¿Se imagina usted, apreciado lector, si lo que se ha revelado sobre Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, lo hubiera hecho Maru Campos u otro de oposición? ¿Puede usted imaginarse el nivel de las diatribas que se habrían proyectado sobre cualquier hombre o mujer que no fuera miembro de la autoproclamada 4T?
Como se sabe, según unos audios difundidos por El Universal (sí, seguramente obtenidos ilegalmente como aquellos que involucraron por asuntos menores a Lorenzo Córdova hace algunos años) Marina del Pilar ha estado en contacto con representantes de agencias federales estadounidenses con el propósito de colaborar, a cambio –se especula– de que el Departamento de Justicia no emita una orden de extradición en su contra como en el caso de Rubén Rocha.
La gobernadora ha estado desde el principio en el ojo de los señalamientos por presuntos lazos con el crimen organizado. Se recordará que fue la primera a quien le fue cancelada la visa; y sí que cobra relevancia pues se trata de una mandataria de un estado fronterizo. Podría especularse, de igual manera, su complicidad con el Cártel de Sinaloa en el tránsito de las drogas a través de su entidad hacia los Estados Unidos.
En el último audio, Marina del Pilar habría ofrecido “cooperar” con información obtenida en mesas de seguridad. ¿Se refiere la gobernadora a las mesas de seguridad nacional? Es probable. Esto sería, por donde se le mire, un más traslúcido caso de traición de la patria, y aún más grave que las acusaciones lanzadas contra Maru Campus.
¿Qué sabe Marina del Pilar sobre los lazos del morenismo con los carteles? ¿De dónde salió el dinero que le fue congelado en bancos estadounidenses? ¿Qué peces gordos podrían caer si la gobernadora estuviese cooperando como una suerte de testigo protegido? Al tiempo.
Mientras que en el caso de la panista se habría involucrado con agentes de la CIA en una operación lanzada contra un narcolaboratorio, la morenista habría cooperado con agentes extranjeros, sin autorización del gobierno federal, no para realizar una acción contra una banda del crimen organizado, sino para ganarse que el gobierno estadounidense reculara en su idea de buscar su extradición o proseguir con las investigaciones en su contra.
El caso de Marina del Pilar amenaza con ser una nueva pequeña bomba atómica que bien podría sacudir de nuevo a un régimen cuya credibilidad se cae a pedazos ante los ojos de una presidenta que solo mira sin actuar.