Analizar la reforma electoral anunciada por la presidenta Sheinbaum comienza por lo positivo que es la adaptación de la ley a las nuevas formas de atentar contra la voluntad popular a través de la manipulación algorítmica que está probado, influye en la percepción del electorado y puede dirigir voluntades o rechazos de manera artificial, haciendo parecer que las mayorías opinan algo o que un hecho falso es certero tan solo por su reiterada repetición.
La democracia siempre ha temido a sus fantasmas. Antes eran urnas embarazadas, boletas marcadas en la madrugada, caudillos que hablaban en cadena nacional mientras el sistema se caía pero hoy es posible programar la voluntad popular desde algoritmos de redes sociales. Por ello, no es menor que la presidenta Claudia Sheinbaum haya incluido como parte de la propuesta de reforma electoral la regulación de la Inteligencia Artificial (IA) y la prohibición de bots.
Más allá de ser una regulación sobre tecnología e Inteligencia Artificial, las reglas del juego implican un estándar probatorio digital sobre el cual se construye la narrativa y la verdad.
La iniciativa enviada al Congreso modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para introducir reglas específicas para contenidos generados con sistemas automatizados. La propuesta descansa en tres ejes: prohibición de deepfakes y suplantación de identidad, restricción del uso de bots para manipular tendencias y obligación de etiquetar contenidos creados con Inteligencia Artificial, lo cual es mínimamente ético y debería incluirse no solo para candidatas y candidatos, también para medios de comunicación, periodistas y columnistas que forman parte de la nueva hegemonía del pensamiento construida de manera sintética y homogénea por inteligencias artificiales que cuentan con la misma información y los mismos datos, con todos esos textos que dicen lo mismo usando palabras distintas, con esos recursos de guiones largos, frases cortas, sintaxis de GPT y contrastes de “esto no es sobre aquello sino sobre algo más exagerado”. Además, faculta al Instituto Nacional Electoral (INE) para ordenar la suspensión inmediata de propaganda digital que infrinja la ley.
En el debate, intersectan argumentos sobre libertad de expresión y la posibilidad o puerta de la mala aplicación de la nueva legislación que en caso de ser aprobada, podría excluir del universo informativo algún contenido que incluya verdades incómodas solo por contener IA pero al mismo tiempo, contribuye a dar certeza de que lo que vemos realmente existe, alejándonos de las noticias falsas y la desinformación… aun así, vale la pena cuestionarnos: ¿puede una democracia sobrevivir si ya no sabemos distinguir la voz real de la voz fabricada?
El peligro de la voz robada
La clonación de voz e imagen con fines electorales es una práctica que ya circula en redes con una eficacia inquietante. La reforma prohíbe expresamente el uso de IA para suplantar candidaturas durante procesos electorales y prevé sanciones administrativas y el retiro inmediato del material.
Aquí el debate es técnico sobre la capacidad de identificarlo así como ético y constitucional. La suplantación digital no solo engaña al electorado sino que también erosiona el derecho a la identidad, a la imagen, al buen nombre y distorsiona la deliberación pública en tanto que hace de la contienda un teatro de sombras, como en la parábola de la caverna de Platón donde vemos solo lo que nos proyectan y no la luz o el conocimiento en sí mismo. Si cualquier persona puede “decir” cualquier cosa sin haberla pronunciado jamás, la rendición de cuentas se vuelve imposible y la posverdad toma su forma más cruda en la que cualquiera puede creer lo que mejor se adapte a sus prejuicios y creerlo con toda la certeza de alguien que jura que eso es verdad.
Pero legislar la prohibición es apenas el primer paso. Detectar deepfakes exige peritajes forenses, análisis de metadatos, cooperación con plataformas y una autoridad con capacidades reales. El INE tendrá facultades para investigar autenticidad y requerir información, pero la eficacia dependerá de su infraestructura técnica y de la voluntad de las empresas digitales para colaborar.
Regular la mentira sintética exige más que buena voluntad, exige presupuesto, peritos, protocolos y profesionalización técnica que fácilmente puede caer en contratación de empresas especializadas y, por su puesto, más presupuesto.
Bots, la falsa ilusión de la multitud
El segundo eje apunta al corazón de la manipulación contemporánea: la fabricación de consensos. La prohibición del uso de bots para inflar tendencias o simular respaldo ciudadano intenta frenar el fenómeno del astroturfing, esa estrategia que crea la apariencia de apoyo masivo donde solo hay automatización coordinada.
Las redes automatizadas no votan, pero influyen. Es curioso que la oposición suele tener mucha presencia en redes pero al tratarse de elecciones, el escenario demuestra lo opuesto que se oferta en las burbujas de conversación de X. Realmente creo que los primeros damnificados por el uso de bots son los militantes de la oposición que cada mes guardan ilusiones extrañas como que Estados Unidos invade a México escaneando el espacio aéreo despejado, que una comitiva vendrá a salvarles después de sus viajes a Washington rogando intervenciones o que todo el mundo es “marea rosa” y van a llenar el Zócalo como emulando las hazañas de López Obrador al construir el movimiento que hoy gobierna. Instalan narrativas, condicionan coberturas mediáticas y moldean percepciones. En un ecosistema donde lo “tendencia” se confunde con lo “relevante”, manipular algoritmos es manipular conversación pública. Son damnificados porque realmente creen que son millones pensando lo mismo, se sienten tan convencidos de que son tantos, que al llegar a Reforma y verlo semivacío no pueden hacer más que acusar autoritarismo o vallas o cualquier cosa.
La reforma permitiría al INE ordenar la suspensión de propaganda digital y requerir información a plataformas y responsables de campañas. Se trata de cerrar un vacío normativo que ya era obsoleto pues la legislación regula espectaculares y spots en radio y televisión, pero hasta ahora guardaba silencio frente a la automatización masiva en redes sociales.
El desafío será probatorio. ¿Cómo distinguir militancia digital orgánica de operación coordinada? ¿Dónde termina la estrategia legítima y empieza la manipulación ilícita? La respuesta no puede ser discrecional, debe atravesarse por transparencia y deberá apoyarse en evidencia técnica robusta para evitar que la fiscalización se convierta en censura.
Etiquetar para no engañar
El tercer eje —la obligación de identificar contenidos generados con IA— introduce una lógica de transparencia mínima: no se prohíbe toda utilización de Inteligencia Artificial, pero sí se exige que el electorado sepa cuándo está frente a un material automatizado. Que insisto, se trata del mínimo ético. Y digo el mínimo porque idealmente deberíamos de saber también qué tipo de información personal y datos de consumo se utilizan para que nos muestren la propaganda que veremos. Las nuevas tendencias de marketing digital son de neuro-marketing, con publicidad extremadamente personalizada que apela a darnos en los puntos precisos que nos interpelan e interesan o generan emotividad a partir de nuestro consumo previo. Esa recopilación de datos importa y puede ir desde la simple ubicación o localización geográfica hasta el contenido que vemos y el tiempo que tardamos viendo cada cosa.
Es una apuesta por la información contextual y obliga a la honestidad. En tiempos de microsegmentación extrema, donde cada votante recibe mensajes distintos diseñados con precisión quirúrgica, el etiquetado busca restituir un piso común de comprensión.
Sin embargo, etiquetar no neutraliza el poder persuasivo. Un video sintético puede ser igualmente influyente aunque esté marcado como tal. La transparencia es condición necesaria, pero no suficiente, para garantizar deliberación auténtica.
Fiscalizar con algoritmos
Paradójicamente, la misma tecnología que amenaza la equidad electoral se convierte en herramienta de vigilancia financiera. La propuesta prevé que el INE implemente sistemas de monitoreo con aprendizaje automático para analizar ingresos y gastos en tiempo real, cruzar bases de datos y generar alertas.
Aquí la innovación puede fortalecer la trazabilidad del dinero en campañas, uno de los talones de Aquiles del sistema electoral mexicano. La fiscalización ex post ha demostrado límites evidentes. Un esquema preventivo y continuo podría reducir la opacidad.
Pero también abre otra discusión: ¿qué controles existirán sobre los algoritmos que fiscalizan? Si vamos a confiar en sistemas automatizados para detectar irregularidades, debemos exigir criterios auditables, explicabilidad y garantías de debido proceso.
La regulación de la Inteligencia Artificial en materia electoral camina por una cuerda floja. De un lado, el riesgo de permitir que la contienda se convierta en un laboratorio de manipulación masiva. Del otro, la tentación de sobrerregular y restringir libertades bajo la bandera de la protección democrática.
La iniciativa reconoce una verdad ineludible y es el hecho de que la legislación electoral mexicana fue diseñada para un ecosistema analógico. La expansión de la IA generativa transformó la comunicación política a una velocidad que el derecho no anticipó. Ignorar ese cambio sería irresponsable.
La pregunta no es si debemos regular, sino cómo hacerlo sin asfixiar la libertad de expresión ni otorgar a la autoridad un poder desmedido sobre el discurso digital.
Si el Congreso aprueba la reforma, que seguramente lo hará sin cambios en esto, el nuevo marco redefinirá la actuación del INE en el entorno digital y establecerá obligaciones claras para partidos y candidaturas. Frente a los recortes presupuestales que vive el INE, hay muchas preguntas que se quedan abiertas pues realmente la tecnología y la fiscalización cuestan. Esto no resolverá todos los dilemas, pues ninguna ley lo hace, pero al menos reconocerá que la democracia del siglo XXI se libra también en el terreno de los algoritmos.
En el fondo, la discusión no trata sobre máquinas, sino sobre confianza. Una elección no es solo el conteo de votos sino es la creencia compartida de que competimos en condiciones justas y certeras. Si la tecnología puede fabricar voces, multitudes y realidades paralelas, esa confianza se vuelve frágil.
Regular la Inteligencia Artificial en elecciones es un intento por impedir que la mentira automatizada sustituya al debate público, es loable, urgente, serio. Al mismo tiempo, es una batalla decisiva frente a las propias redes sociales cuyo diseño está cargado de otros intereses y están haciendo tecnopolítica desde exponer o visibilizar mucho más cierta información por encima de otra.