Cada vez que la sociedad se escandaliza ante la cifra de embarazos infantiles y adolescentes, asoma una profunda hipocresía colectiva. Hablamos de esos números como si fueran el resultado de decisiones individuales, cuando en realidad son el reflejo de un fracaso institucional y cultural. La región comparte el mismo drama silencioso, niñas obligadas a tener bebés, obligadas a ser madres cuando ni siquiera han dejado de ser niñas.

La frase Niñas, no madres no debería ser una consigna de protesta, tendría que ser una obviedad biológica y social. Un cuerpo de una niña, de una adolescente, no está listo para albergar otra vida, ni psicológica ni físicamente.

Al obligar a una menor a asumir la maternidad, le estamos firmando una sentencia de aislamiento. La sacamos de las aulas, truncamos su proyecto de vida y la condenamos a la dependencia económica.

Detrás de la gran mayoría de estos casos no hay romance ni descuidos, hay delitos atroces que permanecen impunes. El sistema judicial no puede seguir siendo blando ni condescendiente. Detener esta tragedia exige la implementación urgente de penas severas, implacables y ejemplares para quienes abusen de una niña o adolescente. El castigo penal debe ser tan contundente como el daño irreparable que causan, porque la complicidad del silencio judicial también destruye vidas.

El verdadero problema es que seguimos combatiendo esta crisis con moralismos en lugar de justicia y ciencia. Quienes se oponen a la Educación Sexual Integral bajo el argumento de que “incita” a las y los adolescentes, terminan siendo cómplices de la desinformación. Negarles información en la adolescencia no frena la sexualidad, solo la vuelve peligrosa y clandestina. La prevención no pervierte, la prevención protege.

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Erradicar esta problemática es una urgencia que no admite más debates de café ni promesas de campaña. Se necesitan leyes punitivas estrictas, políticas públicas reales y la voluntad política de entender que esto es una emergencia de derechos humanos.

Mientras el Estado y la sociedad sigan mirando hacia otro lado, seguiremos robándole el futuro a quienes deberíamos cuidar.

Juntas y juntos impulsemos un futuro donde ninguna infancia ni adolescencia sea vulnerada, donde la justicia castigue con fuerza al agresor y la prevención sea el escudo que devuelva a nuestras niñas y adolescentes el derecho a ser libres, a estudiar, a vivir sin miedo y sin una responsabilidad que todavía no les corresponde.

Jennifer Islas. Política y conferencista.

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