Fui a ver Coyote vs. Acme y me reí un buen rato, pero la premisa se me quedó rondando en la cabeza. En la película, el Coyote se cansa de que los productos de la corporación le exploten en la cara y decide dejar de correr a ciegas; contrata a un abogado y busca otro camino. Pensaba en eso viendo la relación de México con Washington, ahora bajo el asedio constante de la administración Trump y con los ecos de septiembre todavía frescos en el ambiente.
El jueves 17, tras las exigencias de Washington de investigar a funcionarios, la respuesta oficial se refugió en la dignidad de la mañanera: “no necesitamos que nos juzguen desde afuera”. Es una exigencia justa. Pero el problema es que, hasta ahora, queda ahí, en el discurso, sin un mecanismo que obligue a Estados Unidos a rendir cuentas sobre el tráfico de armas o el consumo interno. Tres días después llegó la otra mitad del mensaje: la directora de la ONDCP, Sara Carter, advirtió que Washington podría revocar visas a políticos con sospecha de nexos con cárteles, aunque aclaró que la decisión corresponde a Estado y Justicia, no a su oficina, y que están “muy contentos” con la cooperación de Sheinbaum. No es solo amenaza, es cooperación con condicionamiento.
Y el margen de maniobra es cada vez más estrecho. Con un vecino incómodo donde la máxima de “pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos” duele en cada amago arancelario, la cuerda está tensa al límite.
Cierto es que México sí sabe usar herramientas institucionales: ahí está el panel del T-MEC sobre reglas de origen automotriz, que el propio Estado activó y ganó en 2023. El gobierno no está completamente desarmado; de hecho, la mesa de negociación de finales de septiembre encabezada por Marcelo Ebrard busca reajustar balanzas comerciales para calmar la presión de los aranceles.
Sin embargo, ahí radica la trampa del Coyote: usamos los dientes institucionales para el comercio, pero frente a los “irritantes” políticos de seguridad, visas y presión injerencista, seguimos reaccionando golpe por golpe en el terreno discursivo. Exigir cooperación sin un expediente técnico vinculante que obligue a Washington a poner su casa en orden es seguir corriendo tras el Correcaminos.
Respaldar este proyecto político no significa aplaudir cada sobresalto ni creer que un discurso frena por sí solo la presión de una superpotencia. Un país que negocia exclusivamente desde la coyuntura, por más dignidad que ponga en la mañanera, sigue pendiendo de que la corporación del norte decida no encender la siguiente trampa.
La pregunta no es si México tiene razón en exigir respeto soberano; la tiene. Es si las mesas de negociación llegan con la capacidad de Estado armada para cobrar reciprocidad real, o si nos conformamos con la frase correcta del día. Lo demás es seguir corriendo, de los dos lados de la frontera, sin que nadie contrate al abogado.