas devolviendo sobres cerrados, lo que devuelve, en realidad, es la pregunta: ¿qué queda del derecho internacional cuando la protección consular se trata como impertinencia y la vida de un migrante como daño colateral de una política? La historia dirá si estas denuncias prosperan en fiscalías y cortes estadounidenses. Pero hay algo que ya sabemos: Lorenzo Salgado Araujo salió una mañana a recoger a su cuadrilla y no volvió. Otros 17 mexicanos murieron y la pesadilla, peor que la deportación, ofrece nunca volver. Si eso no obliga a nadie a rendir cuentas, la cuestión deja de ser diplomática. Es sobre qué clase de orden internacional estamos dispuestos a llamar, todavía, derecho.