Cámara México se encamina a una elección en 2027 en la que discutiremos partidos, candidatos, encuestas, alianzas y estrategias. Pero detrás de toda esa competencia existe una amenaza mucho más seria que debería preocuparnos a todos: que el crimen organizado no se conforme con influir en los gobiernos, sino que decida directamente quiénes serán los gobiernos.
Las llamadas “narcocandidaturas” pueden convertirse en uno de los grandes temas de la elección de 2027. Y no estamos hablando de una fantasía. Por primera vez, el Instituto Nacional Electoral contará con una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas y deberá coordinarse con autoridades de seguridad, procuración de justicia e inteligencia financiera para detectar posibles riesgos de vínculos entre aspirantes y organizaciones criminales.
La intención es correcta. El problema está en el diseño. Los partidos podrán presentar voluntariamente los nombres de sus aspirantes para que sean consultados ante las instituciones correspondientes. La información será analizada y se determinará si existe o no un “riesgo razonable”.
¿Y qué sucede si existe? Aquí viene lo verdaderamente preocupante: la decisión de registrar o no al candidato seguirá siendo del partido político. Es decir, el Estado puede advertirle a un partido que existen elementos de riesgo alrededor de determinado aspirante y, aun así, la responsabilidad política de mantenerlo o retirarlo recaerá en esa organización. Ahí está la primera gran debilidad del mecanismo.
Durante muchos años imaginamos la relación entre política y narcotráfico de una manera relativamente sencilla: primero llegaba el político al gobierno y después aparecía el criminal para comprarlo, amenazarlo o corromperlo. Ese modelo ha cambiado.
Para una organización criminal resulta mucho más eficiente participar desde antes. No comprar al alcalde. Ayudar a fabricar al alcalde. No corromper al diputado después de la elección. Contribuir a que llegue al Congreso. No negociar posteriormente con un jefe policiaco. Influir desde el principio en quién habrá de nombrarlo. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia completamente la naturaleza del problema. Porque cuando el crimen organizado logra participar en la construcción de una candidatura deja de ser solamente un poder ilegal que corrompe al Estado desde afuera. Comienza a formar parte del proceso mediante el cual se integra el propio Estado.
El mayor riesgo probablemente no se encuentre en las candidaturas presidenciales ni en las grandes figuras nacionales. Está en los municipios. México tiene miles de comunidades donde las organizaciones criminales conocen perfectamente quién quiere ser alcalde, quién controla determinada región, quién tiene posibilidades electorales y quién necesita dinero para una campaña. En muchos lugares conocen el territorio mejor que los propios partidos políticos.
Y una campaña municipal puede ser relativamente barata. Financiar vehículos, propaganda, operadores, movilización electoral o estructuras territoriales puede representar una inversión mínima para una organización criminal frente al enorme beneficio que significa controlar posteriormente una presidencia municipal. Porque un alcalde controla o influye en policías municipales, permisos, obra pública, información territorial, comercio, tránsito y numerosas decisiones administrativas.
Pero existe algo todavía más valioso: información. Saber cuándo llegará un operativo. Quién está investigando. Qué policías colaboran con otras autoridades. Dónde están colocadas determinadas cámaras. Qué sucede dentro del gobierno. Para una organización criminal, tener influencia sobre un municipio puede valer muchísimo más que cualquier cargamento.
Existe además una segunda frontera que debemos vigilar: el financiamiento electoral. El narcotráfico no necesita colocar públicamente millones de pesos en la cuenta bancaria de un candidato. Eso sería demasiado sencillo de detectar.
El dinero ilegal puede entrar mediante empresarios, proveedores, operadores territoriales, vehículos, espectaculares, eventos pagados por terceros, estructuras digitales o gastos que simplemente nunca aparecen en la contabilidad oficial. Por eso será indispensable cruzar información.
El INE fiscaliza campañas. La Unidad de Inteligencia Financiera sigue operaciones financieras. Las instituciones bancarias conocen movimientos. Las fiscalías poseen investigaciones. Las instituciones de inteligencia y seguridad cuentan con información que muchas veces no llega al ámbito electoral.
El reto consiste en lograr que esas piezas puedan dialogar sin convertir, al mismo tiempo, la información de inteligencia en un arma política contra adversarios. Ese equilibrio será dificilísimo. Aquí debemos colocar otro límite. Combatir las narcocandidaturas no significa permitir que el gobierno pueda eliminar candidatos incómodos mediante una simple sospecha. México tampoco puede sustituir el principio de presunción de inocencia por expedientes secretos. Sería peligrosísimo.
Imaginemos que días antes del registro de candidatos una institución gubernamental señala que determinado aspirante representa un “riesgo razonable”. ¿Con base en qué? ¿Una investigación? ¿Una denuncia anónima? ¿Una transferencia bancaria? ¿Una fotografía? ¿Un reporte de inteligencia? ¿Un enemigo político?
El combate a la infiltración criminal debe ser extraordinariamente firme, pero también extraordinariamente cuidadoso. Porque tan grave sería permitir que un narcotraficante coloque candidatos como permitir que desde el poder se utilicen instituciones de seguridad para retirar adversarios de una elección.
Necesitamos filtros. Pero también necesitamos garantías. Y aquí llegamos al punto central. Ningún mecanismo funcionará si los partidos políticos no hacen primero su trabajo. Son ellos quienes conocen a sus aspirantes. Saben quién apareció repentinamente con dinero.
Quién financia estructuras que nadie puede explicar. Quién comenzó a recorrer municipios con recursos desproporcionados. Quién recibe apoyos extraños. Quién mantiene relaciones que todo el pueblo conoce aunque aparentemente nadie pueda demostrar. En la política local existen secretos que en realidad no son secretos.
Todos saben. Pero nadie dice. Y muchas veces nadie pregunta porque determinado personaje garantiza votos. Ahí comienza la responsabilidad. Un partido político no puede argumentar posteriormente que desconocía los antecedentes de alguien a quien convirtió en candidato. Quien entrega una candidatura entrega también una parte del Estado. 2027 será una prueba. La elección será enorme. Estarán en disputa poco más de 20 mil cargos federales y locales y el propio INE calcula que tendrá que fiscalizar decenas de miles de candidaturas.
Pretender que un grupo de funcionarios pueda investigar exhaustivamente la vida y las relaciones de cada aspirante sería ingenuo. Por eso el filtro institucional puede ayudar, pero jamás sustituirá la responsabilidad de los partidos.
Y aquí debería establecerse un compromiso político elemental: ningún partido debe postular a una persona cuando las instituciones competentes hayan identificado elementos serios que indiquen un posible vínculo con organizaciones criminales, sin antes esclarecerlos. PAN, PRI, Morena, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, PT o cualquier otra fuerza. No importa el color.
El narcotráfico no tiene ideología. Tiene intereses. Durante años México discutió si el crimen organizado controlaba determinadas rutas. Después comenzamos a preguntarnos si controlaba territorios.
Ahora debemos preguntarnos algo todavía más inquietante: Porque el día en que una organización criminal pueda decidir quién aparece en una boleta electoral ya no estaremos hablando solamente de un problema de seguridad pública. Estaremos hablando de un problema de democracia.
Y cuando un grupo criminal logra financiar, impulsar o imponer a quien posteriormente gobernará un municipio, la elección puede celebrarse normalmente. Habrá casillas. Habrá boletas. Habrá funcionarios electorales. Habrá conteo de votos. Incluso habrá ganador. Pero la democracia habrá perdido mucho antes de que se instale la primera casilla.
Ese es el verdadero desafío de 2027. No solamente descubrir quién puede ganar las elecciones. Sino asegurarnos de algo mucho más elemental: que quienes aparezcan en las boletas hayan llegado ahí por los ciudadanos y los partidos, y no porque alguien, desde la clandestinidad y con dinero o con armas, decidió previamente quién debía gobernarnos.