La aprobación de la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para impedir que personas vinculadas al crimen organizado accedan a candidaturas representa uno de los avances más importantes en materia electoral y de seguridad pública de los últimos años.
No se trata simplemente de una reforma electoral.
Se trata de defender al Estado mexicano.
Durante décadas, la delincuencia organizada entendió que la forma más eficaz de controlar un territorio no era enfrentando al gobierno, sino infiltrándose en él. No necesita destruir las instituciones cuando puede capturarlas desde dentro. No necesita desafiar al Estado cuando puede convertirse en parte del Estado.
Por eso la propuesta de la presidenta merece el más amplio reconocimiento. Parte de una realidad que durante mucho tiempo muchas personas prefirieron ignorar: el crimen organizado no solamente disputa rutas de trasiego, territorios o mercados ilegales. También pretende disputar estados, alcaldías, congresos locales, fiscalías, corporaciones policiacas y espacios de poder.
Y cuando logra infiltrarse en las boletas electorales, el daño para una comunidad puede durar muchos años.
La preocupación no es nueva
Hace quince años, en Chiapas, intentamos construir un mecanismo preventivo para impedir precisamente ese riesgo.
El antecedente de Chiapas
En 2011 instruí al entonces Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Carlos Castellanos, a desarrollar una propuesta para fortalecer los requisitos de elegibilidad de quienes aspiraban a cargos de elección popular.
La pregunta era simple: si policías, ministerios públicos y mandos de seguridad debían acreditar controles de confianza para proteger a la sociedad, ¿por qué no exigir estándares similares a quienes pretendían gobernarla?
No era una ocurrencia teórica. Durante mi gobierno impulsamos la creación del Centro Estatal de Control de Confianza de Chiapas, encabezado por un servidor público ejemplar, don Pedro López Ayanegui, cuya reciente partida lamentamos profundamente.
A partir de ese esfuerzo se aplicaron evaluaciones de control de confianza a mandos de seguridad y funcionarios con responsabilidades sensibles. Mi propio gabinete se sometió a esas evaluaciones.
Por ello, consideramos que ese mismo principio debía extenderse a quienes aspiraban a gobernar mediante el voto popular.
La propuesta establecía que todas las personas aspirantes, desde una regiduría hasta la gubernatura del estado, debían acreditar evaluaciones psicológicas, toxicológicas y poligráficas antes de solicitar su registro.
Para darle mayor viabilidad política y jurídica, la iniciativa fue presentada el 1 de julio de 2011.
Posteriormente fue aprobada por amplia mayoría y publicada como Decreto Número 011 en el Periódico Oficial número 338 del Estado de Chiapas el 24 de noviembre de 2011. El único partido que votó en contra fue el Partido del Trabajo.
La intención era clara: evitar que personas vinculadas a organizaciones criminales o actividades ilícitas pudieran llegar al poder mediante las urnas.
La impugnación
La reforma no tardó en generar resistencias.
El 23 de diciembre de 2011, la Procuraduría General de la República promovió la Acción de Inconstitucionalidad 36/2011 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El 20 de febrero de 2012, la Suprema Corte invalidó la reforma por consideraciones relacionadas con el derecho a ser votado, la certeza jurídica y la autonomía electoral.
Los argumentos jurídicos pueden discutirse desde distintas perspectivas. Lo que resulta más difícil de debatir son los hechos que vinieron después.
Durante los años siguientes, la infiltración del crimen organizado en la política dejó de ser una preocupación teórica para convertirse en una realidad documentada en distintas regiones del país.
Quince años después
Lo que en 2011 parecía una preocupación remota se convirtió en uno de los principales desafíos para la democracia mexicana.
La infiltración criminal dejó de ser una excepción para transformarse en una amenaza estructural.
En muchas regiones del país, las organizaciones delictivas comprendieron que controlar una presidencia municipal puede ser más útil que controlar una plaza; que influir en una elección puede resultar más rentable que enfrentar a las fuerzas de seguridad; y que un funcionario cooptado puede generar más beneficios que un ejército de sicarios.
Por eso, la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum resulta tan relevante.
Porque reconoce una realidad que ya no admite simulaciones.
Porque entiende que la democracia no puede limitarse a organizar elecciones; también debe garantizar que quienes participan en ellas no estén al servicio de intereses criminales.
Una oportunidad histórica
La reforma impulsada por la presidenta abre una oportunidad histórica para fortalecer los mecanismos de prevención.
La investigación de antecedentes, la colaboración con fiscalías y áreas de inteligencia, y la revisión de perfiles de quienes aspiran a gobernar son pasos en la dirección correcta.
La experiencia de Chiapas deja además una reflexión que podría enriquecer el debate de las leyes secundarias que habrán de desarrollarse a partir de esta reforma.
No me refiero a sustituir las investigaciones ministeriales ni el trabajo de las fiscalías. Me refiero a complementarlos.
Las organizaciones criminales muchas veces logran mantenerse durante años fuera de los expedientes judiciales. No siempre existen denuncias. No siempre existen carpetas de investigación. No siempre existen sentencias.
Por ello, vale la pena respaldar la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y analizar si mecanismos de control de confianza, como los que intentamos establecer en Chiapas en 2011, podrían contribuir a fortalecer los filtros preventivos del sistema democrático mexicano.
Asimismo, los partidos políticos tienen una responsabilidad inmediata. A partir de hoy y durante los próximos meses deberán designar coordinaciones estatales, distritales, municipales y diversos cuadros de dirección política. Sería un error pensar que la infiltración criminal únicamente representa un riesgo en las candidaturas.
La construcción de estructuras partidistas también exige perfiles íntegros, confiables y comprometidos con la legalidad.
La lucha contra la infiltración del crimen organizado no comienza el día del registro de las candidaturas. Comienza mucho antes, desde la integración de los equipos políticos que eventualmente habrán de competir por los cargos públicos.
Porque la democracia debe garantizar el derecho de la ciudadanía a votar y ser votada.
Pero también debe garantizar algo igualmente importante: el derecho de la nación a no permitir que los distintos órdenes de gobierno sean infiltrados por organizaciones criminales, que es precisamente el propósito que inspira la iniciativa de la presidenta de México.
Quince años después, México vuelve al mismo punto de partida. La diferencia es que ahora nadie puede decir que el riesgo era imaginario.
Por eso, celebramos y respaldamos la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Porque más allá de partidos o coyunturas, el objetivo debe ser el mismo: que ni un solo criminal encuentre en una boleta electoral la puerta de entrada al poder.