La presidenta Claudia Sheinbaum y los voceros del obradorismo han repetido insistentemente que ellos defienden la soberanía nacional contra la “injerencia” de los Estados Unidos. En relación con el caso de Rubén Rocha Moya han mantenido la postura de que es Washington, y muy en particular, el presidente Donald Trump, quien ha iniciado una nueva operación dirigida a “inmiscuirse” ilegalmente en los asuntos internos de México.
Mienten o tergiversan a su favor una realidad con el objetivo de crear eslóganes propagandísticos, o bien, para esconder razonamientos políticos detrás de argumentos jurídicos.
Las acusaciones lanzadas desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos se enmarcan en acciones contenidas y previstas en el Tratado de Extradición suscrito por ambos países en 1979. Entre otras disposiciones, el documento contempla que alguno de los dos signatarios podrá solicitar la extradición de un criminal, cumpliendo una serie de requisitos tales como la obligatoriedad de que el crimen se encuentre tipificado en ambos sistemas penales, y una vez que las debidas investigaciones han tenido lugar en el país que ha sido objeto del requerimiento.
De igual manera, el Tratado contempla que el gobierno federal, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum, podrá negarse a cumplir con el proceso de extradición si decide que, a través del derecho mexicano, decide investigarse al individuo sujeto de los señalamientos.
Estados Unidos, en un legítimo ejercicio de su derecho interno, ha solicitado el envío de unos presuntos narcotraficantes con el propósito de que sean juzgados en ese país bajo el derecho penal estadounidense. Lo ha hecho –se estima- ante la inacción del Estado mexicano a pesar de las múltiples evidencias públicas, presentadas ante la Organización de Estados Americanos y la opinión pública, en torno a la activa participación del Cártel de Sinaloa en las elecciones estatales en ese estado en 2021, amén de la complicidad entre las autoridades locales y la organización criminal en la producción y comercialización de las drogas.
El gobierno estadounidense, a través del Departamento de Justicia, no ha actuado en el caso de Rocha con un propósito injerencista, sino en el ejercicio legítimo de defensa de sus intereses ante el incremento masivo del transporte ilegal de drogas desde México, al amparo del citado acuerdo de extradición suscrito por ambas partes.
Sin embargo, ante la inacción de Sheinbaum, y si la propia jefa del Estado mexicano opta por negar la extradición de Rocha, o alargar el proceso, o simplemente desechar cualquier acción creíble de procesarle en México, el presidente Trump bien podría lanzar acciones que sí constituirían en sí mismas operaciones injerencistas y violatorias del derecho internacional, tales como el posible envío de drones o actividades en tierra para la captura de los políticos mexicanos ligados al narcotráfico.
En suma, hasta el momento Estados Unidos no ha violado la soberanía mexicana en el caso del gobernador de Sinaloa. Los obradoristas lo niegan. Mienten. Sin embargo, ante medidas desesperadas, y si no se ven satisfechos los objetivos de Washington, el panorama podría ser bien distinto.