Tras la declaración de inconstitucionalidad decidida por la Suprema Corte de Justicia, con la votación de ocho de sus once miembros, AMLO y sus huestes se llevaron un varapalo. No podrán, por ahora, consolidar su deseo de militarizar al país, o al menos, desde la esfera jurídica.

El miércoles pasado los gobernadores de Morena, en su costumbre de desplegar un comunicado por el cual denuncian cotidianamente una injusticia o una supuesta afrenta a la nación, a la vez que rinden loas al mesías tropical, enviaron un mensaje en el que reprueban la acción del Poder Judicial.

El texto, a la letra, lee: “De manera reprobable, la mayoría de los ministros faltaron a su deber al no analizar el proyecto jurídicamente sino políticamente… la modificación del Constituyente para que la Guardia Nacional esté adscrita a la Sedena no viola la constitución. La naturaleza civil o militar de una corporación se define por sus objetivos y entrenamiento, en el caso de la Guardia Nacional, se trata de una tarea civil. La intervención de la Sedena se limita a actividades de control y operación como una secretaria de Estado civil, cuyo jefe es el presidente de la República”

El desplegado recupera el argumento débil y carente de razonamientos jurídicos pertinentes expuesto por el ministro Saldívar, quien ha dado muestras, al igual que Loretta Ortiz y la plagiaria Yasmín Esquivel, de estar sometidos a los designios de la 4T y a las órdenes emanadas de Palacio Nacional. En su pobre razonamiento, arguyen que la Sedena, por tratarse de una dependencia bajo la autoridad del presidente, realiza funciones civiles. Nada más lejano de la realidad.

Como señalé en mi columna de ayer intitulada “Lecciones de derecho constitucional para principiantes” el artículo 21 de la Constitución, en su párrafo décimo, establece a la letra que la Guardia es carácter civil y que forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La intentona de Morena es pues, una burda violación de la letra constitucional. No se necesita en este caso, por tanto, ser un experto en derecho constitucional para dilucidar si un decreto o ley secundaria contraviene el texto de la Carta Magna.

AMLO, Morena y los gobernadores de la 4T reiteran lo que todos sabemos. Desprecian la ley, utilizan el argumento del respeto a la Constitución como mejor conviene a sus mezquinos intereses políticos, manipulan la verdad, engañan al pueblo de México, atacan al Poder Judicial y a cualquier autoridad que suponga un freno a las aspiraciones del caudillo, buscan destruir a la autoridad electoral, pretenden desmantelar a los organismos autónomos, y en suma, atentan abiertamente contra el marco constitucional y la convivencia de los mexicanos.