Buena intención: obligar por ley a Uber, Rappi, Didi y otras plataformas a considerar a los conductores y repartidores como empleados con todas las prestaciones de Ley y seguridad social.

Dura realidad: los conductores y repartidores deberán pagar entre diez y 30% de sus ingresos por concepto de Impuesto Sobre la Renta por ser empleados. Hoy pagan 2.1% de ISR como trabajadores independientes. Las prestaciones vendrían con un precio que para muchos trabajadores resultaría impagable.

Buena intención: obligar a que las aplicaciones contraten a repartidores y conductores y les paguen “lo justo”.

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Dura realidad: “lo justo” lo determina el mercado de trabajo. De acuerdo con un estudio de OXFAM, 58% de los repartidores de apps tienen estudios de bachillerato. El mismo estudio asegura que una persona con bachillerato gana, en promedio, 6,000 pesos mensuales en un trabajo formal en la Ciudad de México. Actualmente, 6 de cada 10 repartidores de apps obtiene utilidades (ingresos menos gastos) de entre 6 mil y 20 mil pesos mensuales.

Buena intención: que las aplicaciones contraten a sus repartidores y conductores y les den más derechos a cambio de reglas y horarios fijos.

Dura realidad: en una industria donde 1 de cada 3 repartidores dice que su principal motivo para trabajar usando una app es porque le permite disponer libremente de su propio tiempo, tener un horario sería equivalente a ponerles la soga al cuello.

Buena intención: los trabajadores de apps -como todos los ciudadanos– enfrentan en la vía pública un contexto de inseguridad, violencia y acoso sexual. Los gobiernos tienen que recaudar más recursos para prevenir y resolver esos problemas.

Dura realidad: Si se obliga a las empresas de las apps a contratar a repartidores y conductores, estas contratarían únicamente a una muy pequeña fracción de ellos, generando mayor desempleo y, además, una caída en la recaudación fiscal. Eso le dejaría menos recursos a los gobiernos para prevenir y resolver la inseguridad, la violencia y el acoso. Al mismo tiempo, habría no solo la misma gente haciendo pedidos y menos repartidores para entregarlos, habrían zonas sin reparto y restaurantes que perderían esta oportunidad para generar ingresos. Esto empujaría los precios al alza, los tiempos de espera y una grave afectación al ya golpeado sector restaurantero en el país.