Me refiero brevemente a la entrevista concedida por Julio Rios Figueroa, profesor de derecho en el ITAM y miembro del Observatorio de Justicia, en el programa de Aristegui Noticias. Él, al lado de otros académicos especializados en análisis de la justicia y en la calidad de su impartición, han dado seguimiento al desempeño de los jueces y magistrados mexicanos desde la elección de 2025.
Con base en la información recabada, y considerando que apenas se cumplirá un año del ingreso de los jueces electos a sus respectivos cargos, se estima que, efectivamente, y como denunciaron desde un inicio analistas, jueces, ex magistrados, estudiosos del derecho y la opinión pública, ha existido un retroceso en términos de la independencia judicial.
El hecho mismo de que los candidatos electos en 2025 hayan tenido que salir a las calles a “ganarse el voto” de la gente, les acercó hacia los núcleos de poder, políticos y organizaciones sindicales con el músculo necesario para promocionarlos en territorio, pues por sí mismos ganar habría resultado imposible. Es decir, se ha confirmado la politización de la justicia.
En adición, otro de los elementos señalados por Rios Figueroa es el papel del Tribunal de Disciplina Judicial. A lo largo de un año de trabajo, ha ejercido presión sobre los jueces y magistrados que no fueron parte de la primera “tanda” de juzgadores que llegaron a la boleta en 2025, sino que tendrán que “competir” en la próxima edición de la elección judicial. A la luz de los análisis elaborados por el analista y el grupo de académico que le acompaña, el citado organismo ha sancionado prácticamente en solitario a los jueces de carrera, es decir, como he señalado, a los que no han participado aún en las “elecciones”.
Las sanciones están relacionadas principalmente con el sentido de las resoluciones emitidas y con los amparos concedidos. ¿Por qué los jueces y magistrados electos en 2025 no habrán incurrido en indisciplinas, faltas, o por qué sus resoluciones no habrán sido objeto de señalamientos por parte del Tribunal?
Puede anticiparse que una vez que la totalidad de los jueces y magistrados hayan sido “electos” las funciones del Tribunal de Disciplina se afinarán, y desafortunadamente, sus sanciones vayan más específicamente dirigidas a juzgadores que se aparten de los “postulados” del grupo político que hizo posibles que llegasen a los cargos que detentan.
En suma, la reforma al Poder Judicial ha dado sus primeros frutos, y para la vergüenza de muchos, han sido frutos podridos. Se ha cuestionado recientemente la resolución de la jueza que envió a Ernesto Ruffo al Altiplano, y la han señalado de plegarse a los designios de la FGR. Sin embargo, no ha sido el único caso, y con el tiempo, nuevos episodios tragicómicos de la difunta democracia mexicana saldrán a la luz.