La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado esta semana, fiel a la práctica obradorista de utilizar a la Constitución general como si fuese una pizarra escolar donde puede escribirse y hacerse tachones, que enviaría una propuesta de ley que prevé que el INE cuente con una órgano responsable de procesar investigaciones, de la mano de las agencias de inteligencia mexicanas, relacionadas con candidatos que pudieran tener lazos con el crimen organizado.
La propuesta ha sido criticada por especialistas. Primero, porque supone una nueva carga para el INE que se encuentra fuera de su ámbito competencial y para la cual no cuenta con capacidades técnicas, y segundo, porque el resultado de la pesquisa recaerá, al final, en las instituciones del gobierno federal, amén de los continuos recortes presupuestales asestados contra las autoridades electorales como consecuencia de la irresponsable austeridad republicana. Esto podría suponer, a juicio de los críticos, que será el propio aparato del Estado el que, a conveniencia, podría determinar si un candidato ha estado involucrado con actividades criminales.
Sin embargo, lo que el régimen gobernante no desea reconocer es que la infiltración del crimen organizado no depende más de leyes o reformas, sino de una verdadera voluntad política de los dirigentes para atacar frontalmente a los cárteles de la droga. ¿De qué sirven reformas legales si, al final, todo dependerá del criterio discrecional de un puñado de individuos en una habitación con la capacidad de determinar si un párrafo de la ley es aplicable?
Si la reforma que se ha planteado hubiese estado en vigor en 2021, ¿se habría evitado que Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y el resto de presuntos delincuentes llegasen a ser candidatos de Morena? ¿No se tenía ni la menor idea sobre los probables lazos de estos sujetos con el cártel de Sinaloa? ¿O qué decir de la responsabilidad de Quirino Ordaz, gobernador saliente que entregó el poder a Rocha? ¿Qué habría sido diferente si hubiese existido un mecanismo para “detener” las candidaturas de sujetos relacionados con el crimen organizado? Muy probablemente, nada.
Lo que es urgente, en contraste, es una auténtica purificación de las instituciones para que actúen como auténticas garantes de la gobernabilidad y del respeto de la ley, en vez de servir a los intereses facciosos de un grupo político, y que hagan posible el tránsito de un Estado dominado por los criminales hacia otro donde impere la ley y el interés público de todos los mexicanos.
En suma, la propuesta resulta más un esfuerzo de presentar ante la opinión pública una “acción” del gobierno ante la crisis provocada por Rocha, que como una estrategia de Estado dirigida a limpiar la política mexicana del cáncer de la infiltración del crimen organizado.