La revocación de mandato es un recurso democrático de empleo extraordinario. Lamentablemente la institución se ha manipulado con frivolidad extrema; no es para ratificar, es para remover a un gobierno repudiado. Hay un mal diseño constitucional porque se atendió el deseo del presidente López Obrador de recurrir a tal procedimiento como fórmula para reafirmarse en el poder bajo la falsa tesis de que el pueblo pone, el pueblo quita. Se pensó hacerla concurrente a la elección intermedia para permitir que el presidente interfiriera en la elección. Los legisladores resolvieron que tuviera lugar un año después de los comicios para elegir diputados y las elecciones locales concurrentes. Fue un fracaso, el proceso de 2022, apenas participó 17% de los ciudadanos, 57% de los que le votaron en 2018.
La solicitud de revocar requiere el 3% de firmas del padrón electoral, cifra ridícula a partir del significado y de los efectos de un procedimiento de tal naturaleza. Por otra parte, para que tenga efectos se necesita una participación de al menos 40% de los votantes. Esto significa que un presidente o presidenta puedan ser removidos por el equivalente al 20% más uno de la lista nominal. López Obrador fue electo por más de 30 millones de votos, 18.5 millones de votos podrían removerle. Claudia Sheinbaum fue electa por casi 36 millones de votos; para revocarle se requerirían aproximadamente 20 millones de votos. Si la idea es que la revocación tuviera un sentido democrático, para que procediera debieran exigirse más votos que los alcanzados para llegar al cargo.
El diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar planteó unificar el procedimiento de revocación con los comicios intermedios, donde adicionalmente a los diputados se va a elegir la mitad de los juzgadores del Poder Judicial Federal y las elecciones locales concurrentes de ayuntamientos y alcaldías en casi todo el país, y 17 gobernadores. El argumento para unificar la elección es evitar el gasto para 2028, la realidad es que se pretende que la presidenta Sheinbaum pueda hacer campaña con todas las ventajas que le ofrece el cargo. En otras palabras, más que ahorro se pretende que el proceso de ratificación presidencial se sobreponga a las elecciones intermedias con la idea de potenciar el voto a favor de Morena para todas las elecciones en la misma fecha.
Llama la atención que el PAN no se manifestara en contra de la unificación de los procesos. Es un error elemental, incluso la oposición debería rechazar que haya revocación porque el problema no es la presidenta, sino López Obrador y el proceso le sirve y fortalece su influencia. Por otra parte, la elección intermedia es local y este terreno es el idóneo para la oposición, más para el PAN por su presencia en muchos de los ayuntamientos poblados. Morena sufre un elevado rechazo donde gobierna, sean municipios o estados.
La postura del PAN es propia de una dirigencia centralista que lleva implícito un desdén por lo local. La concurrencia de la ratificación de mandato hace de la intermedia una competencia nacional que favorece a Morena, además del previsible abuso e inequidad. El PAN habla de que la reforma debe acompañarse de una nueva elección presidencial y que no solo la presidenta sea objeto de ratificación, sino la totalidad de los mandatarios estatales. Una jugada de pizarrón que parte de premisas discutibles, entre otras, que el PAN sería la fuerza opositora más beneficiada por la polarización propia de la ratificación del mandato, además, las pretensiones del PAN son inviables porque Morena y asociados cuentan con los votos para modificar la Constitución a modo.
Para el PT y el PVEM tampoco es funcional el cambio porque favorece a Morena y vuelve prescindibles electoralmente a los partidos coaligados. Por otra parte, el escenario nacional está cambiando y con ello el consenso en torno a la presidenta. Cada vez queda más claro que la revocación puede tener efectos perniciosos para el mandato democrático. Claudia Sheinbaum fue electa por seis años y terminar anticipadamente alteraría la estabilidad política, además de revertir una decisión democrática para que la elección del nuevo mandatario no tuviera lugar por voto popular. Utilizar la revocación de mandato para interferir en las elecciones y acrecentar la inequidad electoral es un riesgo mayor ante dos factores que amenazan seriamente al país: el crimen organizado y la resurrección del imperialismo hemisférico norteamericano.
El país, a expensas de intereses políticos incapaces de ver más allá de la cortedad de sus intereses, ignorando sus responsabilidades con la nación.