Nahle, no mame, todos vimos el derrame
Díganos quién va a pagar los platos rotos
Son jarocho de protesta anónima
El derrame de petróleo registrado en el Golfo de México es consecuencia de años de negligencia, opacidad y decisiones fallidas en política energética. El evento ha contaminado más de 630 kilómetros de costa en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, con toneladas de hidrocarburos vertidos y decenas de puntos afectados por chapopote.
Según Greenpeace México, el origen se ubica cerca de la plataforma Abkatún. Hasta el día de ayer, autoridades reportaron haber recogido más de 800 toneladas de residuos que han contaminado cientos de kilómetros de costa.
Por su magnitud, este desastre solo es comparable con el derrame de Ixtoc I que ocurrió hace más de cuatro décadas, con una gran diferencia, este sucede en pleno siglo XXI, bajo la administración de un gobierno que prometió rescatar al sector energético, pero que hoy lo mantiene en crisis.
Una cadena de accidentes
Si bien el deterioro de Petróleos Mexicanos no es reciente, sí se ha agravado en los últimos años, principalmente desde la administración de Andrés Manuel López Obrador con explosiones, incendios y derrames recurrentes.
En 2019, la tragedia de Tlahuelilpan dejó más de 140 muertos. En 2023, explotaron instalaciones en Veracruz y la plataforma Nohoch-Alfa. En 2024, ardió Akal-B. Y en 2026, la refinería Olmeca “la joya de la corona”, registró incendios y víctimas mortales.
A estos desastres se suman el megaderrame de Ek Balam en 2023, de Salina Cruz en 2022 y fugas constantes en el complejo Cantarell, desde 2023.
Las cifras del daño son contundentes: al menos 270 derrames relevantes desde 2018 y más de 6 mil incidentes si se incluyen los menores. Un conjunto de eventos que revela el deterioro del sistema.
Sin mantenimiento ni rendición de cuentas
Este contexto no puede entenderse sin señalar responsabilidades. El productivo entramado del huachicol y la corrupción arraigada en la política energética instaurada por la 4T, con Rocío Nahle, Manuel Bartlett y Octavo Oropeza y continuada en el segundo piso vía la tabasqueña Luz Elena González.
Bajo la gestión de Rocío Nahle en la Secretaría de Energía, se priorizaron la refinación y los megaproyectos, mientras se relegaban aspectos críticos como mantenimiento, seguridad industrial y supervisión operativa, dando como resultado instalaciones envejecidas y una empresa operando al límite.
Con Luz Elena González la respuesta oficial ha sido minimizar los hechos. Frente a uno de los mayores desastres ambientales recientes, la postura raya en la negación y el intento de desviar la atención sugiriendo que el derrame pudo originarse por causas naturales —como chapopoteras— insistiendo en que no hay evidencia de fallas de infraestructura o incluso, responsabilizando a terceros.
Aparte de insuficiente, esta narrativa es peligrosa, porque, cuando el Estado descarta su responsabilidad, cancela la rendición de cuentas. Y sin rendición de cuentas, los errores tienden a repetirse.
Más alarmante resulta que la propia presidenta Claudia Sheinbaum salga a respaldar esta postura, cuestionando incluso a organizaciones como Greenpeace dejando en claro el mensaje de que, ante la evidencia, primero se protege la narrativa.
Consecuencias de un desastre ambiental
Mientras el discurso oficial se esfuerza en diluir responsabilidades, los efectos son visibles: fauna marina muerta, manglares contaminados, comunidades pesqueras afectadas y ecosistemas degradados. El daño es económico, ambiental y social. Y en muchos casos, irreversible.
Los gobiernos estatales de las entidades afectadas han replicado el mismo guion: minimizar, deslindarse y evitar confrontaciones con el poder federal. Una cadena de omisiones donde nadie asume la responsabilidad.
El desastre ambiental ocurrido en el Golfo es consecuencia de una política energética que privilegia la narrativa ideológica y que toma de decisiones pasando sobre criterios técnicos; que apuesta por megaproyectos que operan muy por debajo de las expectativas y descuida el mantenimiento de la operación cotidiana, en este caso, de un sector pilar de la economía de México.
La responsabilidad que recae sobre Rocío Nahle y Luz Elena González no es menor, durante sus gestiones el sector ha pasado por accidentes, deterioro operativo y crisis ambientales y negarlo no cambia los hechos.
Este derrame, lejos de marcar un punto de inflexión, se intenta minimizar como un episodio más, cuando la realidad es otra: México enfrenta uno de los mayores desastres ambientales de su historia reciente mientras las autoridades muestran incapacidad —o falta de voluntad— para reconocerlo, investigarlo a fondo y, sobre todo, evitar que vuelva a suceder.
X: @diaz_manuel