La violencia y crueldad extrema que ejercen algunos gobiernos es síntoma inequívoco de un sistema político intentando sobrevivir ante el inevitable declive de la élite gobernante, es cuando la fuerza deja de ser un recurso de última instancia y se convierte en la estrategia cotidiana de gobierno. Un gobierno que reprime a su población no es un gobierno fuerte; es un gobierno profundamente asustado, dejando de lado la legitimidad que otorga el consenso y la aceptación ciudadana, y en cambio abraza con desesperación la coacción, el uso de la fuerza como forma de imponer su autoridad.

Cuando los aparatos de inteligencia y los cuerpos policiales ya no buscan proteger al ciudadano, sino blindar al gobernante, para mantener el estado de sitio se vuelve el empleo de algunos burócratas que necesitan el conflicto para justificar sus presupuestos, sus rangos y su propia existencia.

¿Recuerdan la represión a los artesanos en octubre de 2024 en el Municipio de Querétaro? De este hecho hay una imagen que resume el miedo y la violencia exacerbada, policías y perros atacando a la gente que juraron cuidar.

Ahora, con las celebraciones después de los juegos de la Selección Nacional Mexicana, un elemento de la SSPMQ agredió por la espalda a un joven aficionado dejándolo noqueado. Y no, no fue un error o una coincidencia, es el producto del adoctrinamiento al que son sujetos los servidores públicos, les han enseñado que al pueblo no se le sirve, se le odia; pero construye una narrativa que justifique donde los manifestantes ya no son ciudadanos pidiendo agua, seguridad, alimento, calles en buen estado o limpieza, sino que se transforman en desestabilizadores, enemigos del estado, agitadores, así que la represión se disfraza de pacificación y el silencio forzado se vende como estabilidad.

Aquí un repaso sobre algunos hechos de violencia en Querétaro derivados de la intolerancia gubernamental ante peticiones legítimas de la sociedad:

Las columnas más leídas de hoy

10 de junio de 2022, activistas, académicos y habitantes del Municipio de Amealco se manifestaron afuera de las oficinas de la CEA contra la aprobación de la Ley de Aguas de Querétaro, argumentando que abría la puerta a la privatización del servicio público de distribución, como respuesta el gobierno envió elementos antimotines de la policía estatal la cual realizó detenciones arbitrarias y agresiones contra adultos mayores y jóvenes, lo que desencadenó la condena de colectivos de derechos humanos nacionales.

13 de junio de 2023, en la comunidad de Escolásticas, los pobladores defendían el manantial comunitario “Los Sabinos” frente al intento de despojo y privatización por parte de un empresario, nuevamente el gobierno respondió con violencia, organizaciones internacionales como Front Line Defenders y el Centro Prodh alertaron sobre la brutalidad policial, la tortura física y la posterior coacción del Estado, que obligó a varios detenidos a firmar acuerdos renunciando a denunciar los abusos a cambio de su libertad provisional.

5 de marzo de 2022, aunque no fue una represión dirigida por el Estado contra una movilización política, la tragedia que sucedió durante el partido Querétaro vs. Atlas evidenció las fallas estructurales y la violencia institucional por omisión. La ausencia y descoordinación de elementos de seguridad pública del estado y la colusión de la seguridad privada permitieron una batalla campal brutal dentro del recinto que dejó 26 heridos graves.

Pero esto no es nuevo, hay una larga lista de actos represivos institucionales por parte del PRIAN en contra de la sociedad. Aquí algunos de los más emblemáticos:

  • Tlatelolco (Díaz Ordaz).
  • El Halconazo (Echeverría).
  • Aguas Blancas y Acteal (Zedillo).
  • Desalojo violento de los mineros de la siderúrgica SICARTSA en Michoacán y la Represión en San Salvador Atenco (Fox).
  • Con Calderón, la violencia llegó a puntos críticos, dos estudiantes del Tec de Monterrey fueron asesinados por elementos de las fuerzas del orden dentro del campus, brutal represión contra los trabajadores de LyFC; la guerra contra el narco que dejó 122 mil homicidios, fue el periodo donde la violencia escaló de forma más drástica e inédita, con un incremento cercano al 200 por ciento.
  • Con Peña las cosas empeoraron, represión a manifestantes en la toma de protesta de EPN; la PFP asesinó a 15 personas en Michoacán; 43 normalistas de Ayotzinapa; en Tanhuato un operativo de la PFP resultó en la muerte de 42 civiles y un policía, la CNDH demostró que 22 personas fueron ejecutadas de manera extrajudicial, algunas por la espalda o mientras estaban sometidas.

Durante las protestas de la CNTE contra la reforma educativa, la PFP desalojó un bloqueo carretero utilizando armas de fuego de alto calibre, lo que dejó un saldo de ocho civiles muertos y más de un centenar de heridos de bala, confirmando el uso de fuerza letal como primera opción frente a la protesta civil.

Bajo este esquema, el gobierno se vuelve adicto a su propia droga, cada protesta exige más violencia, cada escalamiento de violencia genera mayor indignación, y el gobernante queda atrapado en un bucle donde bajar la guardia significa su colapso total, ahora el PRIAN es el que tiene miedo.