Como se ha informado, Ernesto Ruffo ha sido formalmente encausado y hoy se encuentra, bajo la polémica figura de la prisión preventiva oficiosa, preso en el penal federal del Altiplano. Ha sido acusado por la FGR de dirigir una empresa directamente relacionada con el huachicol fiscal en el estado de Baja California. No se trata de una figura política cualquiera. Fue nada más ni nada menos que el primer gobernador de oposición en México, en aquellos años previos a la derrota del PRI.
Su aprehensión ha coincidido con la revelaciones de los audios protagonizados por su paisana, la gobernadora Marina del Pilar Ávila, cuya complicidad con el crimen organizado ha quedado bastante clara tras darse a conocer que habría entablado diálogos con funcionarios de agencias federales estadounidenses con el propósito de negociar de que el Departamento de Justicia no iniciase un proceso de extradición en su contra, como lo hizo con Rubén Rocha Moya.
¿Qué hay detrás del caso Ruffo? Según han informado la presidenta Claudia Sheinbaum y la fiscal Ernestina Godoy, existen pruebas claras que merecieron la aplicación de la prisión preventiva. Sin embargo, los mexicanos y la opinión pública bien podría plantearse las siguientes preguntas: ¿Existen pruebas contra Ruffo pero no contra Rocha, Insunza o Marina del Pilar? ¿No será que se trata de una mera estratagema para distraer la atención de los mexicanos y utilizar al exgobernador panista como un chivo expiatorio que sirva como mensaje de que el gobierno de la 4T sí combate el huachicol fiscal?
¿Por qué han procedido contra Ruffo mientras que la pandilla de narcopolíticos sinaloenses descansan tranquilos en sus casas? ¿No se trata de un vulgar encubrimiento político dirigido a proteger a cualquier hombre o mujer que pertenece a su movimiento? ¿O tal vez porque se vienen más audios de la actual gobernadora bajacaliforniana?
Otro hecho que ha suscitado sospechas es el hecho de que los abogados de la FGR hayan desestimado el rechazo inicial de un juez federal que negó el procesamiento de Ruffo, al tiempo que optaron inmediatamente más tarde por recurrir a otra impartidora de justicia cuya resolución resultase de acuerdo a sus propósitos.
La defensa a ultranza de los narcopolíticos de su partido, sumado al escarnio público propinado a personajes como Ruffo o Maru Campos merece ser cuestionado. Si el exgobernador de Baja California ha estado involucrado en crímenes de cualquier naturaleza, naturalmente que deberá ser sentenciado. Sin embargo, lo que sí que debe denunciarse es una probable persecución política, el encubrimiento y el tratamiento diferenciado entre miembros y “enemigos” de la clase política morenista.