El 8 de octubre de 2026 se cumplieron seis años desde que Kenia Hernández Montalván fue detenida por segunda vez. Seis años en los que el calendario ha corrido para ella dentro de un penal del Estado de México, mientras en el discurso oficial se repite que en este país ya no se encarcela por motivos políticos. Su caso desmiente esa frase cada día que pasa.

Conviene recordar los hechos. En junio de 2020 fue detenida por supuesto robo con violencia y absuelta a los cinco días. Cuatro meses después volvieron por ella. Su abogado, Antonio Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, ha explicado que de dos denuncias del fuero común se pasó a una acusación federal por ataques a las vías generales de comunicación, justo cuando parecía inminente su salida. Las carpetas llegaron a sumar diez. Casi todas se han ido desechando, lo cual dice bastante de su solidez. Sin embargo, quedan amparos pendientes y una audiencia federal que no termina de llegar para liberarla. Es víctima de persecución.

Los relatores de la ONU ya expresaron su preocupación por el encarcelamiento, por las sentencias desproporcionadas y por la criminalización de su labor como abogada indígena. Organizaciones civiles tal como CIVICUS, han denunciado el caso denunciándolo como una persecución por su activismo. Hasta en el Senado se pidió su libertad. Todo eso ocurrió, y aun así ella sigue presa.

Kenia es abogada indígena, dirigente de Zapata Vive y del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos. Defendió a mujeres víctimas de violencia, acompañó el caso de un feminicidio, respaldó a los opositores a la presa La Parota y exigió la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En septiembre de 2019 pidió protección al Mecanismo Federal para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas por amenazas de muerte. Un año después estaba en prisión. El Estado la tenía registrada como persona en riesgo, y ese riesgo terminó materializándose en una celda.

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Su historia personal ayuda a entender el origen de su causa. Trabajó en la Auditoría General del Estado de Guerrero y fue testigo de actos de corrupción. Después, un conductor ebrio, sobrino del director de Tránsito de Ometepec, chocó a su familia, y se quiso alterar el peritaje para culparlos a ellos. Su hermana, gravemente herida, fue atendida en el hospital de Papagayo solo después de que le pidieron 50 mil pesos a la familia. Kenia encaró al entonces secretario de Salud estatal, Lázaro Mazón Alonso, y entonces la atendieron. Su hermana murió. Esa cadena de abusos le enseñó lo que significa ser una persona sin influencias frente a quienes sí las tienen.

Guerrero ha sido históricamente un territorio de organización social frente a decisiones autoritarias, y también de detenciones y asesinatos de quienes se organizan. La escalada más visible ocurrió durante el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, en particular en 2013. Que una abogada de esa tradición esté presa en 2026, bajo un gobierno que se dice distinto, obliga a preguntar qué cambió realmente.

Su paso por la cárcel tampoco ha sido menor. Pasó tres años en el penal de máxima seguridad de Morelos, al que ella llama “penal de la muerte” por los casos de mujeres que se han quitado la vida en aislamiento. Sobrevivió gracias a la tierra, al ejercicio y a las tradiciones que aprendió de niña. Junto con sus compañeras consiguió un pabellón para mujeres indígenas donde se les permitió sembrar un pedazo de tierra. Ya en Neza-Sur impulsó un proyecto de huaraches de chaquira con 27 reclusas que se nombran Tejedoras en Libertad. Creo que su rebeldía es casi insolente con en esa decisión de producir y organizar desde adentro, sin aceptar que el encierro la borre. Ha demostrado mil veces que es falso lo que acusan en su contra, la supuesta violencia y amenaza.

Ella misma ha insistido en que su caso no quede en el olvido, porque el silencio sería regalarles la victoria a quienes la acusaron. Tiene razón. Cada año que pasa sin resolución es un mensaje para otras defensoras, sobre todo las que no tienen reflectores, de que organizarse puede costar la libertad y que el sistema sabe fabricar delitos con una eficiencia que no aplica para investigar a los poderosos.

Eso lleva a la presidenta Claudia Sheinbaum. Su gobierno ha hecho del discurso de justicia para los de abajo una bandera. Kenia Hernández es la prueba más concreta de que esa bandera aún no llega a todas partes. Una detención considerada válida por el antiguo Poder Judicial en pleno momento de protesta campesina, y una nueva aprehensión a los pocos minutos de la primera liberación, merecen ser revisadas con seriedad y sin más dilaciones. Su abogado confía en que este año recupere la libertad. Habría que exigir que esa confianza deje de ser una esperanza y se convierta en una resolución judicial.

Seis años son demasiados para una mujer cuyo principal delito documentado es haber defendido a quienes la ley no suele proteger. Los amparos pendientes y la audiencia federal están sobre la mesa. Resolverlos es una decisión que depende de personas con nombre y cargo, pero también implica reconocer el lado político de la historia. Presidenta Sheinbaum: la prisión preventiva está en la columna vertebral del sometimiento en contra de inocentes. Libertad para Kenia Hernández.