He escrito sobre el caso Rocha Moya orientado por juristas de primer nivel. Ninguno, desgraciadamente, ha tomado en cuenta la historia de México al analizar la petición de Estados Unidos para detener provisionalmente, con fines de extradición, al gobernador con licencia de Sinaloa.
Tampoco tales expertos acertaron a considerar una doctrina emparentada con el derecho, pero que pertenece más bien a las categorías de la filosofía política: la prioridad de orden. Esta se refiere a la facultad discrecional de un Estado soberano para determinar, en casos de crisis o excepción como el de Rocha Moya, cuál de los ordenamientos jurídicos a los que está sujeto —el interno o el internacional— debe tener preeminencia.
Pienso que la presidenta Claudia Sheinbaum ha aplicado la doctrina de prioridad de orden para enfrentar adecuadamente la presión de EEUU relacionada con las extradiciones de políticos en activo. Dada la gravedad de la solicitud, el gobierno de aquel país debió presentar no solo un simple escrito —además cargado de injurias—, sino pruebas contundentes acerca de los presuntos delitos, esté o no obligado legalmente a hacerlo por los términos del tratado.
El gobierno de México no ha negado la validez del tratado de extradición con EEUU; sin embargo, por razones de Estado, no parece que vaya a ceder en este caso, o al menos no sin un análisis previo extremadamente detallado que podría rebasar, por mucho, los tiempos ordinarios en estos asuntos.
Argumentar desde las razones de Estado se justifica plenamente porque exigir pruebas duras —que no se han aportado— va más allá de la “legalidad internacional”: es una respuesta, desde el principio de la soberanía, a la asimetría de poder en la relación entre México y EEUU.
Dados algunos episodios históricos de intervencionismo y hechos recientes que evidencian una actitud a veces amistosa, pero frecuentemente hostil hacia México de parte del gobierno estadounidense, el cumplimiento del tratado de extradición en este caso debe ser analizado con lupa por las autoridades mexicanas. Podríamos no estar ante un acto de justicia de las cortes del vecino del norte, sino frente a un intento de lawfare para someter la política mexicana a los dictados de aquella nación.
Ante la sospecha fundada de un ataque a nuestra soberanía, la respuesta del Estado mexicano es defenderla más allá de los tratados internacionales.
La ‘legalidad internacional’ ha justificado, contra México, guerras, invasiones y pérdida de territorio. Las mayores agresiones extranjeras que hemos sufrido siempre llegaron con un expediente jurídico internacional bajo el brazo. Veamos.
La Guerra de los Pasteles (1838). Antes del bloqueo naval francés hubo reclamaciones legales. Panaderos de esa nacionalidad exigieron una indemnización de 600 mil pesos de la época porque oficiales mexicanos dañaron su mercancía. Aquellos 600 mil pesos representaban casi el 5% de los ingresos anuales del país. El 5% del presupuesto federal de 2026 son unos 500 mil millones de pesos actuales. Era un abuso vulgar, pero Francia decidió que era legal cobrar mediante bombardeos en Veracruz.
La Intervención Francesa (1862). Francia se escudó en la denominada Convención de Londres para dirimir, por la fuerza de las armas, la moratoria de pagos decretada por Benito Juárez. El derecho internacional justificó una invasión a gran escala. Juárez resistió con enorme sacrificio, hasta que finalmente alcanzó el éxito. La nación soberana quedó a salvo.
El Tratado de Guadalupe Hidalgo (1848). Fue legal, pero lo firmamos con una pistola en la cabeza. Es un cruel ejemplo de cómo el “derecho internacional” puede ser utilizado para legitimar un enorme despojo. El Estado mexicano fue legalmente coaccionado por EEUU a ceder el 55% de su territorio.
¿Que tales ejemplos son anacronismos, barbarie del pasado que hoy no se repetiría porque el actual gobierno de EEUU es incapaz de actuar militarmente contra naciones soberanas? En Venezuela e Irán —y en Cuba— tienen otros datos.
En el caso Rocha Moya no estamos frente a un litigio internacional, ni siquiera ante presiones políticas tradicionales: estamos frente al espejo de la historia.
La “legalidad internacional” exige cumplir con la detención provisional del gobernador con licencia de Sinaloa y otros nueve políticos. Sin embargo, considerando que la prioridad de orden es una doctrina de resistencia jurídica, México parece decidido a no aceptar las solicitudes de extradición sin pruebas contundentes.
Es verdad: el tratado entre ambas naciones no exige que tales pruebas se presenten en esta etapa. No obstante, dada la agresividad del actual gobierno de EEUU y el recuerdo de cómo se ha usado la “legalidad internacional” en el pasado, el Estado mexicano prefiere actuar con extrema cautela antes de ceder en un proceso que bien podría no ser jurídico, sino un intento más de inaceptable injerencia.
Existe, en efecto, una orden de arresto en EEUU contra Rocha Moya, y México tiene compromisos internacionales que le obligarían a obsequiar rápidamente la extradición. Pero…
¿Y si Rocha fuera inocente? ¿Si se tratara solo de un pretexto de grupos conservadores de allá, aliados de la ultraderecha local, para combatir al gobierno mexicano de izquierda? ¿Se debe permitir que un inocente vaya a la cárcel solo por un manejo conveniente de la “legalidad internacional”?
Se debe evaluar el asunto no solo con base en la letra de los tratados internacionales, sino a partir de valores superiores como la soberanía.
“Si no hay pruebas, no hay delito”, ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum. O no existen o tales pruebas no han sido exhibidas por el gobierno de EEUU. En un caso tan delicado, atender sin más los tratados de extradición equivaldría a claudicar.
Lo más relevante no es la “legalidad internacional”, que las potencias pisotean cada vez que se les pega la gana. Lo importante es la patria, decirle al mundo, como en los tiempos de Juárez, que México resistirá.
En las extradiciones de políticos lo que está en juego, para México, no es el derecho internacional, sino nuestra historia de lucha por la soberanía.
Estamos ante el enfrentamiento de dos visiones de Estado: la procesal/leguleya —esgrimida por abogados cortos de miras, por la oposición conservadora y por grupos empresariales —y la histórica/soberanista, que está en la esencia del gobierno de izquierda de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El nudo de la discusión no es la situación de Rocha Moya —que él enfrentará ante autoridades mexicanas con las garantías de nuestras leyes; su licencia, se ha aclarado, sí le quita el fuero—; el debate verdadero es sobre la jerarquía de valores en la toma de decisiones nacionales.
Es verdad que, en derecho, rige el pacta sunt servanda (lo pactado obliga). Si México firmó tratados, debe cumplir con ellos al pie de la letra, pero… siempre hay excepciones. Dada la importancia de las extradiciones solicitadas, lo menos que puede hacer EEUU es demostrar que tiene pruebas irrefutables de la culpabilidad de los acusados. Si no las exhibe o no existen, México no puede aceptar que haya delitos. Es una manera de decir “no pasarán”, por si acaso tuvieran la intención de intervenir en nuestro territorio.
En una situación tan compleja como la actual, perderse en los laberintos legaloides de los tratados de extradición se acerca al entreguismo: significa aceptar una jurisdicción ajena sobre un tema de la política mexicana que debería ser estrictamente interno.
No estoy defendiendo a Rocha Moya —si es inocente o culpable, lo decidirán la FGR y el poder judicial mexicano—. La prioridad no la tiene la duda razonable del proceso penal en EEUU: la primacía es la razón de Estado, que obliga a proteger, ante todo, la soberanía de nuestra nación.
Si México cediera sin más a las solicitudes de extradición de Rocha Moya y otros políticos de Sinaloa, estaría aceptando la subordinación de su sistema judicial completo. En este caso, ¿quién seguiría? Respuesta: cualquier persona, de cualquier nivel, de cualquier partido o actividad económica. Se estaría dejando en manos de gobernantes y jueces de otro país, EEUU, el derecho penal mexicano.
La historia ha demostrado que, cuando se permite a un juez extranjero dictar sentencia sobre otro territorio, se pierde el Estado soberano.
Si EEUU usa sus leyes para extender su poder extraterritorialmente, México debe usar los mejores ejemplos de su historia para resistir; ninguno más adecuado que Benito Juárez, hoy evidentemente la gran inspiración de Claudia Sheinbaum.
La presidenta bien podría decir: “La patria no se litiga, la patria se defiende”.