En el marco de la controversia en torno a la reforma electoral que se viene, se ha cuestionado –de nuevo- la conveniencia de que el Instituto Nacional Electoral goce de autonomía constitucional.
Pablo Gómez, experredista cuya congruencia con su propio pasado en la izquierda democrática ha quedado en entredicho, ha señalado recientemente que, en la propuesta presidencial que será presentada en la Cámara de Diputados como órgano de origen, la autonomía del INE podría ser modificada o alterada en el texto constitucional.
El INE, resultado de la reforma electoral de la primera década del siglo XXI que buscaba recuperar el acervo jurídico del IFE, pero a la vez, fortalecer a las autoridades electorales frente a intromisiones de otros poderes, ha servido como garante de la alternancia en el poder en todos los órdenes del Estado
Derivado de su profesionalismo, el INE se convirtió en un referente nacional de la democracia electoral. Ha sido, a la vez, un orgullo de sus funcionarios, pues su estructura (consejerías, descentralización, servicio profesional e inclusión de participación ciudadana en el conteo de los votos), ha servido como modelo en algunas regiones del mundo.
La exigencia democrática de su autonomía constitucional no responde a una ocurrencia ni a un capricho de sus defensores. Por el contrario, echa raíces en la historia de México. Tras décadas de dominio del PRI como partido hegemónico, como resultado de la crisis política provocada por la elección de 1988 y como respuesta a una legítima demanda ciudadana, el legislador tomó la determinación de crear un instituto autónomo (IFE) que permaneciese libre de las interferencias de los partidos políticos y, sobre todo, del gobierno en turno.
La autonomía del INE ha hecho posible que los mexicanos crean en la democracia electoral, y que las transferencias de poder a nivel federal y local hayan tenido lugar en relativa paz. Con excepción de la pasada reforma judicial, misma que brilló por sus irregularidades y corruptelas, todas las elecciones federales bajo la égida del INE han sido exitosas.
El oficialismo saldrá a justificar la eliminación de su autonomía con el argumento peregrino de que en otras democracias no existen autoridades electorales autónomas, sino que dependen de los ministerios del interior. Lo que no dirán, empero, es que esos países no vivieron durante décadas un autoritarismo de partido caracterizado por la compra de voluntades mediante arreglos corporativos, alianzas sindicales, corrupción y el impedimento de que todas las voces políticas se expresasen bajo igualdad de condiciones.
Si bien, no se conocen aún los detalles de la reforma electoral, puede anticiparse que, al igual que la judicial, será un nuevo paso hacia el desmantelamiento de la democracia y la cimentación de las condiciones para que Morena y el oficialismo, a pesar de perder eventualmente el apoyo popular, no dejen jamás el poder.