La existencia de organizaciones no gubernamentales es una constante, ya que en algunos casos las administraciones públicas carecen de experiencia, recursos humanos y económicos para desarrollar ciertas actividades de la función pública. Estas organizaciones, especializadas en diversos frentes como derechos humanos, ambientales o animales, deberían tener garantía en sus actividades por el Estado mexicano. Algunas organizaciones se han consolidado con el tiempo y se han convertido en organismos reconocidos, como el caso de Artículo 19, especializada en defender la libertad de prensa o la actividad periodística. Esta organización internacional tiene una oficina en México y recibe subsidios de fundaciones, empresas y gobiernos para llevar a cabo sus actividades a favor de una sociedad más equitativa.

La mayoría de estas organizaciones (mejor conocidas con las siglas ONG) no cuentan con personal remunerado; algunas otras mantienen plantillas modestas de profesionales como abogados, psicólogos, contadores y gestores de recursos. Estas personas especializadas aportan su conocimiento y experiencia para defender diversas causas. Pero hay que resaltar que el surgimiento de una ONG marca una línea que separa la actividad gubernamental de la actividad social organizada, ayudando al Estado a realizar labores que deberían ser propias del gobierno, por ejemplo, los diversos grupos de “madres buscadoras”.

Otro ejemplo claro de la importancia de estas organizaciones es su papel en situaciones de emergencia, como en el caso de los sismos de 1985 en México. La sociedad se organizó de manera efectiva a través de equipos no especializados, como “Los Topos”, quienes fueron apoyados por grupos como la Cruz Roja Mexicana o la Asociación de Scouts de México, para realizar labores de rescate y salvamento de personas en edificios colapsados. Estas acciones demuestran cómo la sociedad organizada puede complementar y, en algunos casos, suplir algunas funciones del Estado en momentos críticos.

Por este motivo, es relevante la reciente intervención de misioneros de la Iglesia Católica en zonas afectadas por la violencia en Guerrero, Michoacán y el Estado de México. Los representantes de la iglesia han contribuido para frenar la violencia y buscar soluciones pacíficas entre los grupos delictivos que operan en estas regiones del país. Aunque estas acciones son loables, es de vital importancia que el Estado mexicano, a través de la Secretaría de Gobernación, de Luisa María Alcalde, y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de Rosa Icela Rodríguez, tome nota y refuercen su presencia en dichas zonas para garantizar una paz duradera y evitar que la situación se salga de control.

Las ONGs desempeñan un papel fundamental en la sociedad mexicana, complementando las labores del gobierno y defendiendo los derechos de los ciudadanos. Su labor voluntaria y comprometida contribuye al desarrollo y bienestar de la sociedad, pero es responsabilidad del Estado mexicano fortalecer su presencia y garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.

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X: @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017