Mientras los titulares hablan de sanciones por lavado de dinero, y la CNBV asume la responsabilidad de administrar tres bancos mexicanos que repentinamente entraron al radar de Washington, el verdadero problema está en otro lado. No en el monto exacto de las transacciones bajo sospecha, ni siquiera en si CIBanco, Intercam o Vector tuvieron responsabilidad directa. El problema (el que no se quiere decir en voz alta) es que Estados Unidos ya no confía en el sistema financiero mexicano. Y no estamos reaccionando con la seriedad que ese hecho demanda: No es una sanción financiera. Es una advertencia estratégica.
La decisión de incluir a instituciones mexicanas en la lista de entidades vinculadas con redes del tráfico de fentanilo no surge de un error aislado del Departamento del Tesoro. Responde a una lógica que mezcla seguridad nacional, presión electoral interna por la próxima elección intermedia, y una creciente percepción —real o inducida— de que México no tiene ni voluntad, ni capacidad de romper el maridaje entre crimen organizado y estructuras legales.
La intervención de la CNBV fue rápida, pero no necesariamente estratégica. Evitar el desmoronamiento de una institución bancaria está bien. Pero la reacción institucional mexicana siguió un patrón ya conocido: responder con indignación y buscar el desmentido, en lugar de entender el fondo que es: la reputación financiera de México está siendo cuestionada al más alto nivel diplomático.
Si las cosas siguen esta ruta, hay tres caminos por delante. El primero, el más optimista, implica estabilización, reforzamiento regulatorio y una diplomacia silenciosa con EE.UU. para limitar daños. El segundo, es un escenario de contagio: más sanciones, más instituciones mexicanas en la mira, pérdida de líneas de corresponsalía y fuga de capitales. Y el tercero, el más peligroso, es el de la ruptura: cuando el sistema financiero sea considerado parte del problema estructural del narcoestado que algunos sectores en EE.UU. creen ver en México.
Y esto último, aunque suene alarmista, ya se está insinuando en los pasillos del Capitolio y en los discursos de legisladores republicanos como Lindsey Graham o Dan Crenshaw. No es una exageración: es una narrativa en construcción.
El gobierno de Sheinbaum ha intentado deslindarse, alegando que no hay pruebas claras. Puede ser cierto, pero eso no exime de responsabilidad diplomática ni resuelve el golpe reputacional. De poco sirve decir que no se tiene información si no se reconoce que el problema es más profundo: no es lo que hicimos, es lo que ya no creen que podamos hacer.
La Secretaría de Hacienda exige evidencia a EE.UU., mientras en paralelo, los bancos más importantes absorben liquidez de clientes que huyen de las instituciones sancionadas.
¿Qué hacer?
1. Conciencia reputacional: México necesita entender que está siendo observado como un espacio gris en el mapa financiero global. La confianza perdida cuesta más que cualquier multa.
2. Estrategia diplomática proactiva: no basta con que la cancillería niegue nexos. Se requiere una unidad especializada en riesgo financiero y reputacional internacional, que entienda cómo funciona la lógica del Tesoro, FinCEN y la OFAC.
3. Blindaje sistémico: si más bancos mexicanos caen, aunque no sean culpables, el impacto será estructural. Banxico, SHCP y la banca grande deben anticiparse con mecanismos de respaldo y absorción inmediata de clientes altamente expuestos.
4. Limpieza interna real: la narrativa de la 4T sobre moralidad no basta. Si hay vínculos políticos, financieros o corporativos con redes criminales, deben ser expuestos antes de que lo hagan desde Washington.
La verdadera sanción es la que no se ve. Estados Unidos no está sancionando por capricho. Está haciendo política exterior con herramientas financieras. México necesita dejar de reaccionar como si fuera una víctima de difamación y empezar a actuar como un país que quiere recuperar credibilidad. Porque en el mundo financiero, la reputación no se gana con comunicados: se gana con hechos verificables y ya vamos tarde.