En su resolución 54/134, aprobada el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y expresó su preocupación porque “la violencia contra la mujer constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz”. Esta reflexión conserva plena vigencia y plantea una responsabilidad fundamental para las instituciones públicas: garantizar que los principios de igualdad, dignidad y respeto que orientan su actuación frente a la sociedad también se expresen en su organización interna y en las oportunidades de desarrollo de quienes las integran.
La participación de las mujeres en la administración pública mexicana refleja avances importantes, pero también desafíos que debemos reconocer y atender. De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno Federal y el Censo Nacional de Gobiernos Estatales 2025, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en diciembre de 2025, al cierre de 2024 las mujeres representaban 52.1 % del personal de la Administración Pública Federal, pero ocupaban únicamente 25.0 % de las titularidades de sus instituciones. En las administraciones estatales constituían 56.4 % del personal y, considerando ambos órdenes de gobierno, 32.8 % de las titularidades.
Estas cifras invitan a una reflexión que trasciende la representación numérica. La presencia de las mujeres en el servicio público constituye un avance indispensable, pero no garantiza, por sí misma, condiciones equitativas para acceder a responsabilidades de dirección y toma de decisiones. Cerrar esta brecha exige identificar los factores que limitan las trayectorias profesionales y fortalecer mecanismos de ingreso, evaluación y promoción sustentados en el mérito, la transparencia y la igualdad de oportunidades.
En el ámbito municipal también encontramos elementos que requieren atención. El Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2025, difundido en marzo de 2026, señala que, durante 2024, las mujeres representaban 38.2 % del personal y ocupaban 34.7 % de las titularidades de las instituciones municipales. Estas diferencias confirman la necesidad de reconocer las particularidades de cada orden de gobierno y evitar soluciones uniformes frente a realidades institucionales distintas.
La igualdad sustantiva también demanda entornos laborales seguros y respetuosos. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 identificó que 20.8 % de las mujeres de 15 años y más que trabajaron experimentó violencia en el ámbito laboral entre octubre de 2020 y octubre de 2021. Aunque se trata de una medición del conjunto del mercado de trabajo y no exclusivamente del sector público, sus resultados subrayan la importancia de consolidar mecanismos eficaces de prevención, denuncia, investigación y atención. En este sentido, el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), vigente para México desde el 6 de julio de 2023, ofrece un referente fundamental para promover espacios de trabajo libres de violencia y acoso.
Frente a estos desafíos, es necesario comprender que la igualdad no se alcanza únicamente mediante disposiciones normativas o declaraciones de principios. Requiere instituciones capaces de transformar sus prácticas, reconocer el talento sin distinciones, eliminar obstáculos injustificados para el desarrollo profesional y evaluar de manera permanente sus resultados. Una administración pública verdaderamente profesional debe ofrecer condiciones para que las capacidades de las personas se desarrollen plenamente y para que el acceso a los espacios de decisión responda a criterios objetivos y equitativos.
Desde el Instituto Nacional de Administración Pública reconocemos que la profesionalización constituye una herramienta estratégica para avanzar en este propósito. Nuestra responsabilidad, desde el ámbito académico y de formación que nos corresponde, consiste en contribuir a la construcción de conocimiento, promover la reflexión crítica y fortalecer las capacidades institucionales para identificar y superar las desigualdades. La investigación aplicada, la formación de liderazgos, el intercambio de experiencias y la difusión de buenas prácticas pueden traducir los principios de igualdad en herramientas concretas de gestión pública.
Como presidente del INAP, reitero nuestro compromiso de seguir impulsando una cultura institucional sustentada en la igualdad sustantiva, el respeto a los derechos de las mujeres y el reconocimiento de sus capacidades y aportaciones al servicio público. Nos corresponde promover estos valores mediante nuestra labor académica y de profesionalización, pero también asumirlos en nuestros propios procesos y decisiones. Estamos convencidos de que contribuir a cerrar las brechas de género significa fortalecer a las instituciones y, con ello, su capacidad para servir mejor a la sociedad.
La conmemoración del 25 de noviembre debe ser, por tanto, una oportunidad para renovar compromisos y, sobre todo, traducirlos en acciones. La igualdad sustantiva no debe permanecer como una aspiración institucional: debe convertirse en una realidad verificable en las oportunidades, las condiciones laborales y las decisiones que definen el funcionamiento cotidiano de la administración pública.