Durante tres horas, el jueves, el presidente de la Corte Internacional de Justicia, el japonés Yuji Iwasawa, fue desgranando en La Haya lo que los rohinyá de Birmania llevan años contando, los abusos y atrocidades contra civiles. Al final, declaró que Myanmar es responsable de genocidio. En la Corte fueron expuestos hechos registrados sobre la “violencia extrema” de su ejército contra esta comunidad mayoritariamente musulmana. Se trata de un acontecimiento histórico. Nunca antes el máximo órgano judicial de la ONU había declarado a un Estado autor de este crimen.
Empecemos por los hechos, porque la Corte lo hizo así. Los jueces describieron cómo los rohinyá del estado de Rakáin fueron objetivo de sucesivas “operaciones de limpieza racial” del ejército, tras décadas de violencia intercomunitaria, y estimaron en unos 10.000 los muertos. El tribunal dio por probados tres actos prohibidos por la Convención de 1948: matanzas, graves daños físicos o mentales (entre ellos, violencia sexual generalizada) y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. Se documentó además un proceso deliberado y organizado de destrucción de aldeas y cultivos rohinyá, sustituidos por bases de seguridad y por asentamientos de otros grupos étnicos. Esa geografía del borrado, más que cualquier cifra, es lo que da sentido a la palabra genocidio pues no se mata solo a personas, se elimina el lugar donde un pueblo podía seguir existiendo. Hace unos meses, Rita Segato explicaba un aspecto del femigenocidio que dentro de este tipo de situaciones, tiene como finalidad erradicar a las mujeres en razón de su capacidad reproductiva. O sea que para terminar con un grupo de personas, asesinar a sus mujeres o bien, esterilizarlas, es parte de la estrategia para que los suyos dejen de nacer.
El caso lo llevó ante la Corte un país diminuto, Gambia, que presentó la demanda en 2019 sin ser víctima directa, invocando que las obligaciones de la Convención interesan a todos los Estados parte. En 2022 los jueces rechazaron por unanimidad que Gambia no tuviera legitimidad para litigar. Entre medias, once Estados intervinieron en el procedimiento. Esa es la primera lección: la justicia internacional no necesita superpotencias para ponerse en marcha, solo un Estado dispuesto a creer que la ley es de todos.
¿Qué resolvió exactamente la Corte? Por nueve votos contra seis, que Myanmar cometió genocidio contra los rohinyá del norte de Rakáin, un grupo de unas 815.000 personas que constituía una parte sustancial del colectivo protegido. Por el mismo margen, la sentencia añade que Myanmar incumplió su obligación de prevenir el genocidio cometido por individuos que actuaron junto a sus fuerzas de seguridad. También halló incumplidos los deberes de castigar y de legislar. Ordenó reparaciones, incluido el retorno seguro de los desplazados, y dejó la compensación económica para más adelante. El fallo es definitivo, vinculante y sin apelación. Se dice que la Corte carece de facultades o dientes para hacer cumplir sus propias resoluciones, pues solamente la colaboración de la autoridad en el país cuestionado permite hacer cumplir sus determinaciones. Pero la condena está ahí.
En 2007, en el caso de Bosnia contra Serbia, la Corte sostuvo que un Estado solo puede ser declarado responsable de no haber prevenido un genocidio si ese genocidio llegó a cometerse. El profesor Tom Dannenbaum recordaba esta semana que eso contradecía el sentido común del derecho ya que la obligación de prevenir nace cuando existe un riesgo serio, no cuando ya hay fosas comunes. Ahora la Corte ha corregido el rumbo. Según el propio Dannenbaum, la responsabilidad por incumplir el deber de prevención ya no depende de que se declare que hubo genocidio. Parece un matiz de especialistas. En realidad, convierte la prevención en una obligación exigible y eso afecta a cualquier Estado con capacidad de influir sobre quien comete atrocidades, no solo a quien las comete.
Para medir lo histórico del fallo basta mirar los antecedentes. Hubo condenas por genocidio, pero siempre de individuos: el ruandés Jean-Paul Akayesu en 1998, el general serbobosnio Radislav Krstić por Srebrenica, los dirigentes jemeres rojos en 2018. Cuando la Corte de La Haya examinó la responsabilidad de Serbia en 2007, reconoció que en Srebrenica hubo genocidio pero absolvió al Estado de haberlo cometido, y le reprochó solo no haberlo evitado. En 2015, en el caso entre Croacia y Serbia, no apreció genocidio. Durante casi ochenta años, la Convención se aplicó a las personas y se mostró reticente con los Estados. Esta sentencia rompe esa inercia.
Sería deshonesto presentarla como un triunfo sin sombras. Seis jueces discreparon. Algunos juristas advierten de que, en la práctica, la Corte ha estrechado la distancia entre genocidio y limpieza étnica, y la prueba de la intención seguirá siendo materia de debate. Para que haya limpieza étnica debe construirse una argumentación acompañada de pruebas que permitan encontrar la intención de erradicar un grupo específico y que no se trata de ataques con daños colaterales sino de un objetivo particular en contra de aquellos.
El cumplimiento está lejos de garantizado, Myanmar ya ha rechazado el fallo, y el Consejo de Seguridad, donde el veto manda, es la vía para darle efecto. Una sentencia no devuelve aldeas ni muertos. A los sobrevivientes les ofrece algo más modesto y no menos necesario y es que el mundo, por fin, lo llame por su nombre. Esa “justicia” parece simbólica pero creo que debería ser orientadora de otros compromisos internacionales. Por ejemplo, que un país no pueda acceder a créditos del Fondo Monetario Internacional cuando ha recibido una condena de este nivel sin cumplir con la sentencia, que un país no pueda integrarse a la ONU o a las comisiones y sus organismos de gobierno interno en tanto que no cumpla con la reparación por las condenas que tenga.
La razón de fondo para defender este tribunal es que las tecnologías de guerra acercan ataques sofisticados contra grupos que estorban a países con poder bélico. Desde Estados Unidos se repite que el derecho internacional es papel mojado, quince jueces de países distintos han aplicado con rigor un tratado de 1948 a un Estado que negaba los hechos, y lo han hecho pese a las presiones. Que lo hicieran con una mayoría que incluye a juristas de Asia, África, América y Europa, entre ellos la jueza ad hoc Navi Pillay, Nobel de la Paz este año, desmiente que se trate de un asunto de Occidente contra el resto.
Esa independencia tiene un precio, que ya se ha empezado a cobrar. Washington ha sancionado ya a nueve de los dieciocho jueces de la Corte Penal Internacional, a sus fiscales adjuntos y a su presidenta, por investigaciones que afectan a Israel y a sus propios militares.
Crece el temor de que la próxima diana sea la Corte Internacional de Justicia, después de que un influyente grupo de análisis cercano a la Casa Blanca pronosticara sanciones si había una condena por genocidio. Que la reacción a una sentencia contra la Birmania de los generales sea preparar represalias contra los jueces dice mucho de quién teme a la ley.
Por eso este fallo no habla solo de Myanmar. Los Estados que hoy libran guerras y a quienes se acusa de golpear objetivos civiles, Estados Unidos y varios de sus aliados entre ellos, deberían leerlo con atención. No porque la sentencia los condene, que no lo hace, sino porque fija un estándar en el que los jueces pueden concluir la intención a partir de patrones de conducta, y la obligación de prevenir se activa antes de que sea tarde. Quien suministra armas, cobertura diplomática o inteligencia a un aliado debería saber que la excusa de “no sabíamos” resulta cada vez más difícil de sostener. Ninguna potencia está por encima de esa vara, aunque cada una lo discuta.
Hay razones para creer en el derecho internacional, y esta semana La Haya las ha dado. Es lento, imperfecto, y a veces es la única voz que se atreve a decir lo que ocurrió. Defenderlo en tiempos en que sus jueces son sancionados por hacer su trabajo, es hoy una de las pocas formas de defender a las víctimas de mañana. Es el rescate al humanismo, es decir que la vida vale, aún la de esos que son tan distintos y distantes a nosotros.


