Hace diez meses Renata fue atacada en vida por una mano que conocía. Renata Palmer tenía 32 años de edad, una hija de dos años. Fue asesinada con nueve heridas de arma blanca, una saña tan deliberada que ni siquiera le permitió un grito de auxilio. Sucedió frente a su propia hija. A pesar de que el caso es parte de la violencia contra las mujeres en su máxima expresión, la complicidad institucional ha convertido este episodio en la negación de la realidad.
El 9 de octubre la Fiscalía presentó el caso como lo que es. Feminicidio. Una categoría jurídica que existe precisamente para nombrar lo que ocurre cuando la violencia machista asesina y que describe condiciones específicas como razones de género, abuso sexual, vínculo sentimental, tortura o agresiones previas. El Código Penal incluso dice que cuando hay extrema saña, cuando hay degradación, cuando existe confianza entre víctima y victimario, el crimen debe llamarse por su nombre. El problema de la reforma judicial es que algunos hombres que no están familiarizados con la justicia, casos y ley, llegaron a ocupar el espacio de juzgadores y lo hicieron arrastrando sus propios prejuicios, machismo y misoginia.
Después de la clasificación hecha por la Fiscalía, un juez electo por voto popular en Tlalnepantla decidió que no era feminicidio. Decidió que las nueve heridas no contaban, que la confianza de la vecindad no importaba, que la muerte de una mujer degollada frente a su hija era cosa menor y que todo eso no era suficiente para perseguirse conforme al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género que hace tiempo emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Homicidio.
La madre de Renata está luchando, como abuela de una pequeña huérfana por feminicidio y como una madre que lucha por su hija. Ella ha señalado que el juez actuó sin perspectiva de género. En 2028 habrá otra elección judicial para renovar la segunda parte del espacios para juzgadores.
Los escándalos más dolorosos están relacionados con el sufrir de las mujeres cuando intentan hacer realidad todo eso que ya se colocó en la ley. Durante una década, estudios tras estudios, informes de organismos internacionales de derechos humanos, investigaciones de la propia Suprema Corte de Justicia han documentado lo que algunos prefieren llamar “deficiencias de capacitación” en la judicatura mexicana respecto a la violencia de género. Yo lo llamo por su nombre, una negación sistemática de justicia. Es la reproducción, en la boca de la autoridad, de la misma lógica machista que mata a Renata. Primero la mata el vecino. Luego la mata el juez, esta vez en la ficción legal, esta vez diciéndole al mundo que su muerte fue un accidente, un homicidio sin contexto, un asesinato sin causa.
El mecanismo es perverso. Al reclasificar el feminicidio como homicidio, el tribunal no solo niega justicia a una familia destrozada sino que niega la existencia misma del patrón que mata mujeres en este país. Cada feminicidio desclasificado es un ladrillo menos en la pared de prueba que sostiene que existe una crisis. Impacta a la estadística pero impacta el doble a las familias. Si todas las muertes de mujeres son “solo homicidios,” entonces no hay patrón porque según la autoridad jurisdiccional, no hubo machismo detrás. No hay estructura. No hay, en consecuencia, necesidad de reformar nada, ni las disposiciones que permitieron la llegada y permanencia de ese tipo de juzgadores.
Es una expresión misma de fracaso institucional, una muestra de que de pronto, ninguna reforma a la reforma podría contener el machismo que culturalmente impregna a los humanos que juegan a dar la última palabra. Esto es lo que Ferrajoli llamaría la negación de la garantía: cuando el sistema judicial abdica de su función de proteger derechos fundamentales y se convierte, en cambio, en su negación. La vida de Renata no era solo vulnerable como una mujer y madre dentro de territorio con violencia y feminicidios altísimos, como lo es el Estado de México. Su vida merecía una respuesta institucional que reconociese esas condiciones específicas, esa violencia específica, ese género específico del crimen. En lugar de eso, recibió la frialdad de una categoría genérica que la desaparece de la historia de la violencia contra mujeres, que la convierte en un número más de homicidios, anónima y sin contexto.
El problema es que un caso se suma a otro y a varios que vuelven este tipo de defectos en factor que agrava la justicia, por eso debemos nombrar también la ironía brutal de la elección popular de jueces. Se suponía que traería democracia, cercanía, legitimidad. En cambio, ha abierto la puerta a juzgadores sin capacitación especializada, sin perspectiva, sin los rigores técnicos que demanda un delito tan complejo como el feminicidio. El juez que decidió negar justicia a Renata fue elegido por voto popular. Fue el pueblo quien lo puso ahí. El punto es que el pueblo ya no tolera la injusticia y lo mínimo que puede suceder es que el Tribunal de Disciplina Judicial valore el actuar de este juez, que magistrados reparen el error y que la historia de Renata se cuente en los juzgados como se relata en la realidad, como un crimen de género que nunca debió ocurrir.